El presidente del oficialista Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) y diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, Orlando Pérez (PSUV), aseguró que no es parte de la política salarial de Nicolás Maduro desmejorar las condiciones de los trabajadores y atribuyó la causa de las reducciones sufridas por los empleados públicos en los montos de bonos y complementos salariales a «un sector burocrático que hizo caso omiso a la Ley Orgánica del Trabajo».
Lamentó que «después de todo el esfuerzo que se ha hecho en la recuperación económica, la salarización y el esfuerzo que hace el presidente (Maduro), no es posible que por «una mala visión técnica» se tome «una decisión diferente».
«La Central opina que el burocratismo debe asumir que hay una Constitución, que hay una Ley Orgánica del Trabajo y que hay unas convenciones que hay que respetarlas. Eso es lo que estamos diciendo desde la CBTS y que cuenta con el apoyo, por supuesto, de todos los trabajadores y del presidente principalmente».
Defendió la actuación del Gobierno que, al darse cuenta que la base de cálculo usada por la Onapre no era la correcta «corrigió», pero «desafortunadamente hay sectores que se aprovecharon para introducir el elemento político», se quejó el diputado del PSU
Insistió Pérez en que el «instructivo Onapre» y las tablas salariales que los gremios de empleados públicos han esgrimido como motivo de las protestas de calle, «no existe» y retó a los adversarios a que lo muestren.
También afirmó que quienes señalan a la Onapre en realidad apuntan atacar a la Vicepresidencia (Delcy Rodríguez) y al mismo presidente (Nicolás Maduro).
Pérez, también vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), reivindicó que el derecho a protestar por los salarios es exclusivo de los afiliados a esta central así como de los firmantes de las convenciones colectivas. Criticó que hay «oenegés, sectores y asociaciones que no discuten contrato, que no están en la ley, queriendo pescar en río revuelto»
Consultado sobre la denuncia que formuló el miércoles en redes sociales el dirigente sindical Pablo Zambrano, de haber sido despedido como empleado del Ministerio de Salud, Pérez, aunque insistió en que no conoce detalles sobre los motivos del despido de Pablo Zambrano, exmilitante de Primero Justicia, consideró que las decisiones «unilaterales» de un funcionario no ayudan a «la política de paz, de diálogo, de trabajo, de recuperar la economía» que promueve Maduro.
«Mira, si Pablo Zambrano es directivo de una organización sindical y se le está violando su derecho, por supuesto que hay que defender el derecho del trabajador. El patrono, unilateralmente no lo puede despedir, a menos que haya incurrido en alguna violación de la LOT. Un trabajador que tiene licencia, tiene estabilidad y protección (…) Hay que evaluar qué fue lo hizo ese señor de Personal (Ulises Rojas, director de RRHH) que, en vez de ayudar lo que hace es crearnos problemas que no tenemos.
Si el compañero (Pablo Zambrano) está activo en la nómina, es directivo (de un sindicato) y tiene inamovilidad laboral, le están violentando sus derechos. No conozco la decisión, pero, en principio, tiene fuero sindical según la LOT y la Constitución, habría que evaluar el caso y revisarlo. Depende de lo que sucedió. Creo que este no es el momento para tomar decisiones de este tipo».
Error de cálculo
Orlando Pérez relató cómo fue el proceso de revisión de las tablas salariales y explicó que se dio un «error en la base de cálculo» del bono vacacional por parte de la Onapre, ya que las cuentas se sacaron tomando en cuenta el salario aprobado en diciembre de 2021 y no con el aumento que entró en vigencia en marzo de 2022.
«Allí hubo una mala visión técnica por no evaluar ese impacto sobre las vacaciones y el aguinaldo. Fue un error en la base de cálculo, el aumento fue dado en el mes de diciembre y de allí viene el error y la molestia de todos los trabajadores (…) en el caso de la educación lo que hubo fue una reducción de la prima que habíamos logrado el 21 de julio; que del 10 % fuera el 25%, y la prima de jerarquía que la congelaron»
Recordó que 17 organizaciones sindicales firmaron convenios en julio de 2021 con el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, donde pidieron la reconsideración del salario; lo que ocurrió en ese mes y en diciembre.
Recordó que en marzo de 2022, luego de que la CBST introdujera una petición al mandatario Nicolás Maduro para un nuevo aumento de salario, que se hizo efectivo a los pocos días vía decreto, al parecer la Onapre no tomó en cuenta esta decisión del Ejecutivo sino que hizo los cálculos con base en el sueldo de diciembre.
Por ende, Orlando Pérez destacó que el impacto sobre la incidencia salarial «no fue considerado». Es decir, los cálculos de las vacaciones, aguinaldos y prestaciones. Pero tenían que esperar a que se pagara para poder hacer el reclamo correspondiente, el cual se ejecutó de «manera adecuada» ante los ministerios del Trabajo y de Educación.
Dijo que, en vista de que los cálculos hechos afectaban a todos los gremios más allá de los docentes de educación básica y universitaria, la CBST asumió el «rol protagónico» para liderar la petición.
Reconoció que los trabajadores están en su justo derecho de reclamar el pago completo de su dinero, pero subrayó que los reclamos los deben hacer quienes firmaron el convenio, no los demás.
Dijo que la Onapre es una oficina de ejecución y que no tiene un instructivo como tal, por lo que pidió a aquellos que hablan del instructivo que lo muestren y señalen dónde se estipula que van a quitar dinero de las vacaciones y el aguinaldo.
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