El Gobierno finalmente se ha dado cuenta de que la hiperinflación también lo afecta. La brecha entre el poder de compra que tienen los impuestos cuando se generan y la erosión que sufren para el momento en que se recaudan, se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos fiscales.
Ahora, busca formas para evitar una descapitalización real de los impuestos y tributos y para proteger su poder de compra ha puesto en marcha una reforma legal.
La reforma del Código Orgánico Tributario (COT) fijó el pago de sanciones y multas a la cotización de la divisa que registre un mayor precio en bolívares. Aunque no lo reconozca explícitamente por las implicaciones políticas que tiene, se trata de una dolarización encubierta de esta fuente de ingresos fiscales.
Anteriormente, la Unidad Tributaria (UT) era la utilizada para calcular el cobro de los tributos, tasas y multas, pero con la reforma del COT, esta prácticamente se elimina y se sustituye por la divisa de mayor valor en bolívares, según el BCV.
Todo esto es contrario a las mejoras prácticas para estimular la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que requieren largos períodos de maduración. Por tal razón, se ofrecen exenciones de impuestos por una década y más.
En la reforma del COT se aprobó una reducción en el plazo de las exenciones de cinco años a solo un año.
La reforma a la Ley de Aduanas también busca cobrar el impuesto de importación, tasas y multas indexado a la evolución de la divisa con mejor precio en bolívares. Ya no se hace referencia al pago de 10, 100 o 1.000 UT sino a 10, 100 o 1.000 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor.
En la reforma de la Ley del IVA, la alícuota general está entre 8-16,5% y la tasa para consumos suntuarios entre 15% y 20%. A las compras con criptoactivos o criptomonedas distintas al Petro se les aplicará una tasa entre 5-25 %. La compra de vivienda también estará sujeta a pago de IVA y Venezuela será ahora uno de los pocos países donde se gravará la venta de inmuebles.
Aumentar el IVA en plena recesión solo conducirá a aumentar la informalización de las transacciones, lo cual es contrario a lo que aspira el Gobierno.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (Sudeban), en el año 2019 la cartera de créditos de la banca venezolana cerró en $ 216,8 millones, una reducción de 92,38 % en comparación con 2018. En adelante, los bancos deberán destinar entre 10% y 25% de sus captaciones a una cartera única de préstamos regida por un comité que se encargará del destino de los préstamos.
Lo cierto es que resulta totalmente contraproducente limitar al mínimo los períodos de exenciones fiscales que estimulan la inversión productivas así como aumentar la presión fiscal a una economía que está hundida en una prolongada depresión: eso es como pedirle a una persona desangrada que done sangre.
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