La Comisión Permanente de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario solicitó a la presidencia del Concejo Municipal de Caroní que exhorte a organismos competentes a investigar la magnitud de daños a la salud pública, provocados por la emisión de alúmina calcinada generada por CVG Bauxilum desde el lunes 5 de septiembre.
“Le exhortamos a usted (presidenta del concejo) que exija a quienes dirigen esta industria que garanticen la seguridad de los ciudadanos, y que los procedimientos de seguridad laboral se lleven a cabo como corresponde, según la norma y demás leyes que intervienen en estas responsabilidades”, versó el documento que fue entregado por la comisión la mañana de este lunes, 12 de septiembre.
Aliana Estrada, concejal y presidenta de la Comisión de Ambiente exigió, además, que los organismos competentes determinen responsabilidades y apliquen lo establecido en el artículo 102 de la Ley Penal del Ambiente.
No basta con disculpas de Bauxilum
“Los responsables de estas acciones deben rendir cuentas de sus actos, porque ese tipo de acciones hace que personas puedan morir por afectaciones a su salud. No basta con apagar el calcinador que no funciona…”, manifestó Estrada en entrevista con Correo del Caroní.
“No basta con disculparse por hacer una operación inadecuada sin saber cuánto daño ha causado a la gente”, agregó, refiriéndose al comunicado emitido por CVG Bauxilum el 8 de septiembre.
Las emisiones de alúmina calcinada (óxido de aluminio) iniciaron el pasado lunes 5 de septiembre y hasta ahora no se han detenido. Trabajadores y extrabajadores de la estatal informaron que la fuga ocurrió por la avería del filtro del calcinador 102 que ya presentaba fallas por falta de mantenimiento oportuno.
Los responsables de estas acciones deben rendir cuentas de sus actos, porque ese tipo de acciones hace que personas puedan morir por afectaciones a su salud. No basta con apagar el calcinador que no funciona…”, Aliana Estrada
Un cambio en la dirección predominante del viento arrastró el material por más de 10 kilómetros, y los urbanismos ubicados en el eje Atlántico y avenida Paseo Caroní quedaron cubiertos por el polvo.
Los habitantes de comunidades afectadas reportaron síntomas como alergias, irritación de garganta y ojos, tos y dificultad respiratoria que atribuyen a la inhalación prolongada de óxido de aluminio. Por eso salieron a protestar la mañana del pasado viernes 9 de septiembre.
Las normas de calidad del aire y control de la contaminación atmosférica establecen que el límite máximo de concentración de partículas en el ambiente es de 75 microgramos por metro cúbico (µg/ m3). La concentración permitida que se establece en la salida de la chimenea para cualquier partícula sólida es de 150 mg/m3.
Trabajadores desprotegidos
Las hojas de seguridad de óxido de aluminio establecen que el límite de exposición laboral al material es de 5 mg/m3 como polvo respirable y 15 mg/m3 como polvo total en una jornada de ocho horas. Fuera de ese parámetro es perjudicial para la salud de los trabajadores.
Pero hasta el momento no hay información cuantitativa disponible sobre la concentración actual del material en el ambiente, ni la concentración de material al que fueron expuestos los obreros en la planta, obligados a trabajar en esas condiciones de riesgo para la salud, porque deben entregar un pedido para CVG Venalum.
Los empleados informaron que trabajan -desde hace dos años y durante esta contingencia- con implementos mínimos de seguridad. Tos, congestión e irritación de garganta son algunos síntomas que reportan.
“Hay una violación flagrante de los permisos de trabajo. Lo primero que debió presentar la estatal fueron los permisos de trabajo, análisis de riesgo y equipos de protección personal para los trabajadores”, manifestó Estrada.
Extrabajadores informaron que la producción no se ha detenido, pero disminuyó la intensidad de la misma para reducir las emisiones.
Notiveraz