La directora de la ONG Human Rights Watch (HRW) en funciones para las Américas, Tamara Taraciuck, espera que la nueva oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) que se instalará en Venezuela realmente sea usada para recabar pruebas e investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad de los que se acusa al Estado venezolano y «no coopere en los intentos de reformar la justicia venezolana».
Taraciuk cree que la visita del fiscal general de la CPI, Karim Khan, a Venezuela fue «controversial» porque se sabía muy poco sobre el propósito de la reunión con las autoridades de nuestro país y resaltó el rechazo por parte de ese organismo del intento ejecutado por la administración de Nicolás Maduro en detener la investigación, alegando que se estaban haciendo esfuerzos en pro de dar justicia con mecanismos venezolanos.
Para la directora de HRW para las Américas es «clave» que la Fiscalía de la CPI pueda escuchar a las víctimas de violaciones a DDHH y a las ONG que están interesadas en que se haga justicia, detallando que en la última visita de Khan al país no hubo una reunión con estos sectores sino solo con el Ejecutivo.
«Es importante que de acá en adelante se tenga en cuenta la situación de las víctimas, de sus familiares, de las ONG que trabajan juntos para recabar evidencia», manifestó en entrevista concedida a VPI.
Detalló que supuestamente solo se reunieron con el sector oficial porque es con ellos con quienes se negocia las condiciones para abrir la oficina de la CPI, pero sí resaltó que se debió hacer un esfuerzo para dar a conocer sus acciones en el país.
Aclaró que por el momento se debe esperar a que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tome la decisión de continuar con la investigación en el caso Venezuela I, por lo que dijo que actualmente la misma se encuentra detenida.
Resaltó respecto a la oficina en Caracas de la CPI que hay dos caminos por los que anda el proceso: uno, concerniente a la investigación que se sigue al Estado y el otro, los esfuerzos de cooperación con las autoridades para asistir en los esfuerzos para reformar la justicia.
En ese sentido, Tamara Taraciuck cree que las medidas tomadas por las autoridades venezolanas «no sirven» porque se ha registrado un daño en la justicia desde 2004 y pocos procesos no resolverán todos los problemas.
Detalló que el «intento» de tener un TSJ de 20 magistrados no funcionará porque el Comité de Postulaciones está compuesto por diputados de una Asamblea Nacional electa en 2020, que según su opinión, fue un proceso cuestionado por la comunidad internacional y que no hay garantías de la elección de integrantes que puedan actuar de manera independiente.
A su juicio, la CPI debe propiciar la investigación y aprovechar la oficina en Caracas para tener acceso a los expedientes de los casos, a los centros de detención y otras instancias para profundizar en sus pequisas, lo que le permitirá tener evidencia de los supuestos crímenes de lesa humanidad de los que se acusa al Estado venezolano.
De igual forma, recordó que se investigan responsabilidades individuales; lo que da a entender que se puede establecer la responsabilidad de los autores materiales de cualquier violación a los DDHH y también a quienes componen la cadena de mando.
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