Con casi una veintena de detenidos en el último mes por trata de personas en Venezuela, las autoridades han puesto la lupa en este delito, un paso —según expertos— positivo, pero insuficiente, en un contexto de crisis migratoria, opacidad en las cifras y la falta de políticas públicas para atajar esta lacra.
De los 2,5 millones de personas en el mundo que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito computa como víctimas de trata, 174.000, al menos, fueron venezolanos, según determinó en 2018 —último reporte— la Fundación estadounidense Walk Free.
Con el objetivo de abordar este problema, ante un incremento de denuncias por parte de familiares de las víctimas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) creó las Coordinaciones de Investigaciones sobre Trata de Personas.A la fecha, se han desarticulado más de una docena de bandas dedicadas a cometer este delito en el país, donde esta misma semana fueron detenidos dos hombres y una mujer que trasladaban a las víctimas a Colombia.
UN ESPEJO DE LA CRISIS
La investigadora de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) Nicole Hernández explicó que el delito de trata de personas no es algo nuevo y que es un espejo de la crisis humanitaria que vive el país desde 2015.
«Estamos hablando que se agudizó esta práctica desde que empezó la emergencia humanitaria compleja y empezó la crisis socioeconómica en la población», indicó Hernández, quien señaló a las mujeres como principales víctimas .
Las detenciones recientes son para Hernández un «buen paso», pero no suficiente porque existe una «deuda súper importante en el Estado».
«Más allá de la información que puedan tener las mujeres, por supuesto la acción del Estado es fundamental, no solo en las detenciones, también incluso en la misma educación, porque la trata tiene que ver mucho con los roles de género que hipersexualizan el cuerpo de las mujeres y que las hacen, lamentablemente, rentables», agregó.
También, prosiguió, tiene que ver con la educación, el funcionamiento de los tribunales que tratan asuntos de violencia contra la mujer, las medidas que se toman para prevenir este tipo de violencia y la falta de información.
«No existen cifras oficiales disgregadas sobre el tema de violencia contra la mujer y específicamente de trata, no se conoce a ciencia cierta cuáles son los casos, donde están sucediendo, quiénes son las víctimas, cuáles son las edades de las víctimas», señaló.
MUJERES EN RIESGO
La directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Victoria Capriles, indicó a Efe que, en una crisis económica, todos son susceptibles de caer en estas redes, especialmente las mujeres, niñas, adolescentes y transexuales.
«Ser víctima de una red de trata (…) tiene mucho que ver con crisis humanitarias, crisis económicas como la que estamos viviendo en Venezuela, es decir, personas que necesitan generar mayores recursos, que necesitan apoyar a sus familias, que ven que en los trabajos que tienen no obtienen la remuneración deseada», sostuvo.
Por eso, exhorta a las mujeres a tener precaución con ofertas de trabajo, a través de redes sociales o de conocidos, que «suenan muy buenas para ser verdad», con grandes ganancias.
La ONU afirmó el pasado 30 de julio que el delito de trata de personas ha «acaparado» el ciberespacio, que brinda a los traficantes «numerosas herramientas para reclutar, explotar y controlar a las víctimas, organizar su transporte y alojamiento, publicitar a las víctimas y llegar a clientes potenciales».
Por tanto, cree necesario aplicar acciones de prevención y sensibilización sobre el uso seguro de Internet y las redes sociales así como la cooperación con el sector privado.
MIGRAR, UN FACTOR DE RIESGO
La migración también puede ser otro factor de riesgo para las mujeres, sobre todo cuando salen del país en condiciones de vulnerabilidad, por lo que el abordaje no solo se limita al Estado.
«Llegan al país de acogida, sea cual sea, y ahí las redes de trata también se aprovechan de comprar a venezolanas que están en una situación de especial vulnerabilidad (…) que no tienen cómo comer, que no tienen cómo pagar un alquiler, cómo pagar la educación de los hijos (…) que además están en otro país y no están regularizadas», dijo.
Capriles consideró que los países receptores deben «abordar este fenómeno a través de la Declaración de Cartagena de 1984 que reconocería a los venezolanos como refugiados y así ayudar a regularizar su estancia migratoria».
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