Por unanimidad, la Asamblea Nacional (AN) sancionó el 31 de marzo de 2022 la reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Corrupción, con la modificación de 27 de sus 101 artículos. Con esta se procura castigar el turbio desempeño de funcionarios en sus cargos, de la mano o no con particulares.
“Debe cumplirse con rigurosidad, con fuerza, con la firmeza necesaria en el cuidado de los bienes y los dineros públicos”, indicó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, al referirse a la reforma aprobada en una hora.
Sin embargo, la eficacia del mandato legal está por probarse. En 23 años de supuesta lucha contra el delito que socava el tesoro público, se ha registrado una nueva ley anticorrupción y dos reformas del texto, una por decreto, una decena de escándalos importantes sin investigar, y ningún avance, señalan abogados.
Mientras, Nicolás Maduro declara una lucha contra “la mafia hospitalaria” que ha ocasionado la “injusta” detención de 40 médicos, pero no una investigación sobre los recursos ingentes destinados al sistema de salud “paralelo”.
Especialistas sospechan que la ley reformada será, más bien, “un instrumento más de retaliación política ante la falta de institucionalidad” y un elemento adicional al repertorio de violaciones de derechos humanos.
Corrupción sin freno legal
Así, la Ley contra la Corrupción, publicada en Gaceta N.º 5.637 Extraordinario del 7 de abril 2003, que derogó la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (1982), fue reformada por Decreto Ley N.° 1410, mediante Habilitante, publicado en Gaceta N.° 6155 Extraordinario, del 19 de noviembre de 2014. Y creó el Cuerpo Nacional de Prevención, Inteligencia e Investigación contra la Corrupción, del cual nada se sabe.
Esta ley fue modificada por la actual publicada en Gaceta Oficial N.° 6.699 del 2 de mayo. La AN electa en 2016 aprobó en primera discusión un proyecto de Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, pero la ANC frenó su sanción.
Esta última contemplaba “promover la educación contra la corrupción y los valores de ética pública y moral administrativa en los ciudadanos”. Sin embargo, el reproche social efectivo contra la corrupción no ha podido lograrse, señala el jurista penal Alberto Arteaga. «A pesar de ser notorios, los hechos de corrupción no llegan ni al 2 % de los casos penales denunciados ante la fiscalía. Y no hay ningún pez gordo condenado por hechos graves”.
Altos índices de corrupción
Especialistas descartan que la nueva reforma de Ley de marzo pasado tenga efectividad en la reducción del delito contra el patrimonio nacional. Y se basan en el “récord” alcanzado en los últimos años.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, publicado en enero por Transparencia Internacional, Venezuela ocupó el lugar 177 de los 180 países. Solo por encima de Somalia (178), Siria (178) y Sudán del Sur (180). “Una caída significativa en los últimos 10 años”, señaló el reporte de la organización mundial que mide los niveles, en medio del deterioro de los derechos humanos y la democracia. “En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha reprimido a representantes de la oposición y a periodistas independientes. A lo largo de la última década, el país ha sufrido una caída considerable en el índice, con su calificación más baja hasta la fecha, 14 puntos, en 2021”.
Los resultados que se desprenden de la medición de niveles percibidos en el sector público, se dan en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
En diciembre de 2021, Transparencia Venezuela informó sobre la “magnitud de la corrupción” registrada en las últimas dos décadas, a través del Corruptómetro. Esta es una herramienta interactiva desarrollada conjuntamente con la Alianza Rebelde Investiga (ARI).
En esta segunda edición, fijó en 316 los casos de desfalco al patrimonio público, ocurridos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Del total de los casos, 108 procesos se iniciaron por fiscalías y parlamentos de 21 países. “Estados Unidos figura como el país con mayor número de causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados por redes sofisticadas en 48 tramas criminales. Le sigue Argentina, con 15 casos”.
En abril pasado, esta organización reportó que las cifras del Ministerio Público actual, pese a que ha asegurado que castigar la corrupción es una prioridad, no evidencian haber superado las actuaciones de años pasados. Esto, de acuerdo con datos de Suprema Injusticia.
Entre 2017 y 2018, la CIDH daba cuenta de “altos niveles de corrupción” que permeaban la debilitada institucionalidad en Venezuela, apoyada en reportes de organizaciones no gubernamentales, como Provea y Cepaz.
El registro de casos abarca desde el affaire del extesorero Alejandro Andrade, pasando por Odebrecht, hasta el Clap.
Cambios insuficientes
Las organizaciones Transparencia Venezuela y Acceso a la Justicia coinciden en que las modificaciones en 27 artículos de la ley contra la corrupción recién sancionada, entre las cuales se encuentran elevadas multas en divisas y condenas de prisión más prolongadas, son insuficientes.
También establece el principio de corresponsabilidad de funcionarios que custodien los bienes públicos, y la suspensión hasta 18 meses de los cargos, sin goce de sueldos.
“Este tipo de medidas han mostrado ser claramente insuficientes”, enfatizó Transparencia. “Prueba de ello es que desde 2017 hasta 2021 Venezuela ha visto cómo su imagen, como territorio fértil para las irregularidades administrativas, ha aumentado”.
Además, destacó la confusa redacción. Si bien las multas aumentaron entre 50 y 500 unidades tributarias a 100 y 1000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central “no se precisa cuál es el tipo de divisa que la CGR debe emplear para aplicar la sanción y abre las puertas para que se utilicen distintas en distintos casos”.
Acceso a la Justicia, en su análisis, expresó “dudas razonables” de la eficacia de la ley y del freno de la dilapidación de recursos venezolanos. “Una de ellas es que desde 2017 hasta 2021 Venezuela no solo no ha mejorado su imagen como país corrupto, sino que ha visto cómo la misma ha empeorado y hoy es considerado como uno de los países más afectados por este flagelo mundial. Estos datos confirman que el problema no parece ser el marco legal, sino la incapacidad de las autoridades para aplicarlo”.
De saludo a la bandera a arma de retaliación
Arteaga, por su parte, apuntó que los textos, inclusive la Ley Orgánica de Salvaguarda, han sido “un saludo a la bandera” en la lucha anticorrupción.
“Los grandes escándalos de corrupción carecen de culpables, no hay funcionarios sometidos a verdaderas investigaciones imparciales y las denuncias sobre hechos que pueden ser probados y sus responsables castigados, concluyen en el silencio ominoso de la impunidad, en un exilio dorado o el olvido propio de los venezolanos”. Y agregó que mientras tanto, los funcionarios públicos honestos carecen de todo reconocimiento y son en ocasiones víctimas de persecución “por no ceder al poder”.
Ante la falta de efectividad, el jurista no duda de que el nuevo instrumento legal sirva más bien “para sancionar a los enemigos del Gobierno o a sus amigos caídos en desgracia”.
“La corrupción no se combate con textos legales. Se hace con la formación y estímulo al valor de la honestidad y transparencia en la gestión pública y a la conciencia del ciudadano. De otra manera, la reforma de ley de 2022 será un texto de exhibición y, como ha sido usual, un arma política de propaganda y de retaliación”.
NotiVeraz