Desde agosto de 2015, tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela ordenado por Nicolás Maduro, una elevada cantidad de industrias y comercios, más que todo del lado venezolano, se fueron a la quiebra y bajaron sus santamarías.
El 4 de julio con la firma del «Acuerdo de Frontera» dirigido por la patronal venezolana Fedecámaras y el Comité Intergremial del Norte de Santander, se establecieron una serie de puntos con los que se busca mejorar la amarga situación que se vive en la zona y recuperar el intercambio comercial de más de 7 mil millones de dólares que existía para el año 2008; sin embargo, expertos consideran que no se analizó la seguridad jurídica ni económica para los negocios.
Destacan que las decisiones que han venido tomando el gobierno venezolano hablan por sí solas, pues consideran que el cierre o la apertura de los pasos formales se realiza a conveniencia.
«Se cambia de proceso de integración regional por una decisión inconsulta del presidente, se permite y prefiere el transporte binacional o transfronterizo de bienes por los caminos irregulares y no por las vías formales, o se permite el paso comercial por unas regiones y se impide por otras, de manera absolutamente discrecional», denunció.
En el acuerdo, los gremios tanto de Táchira como de Norte de Santander, destacaron que instarán a las autoridades de ambos países para que se promueva y se ejecuten políticas públicas que permitan la industrialización de la frontera, además que se consolide el proceso de integración regional con la finalidad de que haya un desarrollo pleno.
Para el exembajador de Venezuela en Colombia, Pavel Rondón, en estos momentos la frontera no cuenta con las condiciones ideales que se plantean en el acuerdo, pues del lado venezolano se carece de recursos, de servicios básicos, inversiones en materia tecnológica y de vialidad, situación que en lugar de atraer posibles inversionistas extranjeros, puede llegar a espantarlos.
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