En agosto de 2021 la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, inició negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en México. Había entonces un escepticismo generalizado sobre el alcance que podría tener ese nuevo proceso y hubo razón: el diálogo se frenó y estuvo paralizado después por 13 meses.
El sábado 26 de noviembre las negociaciones se retomaron y se firmó un acuerdo parcial que se había cocinado durante varios meses, el cual ha sido recibido de distintas maneras: hay quienes ven una oportunidad de avance mientras otros nos preguntamos si realmente hay razones para ser optimistas.
La Plataforma Unitaria y el gobierno suscribieron un pacto que permite la liberación progresiva de más de 3,000 millones de dólares del Estado venezolano que han estado bloqueados en el sistema financiero internacional. Los fondos supuestamente serán destinados a tratar temas sociales en Venezuela. En contraprestación al reinicio de negociaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite a la petrolera Chevron explotar el crudo venezolano para exportarlo exclusivamente hacia ese país.
Ante este panorama, hay que preguntarse las razones por las cuales se está firmando el acuerdo al inicio de estas nuevas negociaciones en México. ¿Qué tan mal está el gobierno de Maduro para aceptar la liberación vigilada de fondos? ¿Qué tan necesitado está Estados Unidos del petróleo y el gas venezolano ante la escasez por la invasión rusa a Ucrania? ¿Y qué tan débil está la oposición representada en la Plataforma Unitaria para firmar un acuerdo a cambio solo de la promesa de avanzar en la agenda política?
Un año atrás me contaba entre quienes tenían un optimismo moderado por estas negociaciones. Pensé que había que sumar esfuerzos para que el proceso tuviera resultados que permitieran reducir el costo que los venezolanos han pagado —incluso con sus vidas— por la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. Hoy no veo indicios para pensar que este reencuentro pueda conducir a un compromiso real entre ambas partes para avanzar en la reinstitucionalización del país.
De acuerdo con las estimaciones del plan de respuesta humanitaria de la ONU de 2022, siete millones de personas (25% de la población) tienen algún tipo de necesidad básica incumplida en Venezuela. En un informe publicado en octubre de este año, el organismo reporta haber entregado apoyos a 2.2 millones de personas.
Los casos de necesidad son dolorosos. Por ejemplo, en agosto de 2021, murieron en el hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas, una docena de niños que requerían un trasplante de riñón. Entre enero y octubre de 2022, 10 niños y adolescentes han fallecido en ese mismo hospital. Los decesos son a consecuencia de sus patologías, pero sobre todo porque no cuentan con un sistema de salud que les ofrezca mayores posibilidades y que alivie su sufrimiento. No son solo los niños quienes están en situación de vulnerabilidad, el sistema público de salud atenta contra cualquier venezolano.
Por eso, algunos ven como algo positivo que el reinicio del diálogo haya empezado por el aspecto humanitario. Según una declaración de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero principal de los negociadores por parte del gobierno de Maduro, los fondos a ser desbloqueados son más de 3,000 millones de dólares y serán usados para servicios públicos de salud, educación, electricidad y otros.
Sin embargo, la liberación de tales recursos no parece ser algo tan sencillo, ya que serán administrados por un fondo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y aún faltan detalles sobre la implementación y los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la transparencia en su manejo.
Lo que sí marchó rápidamente fue la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro estadounidense a Chevron. Esta decisión ha sido criticada desde todos los extremos de la oposición, el chavismo y hasta algunos factores de centro. De un lado consideran que esta flexibilización de sanciones, sin que el gobierno de Maduro dé algo a cambio, refleja la debilidad de la Plataforma Unitaria; del otro lado, el chavismo radical cree que es un acto de control imperialista sobre el crudo venezolano. En el centro, las dudas tienen que ver con los límites de la licencia, que no autoriza el pago de regalías ni impuestos al Estado venezolano por parte de Chevron a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero que es algo engañoso.
Al final este acuerdo, por muy bien intencionado que se busque hacer parecer, significa el tutelaje de los bienes venezolanos por factores extranjeros (un fondo manejado por la ONU, las limitaciones en la explotación del crudo) y eso atenta contra los intereses de la nación.
En agosto del año pasado, cuando aún se mantenían las negociaciones en México, se llegó a un memorando de entendimiento que contemplaba una agenda con siete aspectos cruciales, entre los cuales estaban las garantías electorales y respeto de derechos políticos, el levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Maduro y la reparación a las víctimas de la violencia.
Era una agenda lo suficientemente amplia como para que se aprobaran acuerdos parciales y, al término de las conversaciones, se pudiese marcar una hoja de ruta enfocada en lo fundamental: la búsqueda de que Venezuela vuelva a ser un país democrático y que la población pueda tener una vida digna.
El tiempo se encargó de dar la razón a los escépticos del diálogo. Apenas dos meses despúes, la delegación de Maduro se levantó de la mesa tras la extradición a Estados Unidos del empresario Álex Saab y mantuvo su línea de persecución a las disidencias. La oposición, representada por la Plataforma Unitaria, hizo agua con la figura del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. En los meses que han pasado desde entonces, más niñas, niños y adultos venezolanos han muerto por necesidades básicas, mientras ambas partes no avanzaron ni siquiera en el aspecto humanitario que ahora enarbolan como un gran triunfo.
Hoy yo también soy escéptica y la razón de mi desconfianza tiene que ver con la manera como se produce este acuerdo parcial, sobre todo porque, aun dando el beneficio de la duda, ambos grupos han llegado a un momento en el que su supervivencia depende del otro y actúan en consecuencia, sin importarles las secuelas en la sociedad venezolana
Ambos coinciden en suponer que representan a los venezolanos y no a los intereses parciales de cada cual. Parece ser que solo se sientan a negociar buscando mantener su estado actual. De seguir con esa línea, a lo sumo llegarán a algún pacto de convivencia que les permita vendernos la ilusión de que esta vez las cosas serán d
Pese a mi pesimismo, espero que ambas partes puedan hallar un enfoque centrado realmente en las personas. Una posibilidad es que hagan uso de mecanismos de participación para que otras voces, como grupos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, sean incorporadas. También establecer garantías de rendición de cuentas de los recursos que se utilizarán, propiciar la transparencia en las discusiones y generar espacios de encuentro que permitan reducir los niveles de desconfianza que hoy gravitan sobre el proceso de negociación. Pero, sobre todo, espero que ya no sigan muriendo más venezolanos por la incapacidad de dos grupos que al final solo se disputan el poder.
notiveraz