De acuerdo con los datos presentados por el procurador especial designado por el gobierno interino, su despacho tiene conocimiento de 201 procesos arbitrales y judiciales en el exterior, de los cuales 62 son arbitrajes por un valor estimado de al menos 15.000 millones de dólares y 139 son los juicios pendientes por un costo aproximado de 24.000 millones de dólares
El procurador especial designado por el gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, presentó un balance de su gestión y recalcó la advertencia sobre la necesidad de que el Parlamento electo en 2015 apruebe con urgencia un presupuesto para la atención y seguimiento de los litigios pendientes de la República en el exterior, así como para el pago de las deudas de las ocho firmas de abogados que ejecutan acciones en tribunales internacionales.
En una sesión especial de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 vía Zoom, Sánchez Falcón destacó en su comparecencia -la cual solicitó en varias oportunidades- que su despacho, a cargo de la defensa y representación de los intereses de la República y sus entes descentralizados, está frente a lo que califica de «universo de litigios muy grande», cuyo número de demandas tiende a aumentar a medida que pasa el tiempo.
De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, su despacho tiene conocimiento de 201 procesos arbitrales y judiciales en el exterior, de los cuales 62 son arbitrajes por un valor estimado de al menos 15.000 millones de dólares y 139 son los juicios pendientes por un costo aproximado de 24.000 millones de dólares.
«De Los arbitrajes tenemos muy poca información. Conocemos de la existencia de 62, pero deben ser muchos más; la información de esos 62 es insuficiente (…) en relación a los juicios, se tienen más datos (…) estamos hablando de millardos de dólares, cantidades astronómicas que significarían para Venezuela la posibilidad de evitar esas demandas», dijo Sánchez Falcón.
Según los cálculos que presentó el funcionario, la República tiene compromisos legales que atender por un monto aproximado de poco más de 40.000 millones de dólares frente a una inversión que, incluyendo los montos de deuda a las 8 firmas de abogados y lo pagado hasta el momento con la aprobación de la Asamblea Nacional, incluida la gestión del procurador José Ignacio Hernández, es de 63,6 millones de dólares.
«Estamos utilizando algo que no llega a 0,16% de la cantidad que está en litigio», añadió Sánchez Falcón.
Los casos prioritarios para la República, según detalló el funcionario, suman aproximadamente 24.000 millones de dólares. Entre esos procesos se cuenta la demanda de la empresa energética estadounidense ConocoPhillips, que reclama activos de Citgo en un laudo arbitral que solicitó originalmente por 30.000 millones de dólares y que, según Sánchez Flores por las gestiones de la procuraduría especial, se logró rebajar a 10.000 millones de dólares.
En torno al caso de ConocoPhillips, el funcionario añadió que el próximo mes de septiembre habrá una audiencia en la que se discutirá la nulidad del laudo arbitral, un proceso en el que, considera, la República puede salir beneficiada, sin embargo, la firma de abogados Curtis, a cargo de ese proceso, solicitó el pago de sus honorarios, por 4.803.519,92 dólares, para continuar con sus labores.
«Los abogados que nos están representando están en capacidad de demostrar que el laudo se dictó prácticamente frente a la indefensión de Venezuela, en consecuencia, hay que agotar todos los recursos para anularlo (…) tenemos una deuda con los abogados que es necesario pagar: quiero alertar y llamar la atención de los diputados de que el pago de esa deuda con la firma Curtis debe atenderse porque corremos el riesgo que desatiendan el juicio», explicó el funcionario.
Entre los demás procesos judiciales que destacan por los montos de las demandas, están los tres casos de la empresa minera Crystallex, por 1.200 millones de dólares; el litigio de la también minera Rusoro Mining, por 1.360 millones de dólares y la nulidad de los bonos PDVSA 2020, por 1.925 millones de dólares.
Deudas que requieren de pagos urgentes
El monto de la deuda con los ocho escritorios de abogados que atienden diversos procesos de juicio y arbitrajes en el exterior es de $18.787.316,66, según los datos presentados por Sánchez Falcón, quien advirtió que aparte de la firma Curtis, otras dos, como lo son Hogan Lovells y Sullinva & Cromwell, a cargo de procesos legales de la República en suelo estadounidense, solicitaron el pago de honorarios, por $3.636.119,45 y $2.577.412,47, respectivamente, para continuar con sus labores o de lo contrario se retirarían.
«Han anunciado su decisión de retirarse si no se les pagan los honorarios, eso sería grave. Los invito a tomar las decisiones que correspondan, en ese sentido, para que podamos seguir adelante con esta labor», añadió el funcionario.
Hasta el momento, los pagos de la República a firmas internacionales de abogados, mediante el gobierno interino, totalizan 44,8 millones de dólares, de los cuales $16.360.910,01 corresponden a la gestión de Hernández, mientras que $28.467.996,20, a la administración de Sánchez Falcón.
Una de las conclusiones presentadas por el procurador especial en la solicitada comparecencia de este jueves ante la Comisión Delegada fue que no existen excusas para demorar más la aprobación de un presupuesto para el seguimiento de los litigios. «Es una responsabilidad legal e histórica del gobierno interino y de la AN».
Asimismo, ante las limitaciones económicas, propuso que la Asamblea Nacional de 2015 evalúe la opción de contratar una firma especializada en litigios internacionales, que ayude a definir una estrategia tras un análisis del contexto para la atención de los procesos arbitrales y judiciales que la República debe enfrentar.
«No tenemos los recursos para actuar como abogados venezolanos (…) muchas de las demandas de arbitrajes se plantean por montos excesivamente elevados, por lo que se hace necesario diseñar una estrategia global para rebajar esos montos o al menos para garantizar la representación del gobierno interino», explicó.
El presidente de la Comisión Delegada, Juan Guaidó, agradeció Sánchez Falcón por su comparecencia y rendición de cuentas, y añadió que el informe del procurador será entregado a la comisión respectiva para su evaluación.
«Básicamente, ha tratado de defender deudas, denuncias, arbitrajes, producto de la dictadura, años de saqueo del régimen (…) el respaldo que usted hace el día de hoy a la República que resiste para nosotros es central.
Le agradezco haber arriesgado su prestigio, su familia, por la persecución de la dictadura, por lo que hoy está en el exilio», dijo Guaidó.
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