La actual oposición venezolana se prepara para unas elecciones primarias en 2023 (fecha por definir) que buscarán escoger el nuevo candidato para enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
Pero, ¿a qué se debe esto?, ¿acaso el Gobierno interino de Juan Guaidó, no duraría hasta lograr “el cese de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres”? Pues este mantra que muchos venezolanos repetimos hasta el cansancio, nunca se concretó. Cabe resaltar que la figura del interinato se mantuvo firme gracias a cuatro (4) pilares fundamentales: Constitución, unidad de la oposición, apoyo popular del pueblo venezolano y acompañamiento internacional (más de 50 países lo respaldaron), impulsado, especialmente, por el Gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, dichos pilares comenzaron a desmoronarse hace casi tres (3) años, por lo que en este artículo resumiré el origen del Gobierno interino y las principales causas que lo llevaron al olvido e indirecto desconocimiento de la Comunidad Internacional.
Contexto histórico y jurídico (antes de convertirse en la pieza incómoda de la Comunidad Internacional)
En 2018, Nicolás Maduro fue designado Presidente de Venezuela ilegalmente, luego de unas elecciones convocadas y adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2017 (Embajada de los Estados Unidos en Chile, 2017), y donde no participó la tarjeta electoral de la oposición: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual, siempre ha estado al servicio del oficialismo, según los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre los que destacan Gustavo Tarre Briceño, Tulio Álvarez y José Vicente Haro (Proiuris, s.f.).
Por supuesto, este fraude electoral y sus resultados fueron desconocidos primordialmente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la OEA (Organización de Estados Americanos) y el Grupo de Lima, alegando la ruptura del orden democrático en Venezuela.
No obstante, países como Rusia, China, Turquía, Corea del Norte, Irán, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, expresaron su apoyo a los comicios.
Origen del Gobierno Interino
Por su parte, la figura de Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, fue producto de una batalla política nacional e internacional que comenzó con la Asamblea Nacional electa en 2016, con mayoría de diputados opositores, quienes desde el Parlamento, luchaban apoyados por del Grupo de Lima y la OEA para denunciar ante el mundo la criminalidad madurista.
Esta lucha política logró cosechar parte de sus frutos el 23 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó, en su posición como Presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como Presidente encargado de Venezuela, invocando una interpretación constitucional denominada Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2019), aprobado por la mayoría de diputados del Parlamento en un cabildo abierto de ciudadanos realizado en una calle de Caracas, y que contó con el apoyo de partidos políticos opositores a Maduro y movimientos estudiantiles universitarios y sindicales.
Casi automáticamente, las principales democracias de América y Europa, encabezadas por los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Reino Unido y Francia, se pronunciaron en respaldo al nuevo Presidente encargado y su Gobierno interino. Semanas después, contaría con el aval de países asiáticos como Japón, Corea del Sur e Israel, Australia en Oceanía, y Marruecos en África, llegando a ser reconocido internacionalmente por 59 países en total.
Sustento jurídico venezolano
Los artículos de la Carta Magna venezolana a los que se aferró la Asamblea Nacional para la creación del Estatuto de Transición que permitiría la legalidad del Gobierno interino, fueron:
Artículo 233
Expresa que la falta absoluta del Presidente por abandono y la revocación de su mandato debe ser declarada por la Asamblea Nacional. Producto de esto, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes en los que se encargará de la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento, era el diputado Juan Guaidó.
Artículo 333
Blinda la Constitución en caso de ser violada por cualquier otro medio distinto a ella, facultando a todo ciudadano investido o no de autoridad, con el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Un acto del que la oposición acusa a Maduro por cometer, con reiteradas oportunidades, violación a la Constitución en su Gobierno totalitario.
Artículo 350
Empodera a los venezolanos a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos. Acciones en las que, Nicolás Maduro, ha incurrido para mantenerse en el poder desde el año 2013.
