El 9 de julio de este año ocho expertos en el área de servicios públicos suscribieron una carta dirigida al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Sergio Díaz-Granados y al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela Gianluca Rampolla.
La misiva, encabezada por la firma del ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, se emitió para emplazar a los mencionados funcionarios a poner en práctica estrategias administrativas que den transparencia al uso y paradero de los recursos que se liberen de la cooperación internacional y así evitar que el fracaso y la opacidad en esas inversiones se reproduzca.
La iniciativa de los expertos surgió luego de que se diera a conocer una alianza entre la ONU y la CAF para apoyar en la recuperación socioeconómica de Venezuela. De acuerdo a una nota de prensa divulgada el 6 de julio por la ONU, ambos organismos centrarán la colaboración en tres ejes principales: la movilidad humana, el desarrollo productivo y seguridad alimentaria y la recuperación y restablecimiento de los servicios básicos.
«Esta nueva alianza entre nuestras organizaciones, con décadas de presencia en Venezuela, es un paso adelante importante para movilizar recursos y compromisos de todos los actores para apoyar a una recuperación socioeconómica sostenible», dijo Rampolla, citado en el texto.
La crisis se gestó en momentos de bonanza
Entrevistado por TalCual, José María de Viana, expresidente de Hidrocapital y de Movilnet, aclaró que el problema de la nación con respecto a los servicios públicos no se produjo por la falta de recursos financieros, sino que la debacle comenzó en un entorno de enorme abundancia.
De Viana enfatiza que esta es una de las premisas que se intentó comunicar en la carta, pues el problema es que las grandes inversiones fueron asignadas a dedo a empresas, se inflaron las facturas y no se hicieron los estudios pertinentes.
Un ejemplo de ello podría ser la empresa Odebrecht, cuyas obras para la compañía Metro de Caracas siguen en su mayoría sin finalizar.
De Viana recuerda que en los últimos 20 años se contabilizaron inversiones de más de 100 mil millones de dólares para el sistema eléctrico y más de 10 mil millones en agua potable. Desde el Ejecutivo se pusieron en práctica decisiones que se tradujeron en fallas en la concepción de los proyectos, obras inconclusas y abandonadas.
No obstante, cita de Viana el texto: «Todas estas malas prácticas no han sido responsabilidad exclusiva de todos los venezolanos: los principales bancos multilaterales y las agencias de cooperación de distintos países han participado en cada una de ellas».
Los hechos ponen en evidencia la improvisación. De Viana comenta que la Unicef ha invertido dinero en Venezuela en obras que no solucionaron los problemas de la ciudadanía por falta de criterio técnico, como lo ocurrido en Hospital de Cabimas, en el estado Zulia.
«Allí tienen problemas de agua. Perforaron un pozo al lado del hospital y del pozo salió agua salada. No había que ser un genio para saber que ahí no se podía perforar un pozo», dijo.
De forma reciente se anunció que la transnacional Siemens firmó contratos con la administración de Nicolás Maduro para trabajar en las instalaciones de generación a gas y diésel que dan servicio en Caracas, así como las que suministran electricidad a la infraestructura utilizada por la industria petrolera, según informó a la agencia Bloomberg, el gerente comercial de la empresa en el país, Eric Soto.
La empresa alemana recibió licencias del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), propietaria de las plantas, a través de terceros y con la eléctrica Corpoelec, dijo Soto.
Las reparaciones podrían impulsar la generación de energía en alrededor de 1.000 megavatios para Caracas, ayudándola a superar los apagones regulares y años de racionamiento, así como mejorar el suministro de energía en las áreas productoras de petróleo afectadas por apagones.
A medida que la economía de Venezuela comienza un repunte lento, Maduro intenta reconstruir el sistema de generación del país con un plan para invertir alrededor de 1.500 millones de dólares para recuperar unos 9.000 megavatios de producción para 2025, según un documento de Corpoelec visto por Bloomberg.
Sobre esta visión, De Viana ha calificado como poco idóneo que ese contrato (del que ha hablado Maduro) sea otorgado a una sola empresa, pues justamente es contrario a las prácticas internacionales. «Nunca en el mundo se realiza un contrato de esa magnitud con una sola compañía. Todos estos trabajos se hacen a través de competencias internacionales», ha dicho.
Aunque no duda de la capacidad de la compañía, señala que los precios mejorarán si ellos tienen que competir con otros operadores.
