Sobre los miembros de la ONG pesaban medidas sustitutivas de detención y con el sobreseimiento de su causa queda «olvidado» todo el proceso en su contra.
Un tribunal del estado Zulia otorgó el sobreseimiento al caso de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo, quienes tenían medidas cautelares desde febrero de 2021, informó este martes la organización.
«Juzgado cuarto del Zulia otorga sobreseimiento en el caso de los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo con libertad plena, sin medidas cautelares y dejando constancia de la transparencia en el trabajo de esta organización», indicó la ONG en una publicación en sus redes sociales.
Ese mismo tribunal ordenó el 14 de enero de 2021 la prisión preventiva contra los cinco miembros de la organización que opera en el estado Zulia.
La misma se dedica a la prevención del VIH y a la promoción de la salud sexual.
Sus activistas fueron acusados por la Fiscalía por el «manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales».
Los activistas, nombrados por Amnistía Internacional (AI) como «presos de conciencia», fueron liberados bajo una medida de presentación ante tribunales cada 30 días en febrero de 2021.
Luego de conocerse la noticia del sobreseimiento, el abogado Joel García reclamó porque, si bien están libres, los activistas fueron víctimas, al ser acusados por delitos que no cometieron.
«Y cómo queda la reparación a estas víctimas, cómo queda el Ministerio Público que les atribuyó unos delitos que no se cometieron y por ello los mantuvieron bajo medidas de coerción personal por largo tiempo. Persecución y represión es su divisa», afirmó García, en su cuenta en Twitter.
El sobreseimiento de la causa significa que no se va a continuar con la investigación ni con el proceso judicial, y la persona queda en plena libertad. También cesa cualquier medida en su contra, de manera que no hay que seguir cumpliendo algún régimen de presentación o alguna otra medida dictada por el tribunal.
La polémica
El caso generó polémica, pues antes se registraron allanamientos a otras ONG, como Alimenta la Solidaridad, que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela, y Caracas Mi Convive, enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas.
La ONU también había pedido la liberación inmediata de los cinco miembros de Azul Positivo.
La directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, explicó que en los últimos tres años se han incrementado las agresiones contra activistas de derechos humanos y organizaciones humanitarias.
«En 2019, registramos 135 agresiones; esta cifra se duplicó en 2020 con 303 y en 2021 el Centro para los Defensores y la Justicia registró un incremento de 145 % con 743 agresiones, y entre enero y abril (de 2022) ya hemos superado otras 100», afirmó, en entrevista
Y cómo queda la reparación a estas víctimas, cómo queda el Ministerio Público que les atribuyó unos delitos que no se cometieron y por ello los mantuvieron bajo medidas de coerción personal por largo tiempo. Persecución y represión es su divisa. https://t.co/l76noEFUdd
— Joel García (@joelgarcia69) June 29, 2022
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