Para algunos estudiosos del derecho constitucional venezolano, como el Doctor en Derecho, José Ignacio Hernández, la base legal que sustenta el Gobierno interino nunca fue aplicable, ya que existe un vacío jurídico en lo que respecta a “Qué hacer cuando no hay un Presidente electo” y “Cómo aplicar la falta absoluta por abandono para revocar su mandato”, argumentos jurídicos que, en teoría, se utilizaron contra Maduro en 2019 cuando fue juramentado ilegalmente como Presidente tras la farsa electoral desconocida por la Comunidad Internacional (Hernández G., 2019).
Evolución del Interinato
A pesar de este vacío jurídico, el apoyo de gran parte de los venezolanos, la unidad en la oposición, y el tremendo reconocimiento internacional y mediático, le permitieron a Guaidó liderar una presión internacional, económica y política, nunca antes vista.
Con ayuda, principalmente de la administración Trump en Washington y de la Unión Europea, Guaidó logró sanciones económicas en contra del madurismo, congelamiento de cuentas bancarias e incautación de propiedades a nombre de funcionarios del oficialismo adquiridas producto de la corrupción, fuera de acordar con varios países la no realización de intercambios comerciales con el tirano.
El Presidente encargado obtuvo el control de las filiales de la petrolera venezolana PDVSA, CITGO y Monómeros, que operan en EEUU y Colombia, respectivamente, además de dominar las cuentas financieras de Venezuela en el exterior y representar el litigio en la disputa sobre las reservas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra a nombre del Banco Central de Venezuela (BCV), logrando que el régimen quedara inhabilitado de utilizar el dinero y las reservas del país, valoradas en cientos de miles de millones de dólares (DW América Latina, 2022). Aunque, para mala noticia de los venezolanos, estos recursos difícilmente serán recuperados por un futuro Gobierno democrático, según la Presidente de la agrupación Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), María Alejandra Márquez (Goyret, 2021).
Aun así, durante más de un año, el Gobierno interino contó con el apoyo popular de los venezolanos, el respaldo de la unidad parlamentaria y partidista opositora, pero, sobre todo, tuvo un fuerte acompañamiento mediático y político internacional, que le permitieron ejecutar de forma muy austera proyectos como: 1) La ley de amnistía para los funcionarios policiales, militares y autoridades que ayudaran a restablecer el orden constitucional; 2) El “Plan País” para la atención de los más afectados por la pobreza; 3) El nombramiento de personal diplomático en varios países; y 4) Giras internacionales por Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos.
Sin embargo, aunque estos esfuerzos debilitaron al madurismo, no lograron cesar la usurpación, ni formar un Gobierno de transición, mucho menos celebrar unas elecciones libres. Los funcionarios de las fuerzas armadas no contribuyeron al derrocamiento del dictador a cambio de amnistía, y la Comunidad Internacional impulsada por la administración Trump no pudo intervenir militarmente para restablecer el orden constitucional.
Inicio del declive
La pandemia por el COVID-19, a inicios de 2020, fue determinante para comenzar a fracturar el liderazgo de Juan Guaidó y su apoyo internacional. Debido a esto, los países y organizaciones que meses atrás respaldaron su investidura, lógicamente colocaron su foco en atender la crisis sanitaria y se desvincularon sutilmente de la lucha política en Venezuela, a excepción de los EEUU.
Por su parte, el régimen de Maduro, apoderado de los medios de comunicación venezolanos, las fuerzas armadas y un apoyo internacional intacto de China, Rusia e Irán, pudo cerrar fronteras, restringir vuelos internacionales, y recibir buques de combustible y equipos médicos para enfrentar el coronavirus, logrando ganar un poco de liderazgo en la toma de decisiones, frente a un Guaidó que se desvanecía en el olvido mediático, mientras evidenciaba su reducida capacidad de acción.
Escándalos por corrupción y Elecciones de los EEUU
A dicha situación se le suman varios escándalos de corrupción, entre los que destacan:
- “El Cúcutazo” (Verzi Rangel, 2019), donde dos (2) delegados del Gobierno interino, Rossana Barrera y Kevin Rojas, fueron acusados de lucrarse con fondos destinados para la manutención de militares venezolanos que desertaron en medio de la crisis presidencial de 2019 y se refugiaron en la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia).
