Familiares de los seis sindicalistas detenidos a finales de julio, aseguraron que no existen pruebas para mantenerlos detenidos. Los defensores de los derechos laborales fueron señalados por presunto terrorismo y asociación para delinquir.
Familiares y representantes legales de los cinco defensores de los derechos laborales que fueron detenidos a finales de julio, reiteraron este martes 20 de septiembre que no existen pruebas para mantener a los sindicalistas presos, previo a las audiencias que se celebrarán en los próximos días.
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, aseguró que es “insostenible mantener a un preso en Venezuela, es costoso”, refiriéndose a los casi 80 días de detención que lleva el profesor universitario y militante del partido político Bandera Roja, en los que han suministrado alimentos, medicinas y otros productos básicos para mantenerse dentro de los retenes policiales en los que permanecen.
También agregó que Bracho y los demás sindicalistas están presos por “hacer un grupo de WhatsApp, esa es la asociación para delinquir: protestar, salir a la calle. Como profesor, pedir por los derechos de los profesores, ir contra el instructivo Onapre”.
Eduardo Torres, abogado de Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Gabriel Blanco; indicó que sostendrán reuniones con diferentes organizaciones, en referencia a sus detenciones. “Tenemos reunión con los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, con la comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene a Venezuela. Vamos también al Sistema Interamericano de los DD. HH y finalmente a la Corte Penal Internacional”, aseveró.
El abogado dijo que el testigo que señala a los imputados por terrorismo y asociación para delinquir, es anónimo. “Ellos no están asociados para delinquir, tampoco estaban conspirando. Donde sí estaban, era en la calle exigiendo sus derechos”.
Las declaraciones fueron realizadas desde las oficinas de Provea en el bulevar Panteón, en el centro de Caracas, donde se presentó un grupo de funcionarios del Sebin, con las intenciones de ingresar a la rueda de prensa. Detallaron que querían fotografiar y tomar nota del evento, acción que fue impedida por representantes de la organización de defensores de los derechos humanos.
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