Las presiones que ejerza la administración de Nicolás Maduro dentro de la CPI también influirán en la decisión de si se avanza o no en la investigación por crímenes de lesa humanidad, aunque abogados consideran que al no consignar documentos a la Fiscalía, llevan las de perder.
La investigación Venezuela fue asignada a los jueces Péter Kovács, quien preside la SCP, Reine Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera.
En una comunicación, con fecha 20 de abril y publicada en la página web de la Corte Penal Internacional (CPI), el fiscal Karim Khan solicita a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I —que llevan el caso Venezuela I— continuar con la investigación, con base en el Estatuto de Roma, debido a que «Venezuela no adjunta ningún material de respaldo».
Ese material de respaldo que debía entregar la administración de Nicolás Maduro se refiere al plazo que otorgó la misma Fiscalía en enero de 2022, y que vencía el 16 de abril, para que se respondiera por los avances en investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos y que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
«En cambio, se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación y posteriormente», dice el fiscal británico sobre la respuesta del Gobierno, a través del canciller Félix Plasencia.
Tras esta solicitud, la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) solo tiene dos opciones: autorizar o no el seguimiento de la investigación. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explica que esta decisión puede tomarse en días, semanas o meses. «No hay un lapso establecido».
Uno de los escenarios que prevé Daniels es que la administración de Nicolás Maduro dilate el proceso con solicitudes directas ante la Sala. Esta cuestión ya había ocurrido con la antecesora del fiscal Khan, la gambiana Fatou Bensouda, cuando se introdujo una solicitud de control judicial por supuesta parcialidad y poca cooperación entre las partes durante la etapa de examen preliminar.
«Seguramente introducirán nuevos escritos ante la Sala complementando lo que entregaron al fiscal. Luego de eso le queda a la Sala decidir (…) Sería bastante sorprendente que no lo autorizaran, pues la Sala tendría que decir que en Venezuela sí se está haciendo justicia mientras el fiscal ha dicho exactamente lo contrario. Al final, en la Corte Penal, el peso de la Fiscalía es muy importante», aclara el director de Acceso a la Justicia.
En este punto coincide Mariano de Alba, experto en derecho internacional y consultor de Crisis Group. «Habrá que ver si en la tramitación de la incidencia las autoridades de Venezuela aportan mayor documentación que convenza a la Sala de Cuestiones Preliminares que se difiera la investigación. Pero en estas circunstancias, es más probable que la Sala autorice la continuación».
Otra cuestión importante, y que resalta de Alba, es la posibilidad de que la SCP reciba a los representantes legales de las víctimas (todos de acuerdo en que continúe la investigación y se amplíe el tiempo y los delitos investigados) tras la solicitud del mismo fiscal Khan.
«Al margen de este minijuicio que será fundamental para que la Sala determine si Venezuela ha cumplido sus obligaciones de investigar y enjuiciar conforme al Estatuto de Roma, el fiscal Khan dice que pretende continuar la relación de cooperación con las autoridades venezolanas», dice.
Esta cooperación viene, tanto con base en la complementariedad que orienta la misma CPI, como el memorando de cooperación técnica firmado entre la administración Maduro con la Fiscalía.
También se espera la instalación de una oficina de la Corte en Caracas, tras la autorización de marzo, con el objetivo de proveer asistencia técnica al sistema de justicia venezolano «para que ellos puedan llegar a la altura (judicial)», en palabras de Karim Khan.
¿Quiénes son los jueces de la CPI?
La CPI está compuesta de varias Salas de Cuestiones Preliminares (SCP), que se encargan de revisar las actuaciones de la Fiscalía. Todos los jueces que participen en ellas deben tener experiencia en procedimiento penal.
La investigación Venezuela fue asignada a los jueces Péter Kovács, quien preside la SCP, Reine Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera.
En el caso de Kovács, se graduó de Leyes en Hungría, su país natal, e hizo estudios en Francia. Formó parte de la Corte Constitucional de esa nación y además sirvió como diplomático.
En marzo de 2015 fue incorporado plenamente a la CPI, tras el proceso de selección de ese año, y actualmente participa en más de 20 casos tanto en SCP como en Salas de Primera Instancia.
La jueza Reine Alapini-Gansou, originaria de Benin, presidió la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y además fue Relatora Especial de Naciones Unidas -donde ha desempeñado diversos cargos- sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en África.
Al fondo a la derecha, el juez Péter Kóvacs, a su lado la jueza Reine Alapini-Gansou
Tras ser electa en diciembre de 2017, inició funciones como jueza de la CPI en junio de 2018. En la ONU también formó parte de la Corte Permanente de Arbitraje.
Mientras que la jueza Socorro Flores Liera, mexicana de origen, es una de las recientes adiciones de la CPI —aunque no es una desconocida en la institución— pues asumió sus funciones en mayo de 2021.
Flores Liera también sirvió como diplomática de su país, especialmente como representante permanente ante Naciones Unidas y otras organizaciones con base en Ginebra. Fue vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos en el año 2020. 
Tomando juramento, la jueza Socorro Flores Liera
«Como miembro de la delegación mexicana, la jueza Flores Liera estuvo muy involucrada en el proceso que condujo a la creación de la Corte Penal Internacional desde 1995, incluyendo en particular las negociaciones que condujeron al Estatuto de Roma y a la adopción de los Elementos de los Crímenes y Reglas, de Procedimiento y Prueba. Posteriormente se desempeñó como la primera Jefa de la Oficina de Enlace de la Corte en las Naciones Unidas en Nueva York, coordinando los contactos entre las dos organizaciones», destaca la Corte en su página web.
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