Venezuela se ha convertido en un antro de «macrocriminalidad» simultánea en muchos ámbitos, como revela el tercer informe, devastador, de la Misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU, que fue presentado el 26 de septiembre de 2022.
Es no solo el espeluznante relato documentado con testimonios desgarradores sobre las torturas a los presos políticos, ordenadas desde las figuras del más alto gobierno en la cadena de mando, el propio Maduro en primer lugar, sino la descripción de la tragedia en el Arco Minero, que sufre el área del sur del Orinoco, ocupada por tres Estados del país, Bolívar, Guayana y Amazonas.
Es lo que Adalberto Gabaldón ha llamado el «Antro Minero», territorio ocupado por grupos criminales como las FARC o el ELN que han encontrado allí su «santuario» y dominan, por ejemplo, en los municipios Sifontes o el Palmar.
Igualmente son los «sindicatos», un eufemismo para las bandas de «pranes» que articulan parte de una delincuencia común, despiadada y sin escrúpulos, que mata, dispara a las piernas a los que trabajan en la minería ilegal, por sustraer pepitas de oro, o mutila, cortando dedos, manos o hasta degollando a quienes se atreven a hurtar parte del oro extraído en condiciones infrahumanas y bajo control de los militares.
La explotación de oro, diamantes y coltán no alcanza ni al 1% del PIB, pero está provocando un holocausto ecológico y humano de magnitud y alcance planetarios. La masacre en la comunidad Tumaracapai, perpetrada por guardias nacionales bolivarianos que comenzaron a disparar a mansalva y sin justificación alguna a los jóvenes que pedían que se retiraran de la comunidad, ha puesto en evidencia la responsabilidad oficialista, ya que se trata de un plan dirigido por el gobierno venezolano ilegítimo de Maduro y sus acólitos, que dominan las instituciones y ejercen coacción o muerte para desplazar a las comunidades indígenas a favor de la explotación minera.
Juvencio Gómez, capitán indígena pemón, está refugiado en Brasil por el acoso y persecución de los que ha sido víctima por proteger a la población de las matanzas y del despojo forzoso de sus territorios. Las masacres de los indígenas pemón han forzado a muchos a huir hacia Brasil donde han encontrado refugio para no ser apresados o asesinados en prisión en Venezuela.
Han perdido sus fuentes tradicionales de trabajo, de caza y pesca y han sido aplastadas su dignidad y su sobrevivencia al punto de ser hoy nómadas mendigantes.
El valiente documental Oro de sangre, cortometraje de 15 minutos, producido y dirigido por Thaelman y Juan Urguelles y Malena Roncayolo, y uno de sus protagonistas, Américo De Grazia, participaron, con Francisco Moreno como moderador, en uno de los foros organizados por diez asociaciones ciudadanas para presentar la película. Esta revela un ecocidio sin precedentes, que es también un crimen de lesa patria y de lesa hu
La gravísima contaminación por mercurio y cianuro afecta a las comunidades indígenas, destruye la biodiversidad, diezma o extermina los peces, cuando no los envenena, y en este sentido afecta gravemente la salud de quienes los consumen.
Son ecosistemas tan frágiles, las más antiguas formaciones geológicas, que el daño que sufren estos territorios al talar la vegetación, al bombardear con explosivos los terrenos, resulta irreversible y amenaza sin atenuantes las reservas estratégicas de agua y la riqueza natural de estas zonas.
El informe de violación brutal de los derechos humanos en el caso del Arco Minero ya ha ido a instancias internacionales como la ONU, la OEA, la Corte Penal Internacional, y antes, fue denunciado en la Fiscalía venezolana, en la Defensoría del Pueblo, sin que en estos tribunales hubiera pasado nada.
Ejemplo de esta barbarie de la que no escapan ni siquiera los propios militantes del chavismo es el caso del diputado del PSUV, A. Torres, quien denunció que eran extraídas por año más de 30 toneladas de oro, pero solo era reportado el 10% de esta cantidad.
15 días después, fue secuestrado junto con su esposa e hijos y luego de estar desaparecidos algún tiempo, fueron encontrados sus cadáveres, con signos de tortura, decapitados y calcinados.
Chávez y Maduro impulsaron este proyecto como uno de los ejes de desarrollo, en la realidad convertido en un ecocidio de proporciones catastróficas y articulado a un entramado criminal transnacional. Aún más grave, ha consolidado la corrupción estructural construida desde el poder impuesto en Venezuela, hoy dominado por una cleptocracia sofisticada, y con ella el saqueo de las riquezas públicas por parte de sectores particulares, civiles y militares, y delincuentes nacionales y extranjeros, respaldado por la camarilla mafiosa y usurpadora en el alto poder. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?
Por Marta de la Vega que es investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
notiveraz