Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se encuentra en la cárcel con una medida de aseguramiento solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos en relación con cargos de narcotráfico.
La Corte Suprema de Justicia entregó concepto favorable para esa solicitud y lo único que hace falta es la firma del presidente Gustavo Petro, que la semana pasada dio un mensaje claro para reformar la extradición de narcotraficantes que negocien beneficios jurídicos con el Estado y abandonen definitivamente el narcotráfico. «No serán extraditados», dijo el mandatario.
Sin embargo, el papel de Álvaro Córdoba en la historia de su hermana, la senadora que lo visitó en la cárcel La Picota durante la campaña, va mucho más allá de la solicitud de extradición de parte de los Estados Unidos y podría tener un nexo con la investigación sobre la relación de Córdoba, la política, y Álex Saab.
La Corte Suprema de Justicia investiga a Piedad Córdoba por su relación con el empresario barranquillero acusado de falsos negocios en Venezuela y de convertirse en una pieza central del gobierno del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para supuestamente hacer negocios privados que beneficiarían a Maduro, al propio Saab y al círculo más privado del gobierno en ese país.
Saab fue extraditado desde Cabo Verde y se encuentra desde hace varios meses en Estados Unidos retenido por las investigaciones de desvío de recursos en su contra. Pero, hasta ahora, la pregunta definitiva sigue siendo cómo llegó Saab a Venezuela y en qué consistió su relación con Piedad Córdoba.
De un momento a otro, Saab pasó de ser un empresario local de Barranquilla, que, además se encontraba en problemas económicos, a ganarse un contrato de 250 millones de dólares para construir casas y de ser el empresario estrella de los Cadivis, el organismo creado por el gobierno venezolano para administrar las divisas con la compra y venta de dólares y euros.
Las investigaciones que han hecho periodistas como Gerardo Reyes prueban que la forma en la que los empresarios de la talla de Saab pudieron llegar a Venezuela, fue a través de las relaciones que tenía Piedad Córdoba con el gobierno venezolano. Para octubre de 2010, la hoy senadora había sido inhabilitada por el procurador Alejandro Ordóñez, tras el hallazgo de información en los computadores de Raúl Reyes, luego descartados por la Corte Suprema.
En su labor como exsenadora, Córdoba se dedicó a ser una defensora de Derechos Humanos, un puente entre ambos gobiernos para la liberación de secuestrados y una persona que acercaba a empresarios colombianos que tenían intereses de negocios en Venezuela. El problema es que, hasta ahora, Córdoba ha dicho en todas las oportunidades en las que se le ha preguntado, que su intermediación con empresarios colombianos para llevar negocios a Caracas nunca tuvo una recepción de dinero como comisión o pago para ella o su familia.
La FM tiene en su poder una serie de comunicaciones inéditas entre algunos empresarios y Álvaro Córdoba que dan cuenta de que sí había interés de tener una parte en los negocios entre ambos países, aprovechando la cercanía de la senadora con el expresidente Hugo Chávez.
El 08 de noviembre de 2010 a las 11:56 de la mañana, el empresario farmacéutico Álvaro Gómez le envió un correo a Álvaro Córdoba explicándole en detalle cómo podría ser la participación de Córdoba en la conformación de un negocio en Venezuela a través de la empresa Humax Pharmaceutical. En el correo se lee: «ustedes serían el otro socio con un 25 % de participación».
«Buenos días Álvaro. Se adjunta la presentación corporativa y el portafolio de medicamentos de Humax Pharmaceutical S.A. Nos permitimos hacer las siguientes consideraciones acerca de cómo podría ser la alianza estratégica, para Venezuela inicialmente y luego Ecuador y Bolivia. Se constituye en cada país una sociedad. En Humax somos 3 socios, cada uno de los cuales tendría el 25 %. Ustedes serían el otro socio con el 25 % de participación.
Toda la inversión y/o capital de trabajo inicial que se requiera en cada país para que la sociedad, mejor la empresa, empiece a funcionar, es decir a facturar, será colocado, es decir, será prestado a la sociedad, por los accionistas de Humax, y quedara como un pasivo de la sociedad, el cual será pagado a los accionistas de Humax cuando haya disponibilidad de dinero», dice el correo.
Luego, agrega más detalles del procedimiento que permitiría la operación. «Entre estos gastos iniciales están la constitución de la sociedad, gastos notariales, gastos de abogados, capital suscrito y pagado, tramite de registros sanitarios de los medicamentos ante el Ministerio de Salud de estos países (honorarios de abogados), químicos farmacéuticos, gastos legales, registros de marca de los productos, diseño de brochures y en general, toda la papelería para presentar la compañía y los productos, mercadeo y publicidad necesaria para la presentación de la compañía ante los organismos estatales, cuerpo médico, químicos farmacéuticos, distribuidores de medicamentos, etc».
Para el 2010, producto de los choques entre Chávez y Uribe, Venezuela rompió relaciones con Colombia y puso en alerta la frontera. Por orden presidencial se prohibió el pago de divisas de importación de empresas colombianas, así como la importación de productos de Venezuela. Por lo que los empresarios que tenían intereses comerciales en ese país por deudas o negocios pendientes, tuvieron que acudir a alguien que pudiera acercarlos al Gobierno.
En ese correo, que también está en poder de autoridades judiciales colombianas, se probaría que, para el relacionamiento con los empresarios, habría un porcentaje que se pactaba como participación de los Córdoba en los negocios. Un año después, otro empresario, Álex Saab, se hizo multimillonario con todo tipo de contratos para la construcción de vivienda, los Cadivis y las cajas de alimentos CLAP.
La FM se comunicó con los abogados de Álvaro Córdoba, quienes aseguraron que darían una respuesta más amplia luego de comunicarse con él. «Con relación a ese tema, debo señalar que se trata de una situación que nada tiene que ver con el trámite de extradición a mi cargo; sin embargo, aclaro a usted que hasta la fecha de hoy don Álvaro Córdoba carece de antecedentes judiciales como se puede verificar en la página correspondiente», dijo la abogada Ludy Santiago.
Esta emisora revelará más correos de diferentes empresarios con el círculo de los Córdoba que demuestran un interés permanente de acercarse al gobierno venezolano, a través de la senadora del Pacto Histórico.
La pregunta sigue siendo si en efecto hubo pagos por intermediación, un capítulo que es investigado por autoridades colombianas por un posible tráfico de influencias.
Notiveraz