La ONG Espacio Público contabilizó, entre otras irregularidades, el cierre de 35 emisoras de radio por parte del gobierno chavista.
En octubre se registraron 103 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, según un recuento de casos de la ONG Espacio Público que señala el mes pasado como el más violento para la prensa en el país, si bien casi todos los casos se refieren a cierre de medios y hostigamiento a periodistas.
“Las violaciones del derecho a la libertad de expresión siguieron aumentando en octubre, mes que registró el número más elevado de casos en el año, con un total de 45 casos que se tradujeron en 103 violaciones a la libertad de expresión”, dice el boletín de la organización no gubernamental.
Durante ese período de tiempo hubo un “continuo asedio y ataque a los medios de comunicación, de los cuales las emisoras radiales fueron las principales víctimas”, prosigue la ONG que contabilizó 35 estaciones cerradas el mes pasado por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Asimismo, nueve reporteros fueron violentados, casi todos mediante actos de intimidación que incluyeron hostigamiento verbal o judicial por parte de funcionarios públicos.
Espacio Público remarcó que la dictadura de Nicolás Maduro sigue siendo el principal agresor de periodistas y medios de comunicación a través de instituciones públicas, funcionarios de estos organismos y, en menor medida, agentes de los cuerpos policiales.
La ONG Espacio Público que señala el mes de octubre como el más violento del año para la prensa en Venezuela (EFE/Esteban) Biba/Archivo
Asimismo, el reporte de la ONG da cuenta de 16 casos de violaciones a la libertad de expresión relacionados con internet, en un país en el que numerosos medios de comunicación digitales independientes están bloqueados por decisión de Conatel.
“Cortes de fibra óptica y apagones fueron los principales motivos de fallas en el mes”, añade el escrito.
Un total de 79 emisoras de radio cerraron este año en 16 de los 23 estados de Venezuela, de las cuales 78 suspendieron sus transmisiones por orden de Conatel, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Por otra parte, la ONG Foro Penal afirmó que en Venezuela existen 247 presos políticos en las cárceles venezolanas.
Mediante su cuenta en Twitter, la organización indicó que, del total de casos contabilizados, 233 son hombres y 14 mujeres, de los cuales 115 son civiles y 132 militares pertenecientes o retirados de la Fuerza Armada.
La ONG detalló que, de los 247 presos, 158 esperan por una sentencia de tribunal y 89 ya fueron condenados.
Balance del Foro Penal sobre presos políticos en Venezuela
Según el Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.775 detenciones políticas.
La organización denunció que, además de los “presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
El pasado 30 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos informó que seis dirigentes sindicales detenidos a principios de julio en Venezuela serían enjuiciados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración.
El comité, creado para defender a este grupo de activistas, rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad a Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, y de pasarlos a juicio, basándose en supuestos “mensajes contrarevolucionarios”.
A principios del mes de noviembre, varias ONG de Venezuela celebraron la decisión tomada por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, lo que las organizaciones consideran “una buena noticia para las víctimas”.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dijo a EFE que la solicitud hecha por el fiscal de La Haya, que califica como “positiva”, confirma que en Venezuela “no están dadas las condiciones para una investigación objetiva, genuina e imparcial sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos”.
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