Prevenir suicidios en migrantes con asistencia socioeconómica

En las Américas, un promedio de 100.000 personas se quitan la vida anualmente. Venezuela, hasta 2019, afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se mantenía como uno de los países de la región con menores registros de suicidios, al tener una tasa que no superaba los 2,5 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2021 esa cifra aumentó a 4,3, tras documentarse al menos 1.164 muertes de este tipo, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Los venezolanos engrosan el número global de 703.000 personas que se suicidan tras numerosos intentos —una cada 40 segundos— . Y cuando hablamos de venezolanos nos referimos no solo a aquellos que están dentro del país —afectado por una crisis humanitaria desde al menos 2015 y la debacle económica iniciada en 2013— sino también a los entre 6,8 y 7,2 millones de migrantes y refugiados que han sido víctimas de un desplazamiento forzoso a causa de la pobreza extrema que arropa al 70% de la población, la violencia, inseguridad personal y la persecución política.

En Colombia, el territorio de la región que más venezolanos alberga (2,4 millones según Migración), en los últimos cinco años se han suicidado 244 venezolanos, siendo 2020 y 2021 los períodos de mayores picos, con 76 y 38 suicidios, respectivamente.

El agravamiento de la precariedad económica de aquellos más vulnerables debido a la pérdida de empleo por el confinamiento por la pandemia de covid-19, que se tradujo en una baja en el acceso a los alimentos, es uno de los factores que intensificaron las conductas suicidas dentro de la población migrante venezolana en el país vecino, dijo Luz Ángela Rojas, miembro del Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES de Medellín, en entrevista con TalCual. 

El Instituto Legal de Medicina Forense de Colombia ubicó a Antoquia, el Norte de Santander, Valle del Cauca y Atlántico como los departamentos con mayor cantidad de suicidios ocurridos en la comunidad venezolana, medido en cifras absolutas.

A juicio de la psiquiatra Rojas, esto no se debe necesariamente a que en esas localidades las condiciones sean peores, sino a que son las que mayor población migrante venezolana han acogido, por ende, el registro es mayor. Cree que, además, la mayoría de ellas, por ser entidades limítrofes, son utilizadas como camino de tránsito en ruta hacia Panamá.

En ese sentido, consideró que prestar asistencia psicológica al migrante venezolano —más vulnerable de sufrir deterioro de la salud mental por el duelo migratorio, la discriminación, separación familiar y adaptación a nuevos contextos, de acuerdo con un estudio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) — no es lo único que debe hacerse para reducir, además de los niveles de depresión o ansiedad que presenta la mayoría de ellos, los riesgos de suicidio.

«A una persona con depresión tú le puedes dar un medicamento, pero no le va a resolver la vida porque esa persona no viene sola. Trae encima los problemas económicos, el haber dejado su país, el estrés de todas las veces que ha tenido que poner su vida en riesgo en las rutas migratorias donde, por ejemplo, ha podido sufrir abuso sexual, o que ha tenido que llegar a la prostitución porque no tiene de qué más vivir. 

La asistencia no debe ser únicamente psicológica, tiene que ser multidimensional (…) porque en el desarrollo de los trastornos mentales y el riesgo de suicidio, que son enfermedades  multifactoriales, inciden las dificultades socioeconómicas, a tal punto que creas que vale la pena tanto sufrimiento de atravesar el Darién».

¿Cuáles son las principales afecciones mentales en migrantes venezolanos?

Un informe de la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) determinó que la ansiedad, depresión y el consumo de sustancias psicoactivas son los trastornos mentales más comunes en la población migrante venezolana, además de manifestaciones del estado de ánimo, estrés y llanto.

En Perú, por ejemplo, la prevalencia de signos depresivos aumentó entre la diáspora venezolana en 2020, durante los meses más estrictos de confinamiento, y volvieron a bajar a medida de que se normalizó la cuarentena.

Ese dato, precisado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coincidió con que los entrevistados volvieron a conseguir trabajo y mejoraron sus condiciones o pudieron tener mayor estabilidad. En esta etapa, según David Sucre, un psicólogo en Quito (Ecuador) que trabaja atendiendo a migrantes venezolanos, que pueden comenzar a prestarles los primeros auxilios sociales.

«Hacer rutas como el Darién o caminar por el Cono Sur representa importantes riesgos para el psiquismo y el componente emocional que forma parte de nuestra composición afectiva. Pero cuando se cubren las necesidades tan básicas de alimentación, resguardo, cobijo, atención en salud física —porque hay personas que llegan con cuadros de hipertensión o que hacen el trayecto con discapacidad física—es que se puede hacer una intervención dentro del campo emocional y psicológico», explicó.

Agregó que hay dos formas de atender a los afectados: una es prestándoles los primeros auxilios psicológicos, que implica dar psicoterapia para ayudar a las personas a salir de la perturbación por haber hecho viajes tan peligrosos; otra es hacer intervenciones de crisis, que son más puntualizadas, como ayudarlos a sobrepasar ataques de pánico, ansiedad o frustración muy grande, los cuales son una muestra de un posible cuadro de estrés postraumático o agudo.

A juicio del especialista Sucre, que forma parte de la red de terapeutas de Psicodiáspora —una asociación de psicólogos para asistir a migrantes—, es importante desarrollar  la resiliencia para hacerle frente a las conductas suicidas, pues «muchas personas terminan acabando con su vida en la selva del Darién ( o luego) no por las circunstancias del camino en sí, sino porque, a veces, por ejemplo, pierden familiares», comentó.

Para Sucre, también profesor de evaluación psicológica en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), debe empezarse a llevar un registro a nivel regional para que se publiquen estadísticas oficiales sobre suicidios y padecimientos mentales en desplazados de nacionalidad venezolana, las cuales contribuirán al desarrollo de programas y  políticas públicas por parte de los gobiernos de acogida.

Notiveraz

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