Más de 40 países han respaldado el proyecto de resolución presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para renovar por dos años adicionales el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El borrador fue presentado inicialmente por 39 países (Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, Chequia, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Islandia, Irlanda, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos de América y Uruguay), pero luego se sumaron otras naciones,
La resolución propuesta “condena enérgicamente todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales puede constituir crímenes de lesa humanidad”.
Además, insta al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a los presos políticos e “implementar plena y inmediatamente las recomendaciones contenidas en los recientes informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la misión internacional independiente de investigación”, y lamenta que la mayoría de las recomendaciones no hayan sido adoptadas hasta ahora.
También el documento expresa “profunda preocupación por la continua erosión del estado de derecho, falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales, las condiciones de trabajo precarias e injerencia política, incluido el reciente nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia, continúan socavando la independencia de el sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de derechos humanos y abusos, repercuten en el acceso a la justicia de las víctimas y dificultan la celebración de juicios libres y justos. elecciones”.
Asimismo, la resolución propuesta “condena enérgicamente la represión y la persecución generalizadas y selectivas por motivos políticos, incluido el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada por las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como la intervención en la autonomía y composición de varios partidos políticos, y deplora las actuales restricciones a la vida cívica y espacio democrático”.
Adicionalmente, expresa “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, que es el sitio de explotación laboral de los mineros, incluyendo trabajo infantil y la trata de personas, y expresa especial preocupación por las violaciones y abusos de los derechos de los pueblos indígenas en la región”.
Por último, el proyecto de resolución exhorta a “comprometerse sin demora en un proceso que asegure la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo imparcial, y plena libertad de prensa y de libertad de participación política de todos los venezolanos y todos los partidos políticos, sin temor a repercusiones o injerencia, respetando las normas internacionales y los derechos civiles y políticos”.
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