La justicia venezolana ha sido severamente cuestionada en ámbitos internacionales y por organizaciones de derechos humanos, debido al poco apego de las normas en los casos de los presos políticos.
La creación de tribunales contra delitos de terrorismo en 2013, cuando llegó Nicolás Maduro a la presidencia, deja al descubierto el uso de la ley para amedrentar a quienes le protestan. Con este reportaje, TalCual muestra un perfil de aquellos jueces que han levantado el mazo para cumplir la tarea de sentenciar la persecución judicial.
Un monitoreo realizado a los casos judiciales más emblemáticos contra presos políticos en Venezuela evidencia que 28 jueces han manejado la mayoría de estos juicios. A los encargados de los tribunales con competencia en cargos de terrorismo fue a parar la mayoría de los imputados que, además de este delito, se les acusó de traición a la patria y rebelión civil.
El reportaje señala que del número total de jueces en el país de 2.200 aproximadamente para 2022, según datos recopilados por varias de estas organizaciones, apenas 1,3% de ellos han sido los favoritos durante la administración de Nicolás Maduro para acallar las voces de protesta contra su gestión.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha documentado desde 2020 que los patrones de persecución judicial en Venezuela alcanzan a los actores críticos de la administración de Maduro, con perfiles públicos elevados, que ostentan prominencia o cuyas acciones significan una amenaza particular. Dentro de las principales víctimas se encuentran activistas sociales y líderes políticos al frente de las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de rebelión, conspiración de golpes de Estado o de otro tipo.
No se escapan de esto las personas “que desafían las narrativas oficiales”: funcionarios públicos seleccionados, jueces, fiscales, abogados, trabajadores de las ONG, defensores de derechos humanos, trabajadores petroleros, representantes sindicales de empresas siderúrgicas, periodistas, bloggers, usuarios de las redes sociales y de plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp.
Como parte de una escalada represora en contra de la disidencia política en el país, fueron creados en 2013 varios tribunales especiales para atender casos de terrorismo. Esto ocurrió pocos meses antes de que Nicolás Maduro se encargara de la Presidencia de la República tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de ese año.
Para este reportaje se llevó a cabo un registro de 141 de los casos más sonados de presos políticos, con el cual se evidenció que 43,3% de los que fueron llevados ante tribunales civiles, fue presentado ante los juzgados relacionados con delitos de terrorismo. El resto está distribuido en tribunales penales.
Y no solo se trata de juicios civiles. Hay jueces militares que han llevado la batuta en los casos de las presuntas conspiraciones contra el gobierno como las denominadas “Vuelvan Caras” y “Paramacay”.
Una tendencia preocupante y que bordea la ilegalidad, es la existencia en la práctica de los “jueces sin rostro” en Venezuela, específicamente en los casos que involucran a los presos políticos. Y no es simplemente el hecho de que ni en Google se pueda conseguir una foto reciente del juez que lleva un caso sensible: también se trata del desconocimiento de sus credenciales y de su posible filiación política.
En el reportaje Los jueces que tejen la trama de la revolución se presenta quiénes son los magistrados a los que se les ha dado la tarea de juzgar y sentenciar la arbitrariedad judicial.
En un monitoreo de 141 casos judiciales contra personas calificadas por ONG como presos políticos, se evidencia que muchos de ellos fueron a parar a los tribunales especiales con competencia en materia de terrorismo creados en 2013
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