Actualmente, hay 26 mujeres, entre militares y civiles, detenidas por motivos políticos. A ellas se les han violado todos sus derechos.
La persecución política en Venezuela ni cesa ni se corrige. Así lo evidencia la última investigación de la ONG Justicia Venezolana que estuvo orientada a monitorear y analizar la situación de las mujeres víctimas de persecución y prisión por motivos políticos.
Según esta investigación, pareciera que ser mujer es una especie de flagelo en las mazmorras de los organismos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, donde lo que priva es no solo la violación de los derechos humanos y garantías procesales, sino de todo lo inherente al género.
Sistemática e inflexible
Lilian Camejo Gutiérrez, directora de la ONG explicó que al profundizar en los procesos que involucran mujeres tanto civiles como militares, se encontraron que en la actualidad hay 26 mujeres procesadas por motivos políticos.
«Se evidencian todas las irregularidades e ilegalidades que se comenten contra los perseguidos políticos en el país», sumado a torturas y tratos crueles que no solo afectan su cuerpo, sino su condición de mujer.
Detalla que el informe que «son 18 mujeres civiles y 8 pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sometidas a procesos judiciales irregulares, con retardos procesales expresados en años, acusaciones írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios».
De estas mujeres, «4 poseen medidas cautelares, en su mayoría por situaciones relativas a
su salud física. 2 se encuentran condenadas, 1 por acogerse al procedimiento por admisión de hechos y 1 por haber sido declarada culpable como la única vía para otorgarle la libertad».
En total, 16 mujeres se encuentran vinculadas a casos políticos (magnicidio, Operación Gedeón, Operación Libertad), mientras que otras 10 son detenciones individuales.
En relación con el caso del intento de magnicidio del 2018 están detenidas: Emilendris Carolina Benítez Rosales, Ángela Lizbeth Expósito Carrillo, Yanín Fabiana Pernía Coronel y María Auxiliadora Delgado Tabosky. Ellas «llevan más de 3 años injustamente privadas de su libertad», dice el informe.
Por la Operación Gedeón están privadas de libertad: Ana María Pernía, Karen Hernández Rodríguez, Carla Da Silva Marrero, Marifrancys Marcano y Saimara Romero Armario. Esta última cumple una condena de 24 años por admisión de hechos. Pero, «fue sometida a intensa tortura».
De igual manera, están en proceso los casos de: Yolimar Alemán de Chaya y Andreína Alemán Castellano.
Procesos irregulares
Camejo advierte que «en todos los casos se encuentran sometidas a procesos judiciales irregulares».
Por ejemplo, «en alguna de las fases judiciales se les ha negado el acceso a sus abogados, se les mantiene en prisión preventiva por años sin juicio, sufren retardo procesal de años y sus acusaciones son írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios».
Destaca que, «en el caso de las mujeres civiles se da la agravante de que muchas se convirtieron en objetivo por tener vínculos afectivos y/o familiares con perseguidos políticos».
Violencia de género
Mientras, «a las mujeres militares se les detuvo luego de ser citadas para una entrevista y se les mantiene presas por años sin siquiera haber iniciado el juicio».
Camejo además destaca que «en varios casos existen denuncias por violencia de género, debido a abusos sexuales y abortos por golpizas. Así como la denegación de atención médica oportuna y acorde a las necesidades médicas de las presas políticas».
NotiVeraz