Médicos residentes e internos del hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, de Acarigua y Araure, en Portuguesa, se pronunciaron para rechazar la investigación penal que se inició contra seis de sus colegas por irrumpir a la emergencia del centro asistencial que está en remodelación, hecho ocurrido la madrugada del pasado miércoles.
Los médicos indicaron que sus compañeros ingresaron al área de emergencia a asearse, ya que desde que se iniciaron los trabajos de remodelación de lo que será la nueva emergencia y por las condiciones deplorables del resto de las áreas no cuentan con baños óptimos para hacer sus necesidades fisiológicas.
«Estamos reconociendo que los compañeros ingresaron a esa área, pero para asearse, y en ningún momento violentaron, hurtaron ni robaron nada», dijo a El Pitazo Hermicar Zavarce, médica residente y vocera del gremio.
Zavarce cuestionó el trato que autoridades policiales y gubernamentales dieron a sus colegas, a quienes han difamado, según indicó.
«Aquí no estamos amedrentando o llamando a paro, simplemente estamos pidiendo que se nos brinden garantías en el cumplimiento de nuestros derechos y condiciones dignas para atender a nuestros pacientes», manifestó la vocera.
Zavarce explicó que los trabajadores no cuentan con condiciones aptas para asearse. “No tenemos baño, ni siquiera para cubrir nuestras necesidades fisiológicas básicas, a pesar de que cubrimos desde 20 hasta 30 horas de guardia».
Los médicos usaron pancartas en las que exponían que la actuación policial fue una injusticia y un abuso de autoridad. De acuerdo con la minuta oficial del caso, los médicos fueron procesados vía ordinaria por la Policía del estado Portuguesa y el Ministerio Público al final de la tarde de este miércoles 18 de mayo, y sometidos a un interrogatorio.
A los profesionales de la medicina identificados como Diana Carolina Ramos Rodríguez, Yuliver Figueredo, Albanis Yunetzi Colmenárez Anular, Darío Enrique Monasterios Villegas, José Armando Sarmiento Rodríguez y José Vicente Sandoval Perdomo se les señaló de violentar la «nueva emergencia en su fase de equipamiento (…) haciendo daños al patrimonio público, hurtos y actos inmorales», según el reporte oficial del caso.
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