Los exgerentes de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, Alfredo Marcial Chirinos y Aryenis Torrealba fueron detenidos por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Venezuela, al ser acusados por presuntamente entregar «información estratégica» según informó este lunes la Comisión Presidencial Alí Rodríguez, creada hace menos de un mes con el fin «velar por la defensa y reestructuración de la industria petrolera», según lo asegura el régimen.
Según refleja la agencia dpa, Chirinos fue gerente de Operaciones Especiales, y Torrealba, era la responsable de Operaciones de Crudo. Ambos fueron detenidos el pasado viernes alegando que ambos «suministraron datos sobre las operaciones de la industria en sus distintas áreas, sobre la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano y sobre la capacidad logística de nuestra empresa estatal y sus socios en el mundo», ha precisado.
La Comisión Presidencial (creada por la dictadura) aseguró que la información sobre PDVSA iba a ser utilizada para «agredir a la industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones violatorias del Derecho Internacional».
La comisión asegura que fue «una miserable traición», por lo que le han pedido a la Fiscalía que inicie una investigación penal contra ambos, instando a «aplicarles todo el peso de la ley frente a estos condenables hechos que, sin lugar a dudas, se califican como traición a la patria».
La industria petrolera de Venezuela se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los principales blancos de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro y sus colaboradores.
El pasado 18 de febrero, Estados Unidos anunció sanciones contra la petrolera rusa Rosneft por hacer negocios con el crudo venezolano y adelantó que seguiría aumentando la presión sobre Maduro y sus socios.
Estados Unidos es el mayor aliado internacional del presidente encargado, Juan Guaidó, única autoridad legítima, debido a que Nicolás Maduro se mantiene en el poder a pesar de haber cumplido su periodo presidencial y no ha querido realizar unas elecciones libres y democráticas.
En mayo de 2018 celebró unas elecciones presidenciales adelantadas, donde no permitió que los grandes partidos de oposición participaran (fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia) y tampoco permitió que los principales líderes de la oposición se postularan. Así que celebró unas elecciones que no han sido reconocidas por la oposición, ni por la comunidad internacional.
Familiares exigen justicia
Un familiar de uno de los detenidos, que pidió no dar su identificación, aseguró que están consternado por lo ocurrido, porque saben que son inocentes. «Traición a la Patria, es un delito que puedes pagar con muchos años. Ellos son inocentes, no hay pruebas. El régimen está fabricando un caso para que la gente se olvide de todos los casos de corrupción que han descubierto en el mundo con fondos de PDVSA.
Crees que si alguien le va a dar información a los Estados Unidos, va a mandar algo desde un sitio vigilado por el gobierno de Maduro. Allí todos son vigilados. Los teléfonos intervenidos».
Resaltó que la Comisión presidencial quiere un culpable para decir que han hecho algo, resaltando que las autoridades saven quién son los que están con ellos y quiénes en contra.
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