Desde hace varios años, la situación interna en Venezuela se ha convertido en tema de debate en la política colombiana. Comentó el profesor universitario, Mauricio Jaramillo Jassir
Las crisis binacionales desde la llegada de Hugo Chávez han sido frecuentes hasta el punto que, en determinadas coyunturas, se llegó a la ruptura de las relaciones o incluso asomó la posibilidad de un conflicto armado.
Así sucedió en marzo de 2008 ante el bombardeo al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano ordenado por el entonces gobierno de Álvaro Uribe.
La llegada de Chávez al poder en febrero de 1999 significó un cambió drástico, pues se activó una política exterior hacia Colombia para rechazar lo que Caracas entendía como una agudización del conflicto interno con efectos sobre el vecino.
El Plan Colombia negociado y ejecutado por Andrés Pastrana generó todo tipo de críticas en el entorno regional. Con Chávez, por primera vez, un gobierno venezolano se declaró neutral en el conflicto y, de forma expresa, se solicitó otorgar reconocimiento de beligerancia a las FARC, gestos que fueron interpretados en Colombia como hostiles, injerencistas y muestra de una sintonía ideológica con la entonces guerrilla.
Aun así, Colombia se mantuvo al margen de la política interna venezolana y solamente se involucró cuando el propio gobierno vecino así lo solicitó. Juan Manuel Santos y María Ángela Holguín cumplieron una labor intensa para activar mecanismos de diálogo entre el gobierno y la oposición cuando las protestas de 2014 y 2015 hacían presagiar un estado constante de parálisis y de violencia que condujo a la peor estagnación económica en la historia venezolano a partir de 2017.
Colombia fue clave en que se llevaran a cabo las ultimas elecciones (legislativas) que contaron con participación de la oposición en diciembre de 2015 y mantuvo la postura de que se debía preservar la negociación.
Cuando en abril de 2017 y de forma sorpresiva, Nicolás Maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, Santos protestó y retiró a su embajador, Ricardo Lozano. Asimismo, fue uno de los artífices del Grupo de Lima que buscaba hacer presión para que le fueran restituidos los derechos a una Asamblea Nacional (congreso) con mayoría disidente, pero cuyas funciones eran irrealizables al lado de la Constituyente oficialista.
La oposición jamás supo administrar la victoria de diciembre de 2015 obtenida en las urnas y procedió por todos los medios a la destitución de Maduro aduciendo “abandono del cargo” invocando torpemente el artículo 233 de la constitución. Todo lo anterior, sumado a una radicalización en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), condujo a un bloqueo en el que la población venezolana fue la principal víctima.
La llegada de gobiernos conservadores a la zona, entre ellos el de Iván Duque, impulsó la política de sanciones y de aislamiento comprobadamente fracasada en otros contextos como el de Cuba.
Con apoyo de Donald Trump, la región terminó apostando por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien por su juventud y trayectoria en el movimiento estudiantil parecía una buena ficha para la renovación.
El problema nunca estuvo en apoyar a Guaidó como líder la oposición, sino en transitar de la tesis de una facilitación entre las partes con buenos resultados, a la estrategia de la imposición.
Sin dimensionarlo o consultarlo en el seno de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Colombia abandonó décadas de respeto irrestricto por el principio de la no injerencia. Sin asomo de sonrojo, Duque sostenía públicamente que había que gestar un golpe en el vecino, invitado a los militares de ese país a sublevarse.
Una declaración de ese tipo no tiene antecedentes en la historia democrática de América Latina y el Caribe.
Paralelamente, Colombia apoyó las sanciones impuestas por Trump que golpearon a la economía venezolana y a los más vulnerables. Buena parte de esas sanciones son contrarias al derecho internacional y a pesar de los llamados de la relatora de Naciones Unidas, Alena Douhan, para su levantamiento en plena pandemia, Bogotá y Washington insistieron en mantenerlas con un altísimo costo humanitario.
Ningún gobierno conservador de la zona, salvo Sebastián Piñera, reparó en las señales del fracaso del cerco diplomático y en la debilidad de Guaidó.
Su legitimidad dentro de Venezuela empezó con niveles aceptables en febrero de 2019 cuando se le veía como figura de una posible transición, pero fue cayendo a medida que la falta de gestión y las acusaciones de corrupción eran frecuentes.
En 2021, el Washington Post publicó un informe en el que advertía sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos por parte del llamado interinato. Las sumas astronómicas alcanzaban los 40 mil millones de dólares en un país donde la escasez era común denominador.
Dicho de otro modo, a Guaidó le fue otorgado un poder desde el exterior, sin ningún contrapeso o mecanismo de rendición de cuentas.
En medio de un triste epílogo en el que casi todos los países se han distanciado de Guaidó, empezando por Estados Unidos, la oposición venezolana toma la tardía decisión de acabar con su interinato. Ahora apuesta por el diálogo en el que el levantamiento de sanciones depende de avances en esa negociación, con lo cual es posible que se gesten condiciones para una elección transparente en 2024.
A la oposición le quedan dos años para convencer a los venezolanos de que tiene capacidad de gestión, pues un segmento representativo de la población no olvida que mientras algunos de estos lideres estaban en el exilio en buenas condiciones, apoyaban sanciones económicas que exacerbaban las carestías internas.
La caída de Guaidó comprueba el fracaso de las medidas unilaterales e impuestas desde el exterior para impulsar transiciones democráticas. Aprendida la lección es hora de que la región apoye el diálogo y se sume para contribuir a un clima en que sean posible elecciones generales en 2024. Venezuela solo se puede salvar desde adentro.
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