- El “Caso Monómeros” (Moleiro, 2022), que terminó de hundir a la oposición venezolana, debido a la malversación de cientos de miles de dólares por parte de sus directivos, quienes fueron escogidos por los principales representantes de los cuatro (4) partidos políticos que conforman el Gobierno interno y la MUD.
Además, el periodo constitucional de la Asamblea Nacional instalada en 2016, expiraría el 5 de enero de 2021. Y como cereza para adornar el pastel, la administración Trump en los EEUU, quien fue su aliada más fuerte e importante, perdería las Elecciones Presidenciales en noviembre de 2020 contra Joe Biden.
Pero a través de una consulta popular realizada a los venezolanos y una reforma realizada al estatuto en el que se sustenta legalmente la existencia del Gobierno interino, la Asamblea Nacional electa en 2016 logró darle continuidad a su mandato un (1) año más, argumentando la inexistencia de elecciones legales. Para ese punto, conseguir el apoyo del Presidente Joe Biden era fundamental para Guaidó, y lo obtuvo, aunque no con la misma frontalidad y firmeza que lo hizo Trump.
Con el mismo argumento constitucional, en enero de 2022, la Asamblea Nacional volvió a extender su mandato por un (1) año más, ratificando a Juan Guaidó para seguir actuando como Presidente encargado de la República, quedando, al mismo tiempo, corroborado por la administración Biden, con el objetivo de contener el Gobierno de facto de Nicolás Maduro, defender la democracia y seguir protegiendo los activos de Venezuela alrededor del mundo.
La Comunidad Internacional y su peón sacrificado en la geopolítica
Mientras el liderazgo de Juan Guaidó pasa por su peor momento, con una confianza de 2% por parte de los venezolanos, frente a un Nicolás Maduro con 17%, de acuerdo con el último estudio realizado por la Encuestadora Datincorp (2022), existe una oposición dividida con al menos diez (10) posibles candidatos para las próximas elecciones primarias de 2023. Claramente, se busca su salida del juego político.
Aunado a todo lo anterior, la administración Biden hace un estratégico acercamiento al principal aliado de Vladimir Putin en el Caribe, Nicolás Maduro, producto de la crisis energética provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Esto, nos permite hacer una gran reflexión sobre el pragmatismo político internacional: en asuntos de economía y petróleo, la Casa Blanca no tiene socios ni enemigos, solo tiene relaciones comerciales y de negocios. Incluso, el pasado mes de octubre, el Presidente Biden accedió a una negociación con la dictadura castrochavista para intercambiar dos (2) narcotraficantes venezolanos presos en los EEUU, por siete (7) ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, cinco (5) de ellos, exgerentes de la Petrolera CITGO; Washington aprobó la liberación y el indulto de Franqui Flores y Efraín Campo Flores, alias los “Narco Sobrinos”, familiares de la Primera Dama Cilia Flores y de Nicolás Maduro, quienes fueron condenados a 18 años de cárcel, luego de ser arrestados por la DEA en Haití por el intento de transportar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos en 2015 (Singer & Jiménez, 2022).
Igualmente, el pasado 5 octubre, fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron a The Wall Street Journal (Garip et al., 2022) que estarían dispuestos a levantar progresivamente las sanciones económicas al régimen de Maduro a cambio de retomar las negociaciones con la oposición, con el eventual objetivo de celebrar comicios electorales en 2024, algo que legitima la Presidencia de Nicolás Maduro indirectamente y que la oposición venezolana solamente puede limitarse a aceptar.
La urgencia que implica contener esta crisis energética mundial, convierte al Gobierno interino de Juan Guaidó en la pieza rota y olvidada por la Comunidad Internacional, pues su figura representa un estorbo para su juego de ajedrez geopolítico en las futuras negociaciones con la narcodictadura venezolana.
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