Culpas compartidas
De acuerdo a lo que señala De Viana, en el texto enviado a CAF-ONU y firmado por German Uzcátegui Briceño, César Aguirre Urbaneja, Manuel Guevara Baro, María Elena Corrales, Elena Vega Ribas, Norberto Bausson García y Miguel Nucete Hubner, se recuerda que, por ejemplo, hay dinero del Banco de Desarrollo de América Latina en obras como la represa Tocoma, un proyecto que tuvo «más de seis años de retraso y con un incremento del costo original de 272 %», de acuerdo a un informe de Transparencia Venezuela.
También existe dinero del fondo en obras como Tuy IV, un embalse en los Valles del Tuy –sobre el río Cuira– que comenzó a construirse en el año 2009 con la promesa de surtir a la capital del líquido y acabar con los problemas de suministro durante las siguientes cinco décadas, pero que permanece inconclusa.
De acuerdo a la fuente, la idea es que los nuevos funcionarios tengan información de lo que «pensamos causó que tanta inversión se perdiera y que efectivamente el resultado terminara siendo lo contrario a lo que se quería lograr: que empeoraron los servicios».
—¿Existen aspectos que puedan definir los patrones de corrupción que hubo en medio de inversiones para el sector de servicios públicos?
—Hacer acusaciones de corrupción podría romper el mensaje. Lo que queremos decir es que internacionalmente se han definido unos procesos que reducen los costos de contratación y aumentan la eficacia de la inversión. Cuando escribimos la carta no hablamos de que fue el gobierno sino de que fueron los venezolanos. Ojo, no tenemos nada que ver en lo que se hizo, más bien lo hemos criticado, pero en la carta más que hablar mal del gobierno queremos decir que los funcionarios también son responsables de la historia.
—¿Cuál fue el sector donde las inversiones se vieron más empañadas por irregularidades?
—Las prácticas fueron similares. Las cosas que hicieron mal fueron las mismas en el área de agua, luz y comunicaciones. Lo que pasa es que los montos son distintos. Más dinero se gastó en electricidad, el monto ronda los 100 mil millones de dólares, mientras que en agua se gastaron 10 mil millones.
—¿Cuáles fueron las cosas que se hicieron mal?
—Fueron errados en todos los casos: las obras se dieron por asignación de dedo, sin competencia. Nos hemos enterado de mucho de lo que pasó aquí no por información oficial, sino por casos como Odebrecth, donde los mismos señores de las empresas contaron cómo funcionaba el negocio de las contrataciones. Luego que apareció Odebrecht en 1999 nunca más hubo licitaciones.
—¿Cuál es el primer indicador de transparencia?
—No temer del control ciudadano. Por ejemplo, cuando tienes un sistema transparente y planeas comprar 300 camiones y publicas la información detallada de las unidades y del monto de la inversión se permite a la ciudadanía conocer el destino de los recursos. También de esta forma permites que los gremios opinen que los académicos hagan recomendaciones sobre cosas que podrían hacerse de una forma distinta y que podrían arrojar mejores resultados. Cuando las cosas se hacen bajo estos principios la gente puede controlar más a los funcionarios.
—Ha insistido en el tema de las licitaciones ¿Qué tanto empaña el destino de una inversión la falta de este proceso ?
—Esto no es un invento, se trata de normas internacionales para el manejo de dineros públicos. Hay que hacer licitaciones. Nadie tiene tanto poder como para imponer un contratista o controlar los pagos ¿Qué pasa? Si alguien hace el favor de hacer estas conexiones, más adelante lo cobrará y por eso es que las cuentas son mayores. Cuando los procesos son transparentes no hay que pagarle favores a nadie porque la gente compite.
Protocolos para rehabilitar lo que queda
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra deteriorado en sus tres ramas: generación, transmisión y distribución, debido a la falta de inversión que ha imperado en los últimos años. Mediciones del Comité de Afectados por los Apagones, presidido por Aixa López, indicaron que desde el 7 de marzo del 2019 hasta el 6 de marzo de este año se registraron 438.568 fallas eléctricas. El mismo movimiento reportó el 25 de agosto que en lo que va de año se han registrado 81.178 fallas.
En cuanto al servicio de agua, es preciso destacar que entre 1999 y 2000 se distribuían 147.000 litros de agua por segundo al país. Ahora es solo la mitad. La mayor falla en el sistema hídrico de la nación se presenta en la fase de bombeo, pues a las estaciones nunca más se les metió mano.
Notiveraz