Una corte de Florida en Estados Unidos declaró culpable a Claudia Patricia Díaz y su esposo Adrián Velásquez de haber recibido millonarios sobornos para brindarles acceso al sistema cambiario venezolano a otras personas.
Según la sentencia, Díaz habría recibido más de 100 millones de dólares en sobornos para beneficiar al polémico empresario venezolano Raúl Gorrin, debido a que Hugo Chávez introdujo un estricto control cambiario en 2003 y era complicado tener dólares en territorio venezolano.
Díaz, que dirigió el Tesoro Nacional de Venezuela entre 2011 y 2013, fue acusada, junto a su pareja, de participar en una amplia trama de corrupción, que pasó por las casas de cambio y permitió el desfalco de 2.400 millones de dólares, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
La trama de corrupción en la que supuestamente participó implica también a Alejandro Andrade Cedeño, que fue tesorero del Gobierno venezolano entre 2007 y 2010.
En 2018, Cedeño fue condenado en Estados Unidos a diez años de cárcel por corrupción y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares. El esquema de corrupción desviaba fondos a través de casas de cambio que, bajo la autoridad del Tesoro venezolano, cambiaban dólares por bolívares a una tasa superior a la oficial.
Otro funcionario del gobierno Chávez en problemas legales
Para el 10 de julio de 2023 quedó programado el juicio en contra del general venezolano Clíver Alcalá por delitos relacionados con el narcotráfico. Así lo estableció una Corte del Distrito Sur de los Estados Unidos que resolvió las peticiones presentadas por el oficial, uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez, en las que pedía rechazar todas las acusaciones.
El general Alcalá ya se declaró inocente ante los estrados judiciales. El escrito de acusación indica que él, junto a un grupo de oficiales venezolanos y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se juntaron con narcos colombianos para enviar 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En el análisis de este caso, la Corte Federal ya rechazó los argumentos dirigidos a recamar la inmunidad por su rango.
“No estamos lidiando aquí con actividad criminal ordinaria. Estamos lidiando con conducta criminal ordinaria a los niveles más altos del gobierno”, señaló el juez en marzo pasado. Los actos por los que fue acusado, y deberá enfrentar un juicio, por los actos deshonestos que cometió totalmente alejados de su cargo y rango dentro del Ejército.
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Clíver Antonio Alcalá Cordones, militar venezolano, y a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, en el caso contra Piedad Córdoba por la denominada farcpolítica. El despacho de la magistrada Lombana tiene la tesis de que posiblemente Clíver fue una especie de puente para Córdoba para gestionar negocios y obtener beneficios de la Comisión Nacional de Divisas.
Dichos montos habrían sido obtenidos, según la investigación, para enriquecer “ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar y, por otra parte, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que Piedad Córdoba obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia”.
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