Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los activos de Venezuela en el exterior, empresas estatales y miembros del gobierno chavista se desdibujan cada vez más.
Ahora, la Administración de Joe Biden devolvió al productor de fertilizantes Monómeros, filial de Pequiven que opera en Colombia, la licencia para retomar las transacciones internacionales restringida desde 2017, recuperada cuando Juan Guaidó tomó en control en 2019 y condicionada a la restructuración de la empresa desde la intervención de Supersociedades de Colombia el año pasado.
La compañía celebra el “voto de confianza” que le permitirá reanudar sus actividades comerciales con el aval de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, por lo menos hasta junio de 2023. Desde su cuenta en Twitter, la empresa atribuye el logro a la “perseverancia y la fuerza de la familia Monómeros”.
El mensaje de Monómeros en la red social abre interrogantes sobre cuál será su destino administrativo, considerando que está bajo el control del opositor Juan Guaidó –quien aún cuenta con el reconocimiento de la Casa Blanca–, pero el próximo 7 de agosto, el izquierdista afín al chavismo, Gustavo Petro, asumirá la Presidencia de Colombia con el propósito de “normalizar las relaciones” con Venezuela.
¿De cuál lado estará Petro? En la afinidad ideológica e intereses está la clave. Petro y Guaidó no tienen ninguna coincidencia, lo cual descarta que mantenga el apoyo que la Casa de Nariño le brindó durante el mandato de Iván Duque, quien deja en orfandad diplomática al dirigente de Voluntad Popular en tierra neogranadina. Pero el tablero político es amplio y complejo.
Petro tiene en la mira a Monómeros
Uno de los planes de Gustavo Petro es “construir una economía productiva basada en la agricultura, la agroindustria y la industria”. Para concretar esta promesa se propone acabar con los “latifundios improductivos”, impulsando una “reforma agraria que garantizará el derecho a la tierra”. Monómeros resulta vital para sus propósitos. La empresa controla 46 % del mercado de fertilizantes en Colombia, ocupa el puesto 179 en la lista de las compañías más grandes del país con 1.107 billones de dólares en operaciones y 58.236 millones de dólares en ganancias.
La operatividad le conviene. Sigilosamente lo admite. “Otro problema inmediato es Monómeros. La asfixia financiera que ha sufrido esta empresa la tiene paralizada y los fertilizantes los estamos importando a tres veces el valor”, dijo Petro en una entrevista reciente sin mencionar que ya busca un empalme con la compañía. Según El Heraldo, su activista de campaña en Sucre y exmilitante de la Unión Patriótica, Rodrigo Ramírez, es su ficha para manejar la “transición” de Monómeros.
Juan Guaidó y su entorno presienten lo que parece inevitable: Petro desconocerá su desvanecida figura de presidente interino y, al hacerlo, la junta administrativa ad hoc –encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, Jean Paul Dugarte Ortiz, Fernando Mariano Paredes Niño y Guillermo Salvador Pérez Chesnau– saldrá inmediatamente.
Enrique Sánchez Falcón, procurador especial designado por Guaidó, reconoce que el arribo de Petro al poder podría facilitarle el retorno del control a Nicolás Maduro porque la estatal Pequiven –de la cual depende Monómeros– está a cargo de Pedro Tellechea Ruiz, un funcionario designado por Miraflores.
Nada bueno pasaría si sus sospechas son ciertas porque Maduro decide con discrecionalidad. En 2018 tenía a Ronald Ramírez como presidente de Monómeros, en cuyo historial hay vínculos con las empresas de Álex Saab, el empresario colombiano preso en Estados Unidos por lavado de dinero.
“Tenemos que estar conscientes de que Monómeros se perdió con las elecciones de Colombia, a la Pequiven de Maduro le va a bastar simplemente decir como accionista, plantear una reestructuración, designar a la persona y tomar posesión”. Sus declaraciones divulgadas por el Diario Las Américas son explícitas.
Rodríguez Laprea, gerente general de Monómeros, intenta evitarlo al ofrecer un “diálogo” a Petro porque quiere “aportar con toda la voluntad” al despliegue del programa “Colombia alimentaria” del líder del Pacto Histórico que tiene censados a cuatro millones de productores.
Esta aparente disposición la demostrará con siete foros que dictará en las ciudades de Palmira, Ibagué, Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Florencia y Bogotá para promover el “mejoramiento del campo colombiano”.
Pero quizá sea poco para convencer a Petro cuando este activo venezolano que opera desde los dos puertos más importantes de Colombia, el de Barranquilla frente al mar Caribe y el de Buenaventura a orillas del océano Pacífico, representa otro presunto capítulo de corrupción de la gestión de Guaidó.
Sólo el año pasado Monómeros enfrentó tres escándalos: la firma de un contrato desventajoso para la empresa, la crisis financiera que provocó su intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y la supuesta contratación de empresas vinculadas con la familia de Leopoldo López.
EEUU podría revisar su decisión si la empresa vuelve a manos de Maduro
Un cuarto escándalo se asoma cuando el diputado de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015, José Luis Pirela, denuncia en Twitter que “Rodríguez Laprea y la junta directiva guisan la venta de galpones, infraestructura y varios muelles con salida al Caribe. Raspan la olla”.
En declaraciones el parlamentario de la Fracción 16 de Julio insistió en que “hay grupos interesados en ponerle la mano a la sociedad portuaria de Monómeros, que es un área marítima con infraestructura fundamental”.
Advierte la “necesidad de sanear y relanzar a Monómeros con una restructuración de la junta directiva, convocando a un concurso de credenciales para evitar los repartos políticos e incorporación de gente sin perfil ético y la auditoría externa con una empresa acreditada de ranking confiable”.
Cree que “si Maduro recupera el control administrativo de Monómeros, la OFAC puede revisar la decisión de la licencia para suspenderla, ratificarla o revocarla, pero eso es una decisión del gobierno de Estados Unidos y de nadie más”.
Un desafío diplomático para Petro
Estados Unidos tensa el panorama porque la entrega de la licencia a Monómeros hasta junio de 2023 tiene algunas condiciones, entre ellas, que no estará autorizado «el débito de cualquier cuenta bloqueada, la entrada de cualquier sentencia u orden que efectúe una transferencia de bienes bloqueados, o la ejecución de cualquier sentencia contra bienes bloqueados».
Tampoco permite las transferencias o recepciones de fondos o propiedades de forma directa o indirecta por parte de individuos cuya propiedad o intereses en la propiedad estén bloqueados.
El funcionamiento está claro. Si Petro destrona a Guaidó desataría su primer impase con Washington por entregar la empresa a Maduro, pero mantenerse neutral también es posible. Se ahorraría una polémica con escala internacional mientras la empresa produce lo que necesita para apalancar el “cambio económico” que vociferó en campaña. De hecho, Monómeros provee a 40 % de los productores colombianos, a 70 % de los caficultores y exporta a 50 países sus productos.
Para José Luis Pirela, «la licencia de la OFAC es un requisito indispensable para los negocios de Monómeros, pero no es suficiente para generar confianza en la banca colombiana y tampoco constituye ningún certificado de inocencia sobre las investigaciones que pesan sobre la junta directiva en la Fiscalía colombiana y en el parlamento».
Sin embargo, una delegación del gobierno de Joe Biden está en Caracas para continuar las conversaciones de la “agenda bilateral” con Maduro con el propósito de «avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz”.
¿Qué se acordará con respecto a Monómeros? ¿Qué trato le dará a Guaidó el nuevo gobierno colombiano si el estadounidense ya lo hace a un lado?
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