Hasta abril, se han totalizado más de 60 feminicidios, entre los que destacan 3 crímenes que involucran a 1 niña y 2 adolescentes como víctimas y a 3 varones menores de 17 años como agresores.
Dos semanas después del crimen, la fotografía del cuerpo ensangrentado de Ángela Causil sigue circulando en redes sociales. Más que la crudeza de las imágenes, a los usuarios les impacta que la víctima solo tenía 11 años, era una niña, y fue abusada sexualmente y apuñalada en el intento por su vecino de 15 años.
El hecho ocurrió el martes 12 de abril, en Barinas, y un día después la historia aparecía en todos los medios de comunicación. Ese día, autoridades policiales informaron del esclarecimiento de este crimen y también del de Zaida Milennys Lascarro, otra jovencita de 16 años, asesinada por su novio también de 16 años, en Valencia, estado Carabobo.
Ambos son los femicidios más recientes conocidos en el país, perpetrados por menores y cuyas víctimas también eran menores.
En un monitoreo de los primeros 4 meses del año sobre casos de violencia de género y abuso sexual, que terminaron en homicidios, 3 de las víctimas son niñas y adolescentes, y los agresores no pasaban de 17 años. De la data del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y los casos publicados por El Pitazo, se calculan más de 60 asesinatos de niñas, adolescentes o mujeres registrados en el primer trimestre de este 2022.
Los casos
1.- El 4 de enero, Yusselit Alexandra Chacón Parra, de 17 años de edad, fue abusada sexualmente y luego estrangulada en el interior de su vivienda, ubicada en el sector Marín de San Agustín, en el Distrito Capital. Al parecer, sus padres viajaron a Colombia y la dejaron sola. El presunto victimario también era un adolescente de 17 años, vecino de la joven, a quien apodaban “el Kobe”, y que fue linchado un día después.
2.- El homicidio de Ángela Causil ocurrió en el barrio Corralito, sector Los Caobos, parroquia Ramón Ignacio Méndez, en la zona baja de la capital llanera, el martes 12 de abril. La víctima fue hallada ensangrentada, sin signos vitales y con claros signos de haber sido abusada sexualmente.
“Esperó que mi tío saliera de la casa para saltar la pared y meterse por detrás. Él declaró que solo quería violarla, pero mi prima empezó a defenderse y él sacó un cuchillo y le hizo lo peor que le pueden hacer a una niña: le cortó sus cachetitos, sus bracitos y la apuñaló, y la violó”, escribió la prima de Ángela en sus redes sociales.
El presunto homicida, de 15 años, fue apresado 24 horas después y el Tribunal de Control N° 1 con competencia en Responsabilidad Penal del Adolescente del estado Barinas acordó medida privativa de libertad por femicidio en contra de la menor.
3.- El 13 de este abril, el director general del Cicpc, Douglas Rico, informó de la captura de un adolescente de 16 años de edad, señalado de asesinar a su novia Zaida Milennys Lascarro, de 16 años. De acuerdo con lo publicado, la pareja de adolescentes se encontraba en el Distribuidor Los Caobos, Valencia, estado Carabobo, donde sostuvieron una discusión.
El muchacho acusaba a la joven de haberle contagiado una enfermedad de transmisión sexual. En medio de esa pelea, el adolescente atacó a su novia con un arma blanca y huyó. Residentes del sector avisaron a las autoridades respecto al hecho ocurrido y el joven fue arrestado.
Otros hechos de abuso y violencia de género cometidos por adolescentes han salido a la luz en lo que va de año y, por supuesto, causado conmoción en la población. El 28 de febrero, en la parroquia La Aparición del municipio Ospino, en Portuguesa, un obrero fue asesinado a puñaladas por un adolescente cuando intentó defender a una mujer que este maltrataba a golpes. La víctima fue identificada como Ypólito José Pérez Mendoza, de 41 años.
En Táchira, municipio Pedro María Ureña, 6 de abril se informó sobre la detención de 3 adolescentes -entre 14 y 17 años- por haber drogado y, posteriormente, abusado de una niña de 12 años. Los hechos habrían ocurrido dentro de la unidad educativa en la que estudia.
Evaluación del entorno
Para Abel Saraiba, psicoanalista y coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), las cifras de niños y adolescentes como infractores de la ley penal, tanto en Venezuela, como en el mundo, es siempre inferior, por mucho, comparado con la participación de los adultos; sin embargo, reconoce que hay un incremento y que representa un reflejo de la sociedad actual.
«Que niños y adolescentes participen como actores de delitos nos muestra una sociedad que ha sido incapaz de protegerlos adecuadamente, porque la violencia no es algo natural del ser humano, sino que es aprendida. Cuando los vemos actuando como agresores y, de hecho, en delitos tan graves como homicidios, estamos ante la presencia de niños y adolescentes que, casi con toda seguridad, han sido víctimas de violencia, que han estado expuestos a malos tratos y que han podido, incluso, vivir bajo condiciones de negligencia que lleven a tomar este tipo de acciones», explica.
El experto sostiene que, en la actualidad, el país no ofrece alternativas de formación, de ocupación laboral o espacios para el desarrollo de proyectos de vida para los niños y adolescentes.
«Hay que revisar en qué entorno se producen estos hechos, porque generalmente este tipo de acciones delictivas suceden donde hay altos niveles de pobreza y niveles importantes de difusión social«, expresa, agregando que existe una falla de los adultos en su rol protector.
«Tenemos una ruptura del tejido social que, de alguna manera, impide que otro tipo de valores ciudadanos puedan expresarse y nos alerta y nos alarma. Que niños y adolescentes estén teniendo una participación activa en este tipo de fenómeno es porque evidentemente hay una degradación del tejido social que termina por impactar en los más vulnerables», expone.
Responsabilidad compartida
Saraiba recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar un adecuado sistema de protección a la niñez y a la adolescencia, tanto en lo preventivo como en la respuesta frente a vulneraciones de derechos. «Esto implica la responsabilidad penal que puedan tener los adolescentes, que son los imputables. El delito en adolescente requiere un abordaje distinto, socio pedagógico, que permita garantizar una reinserción social».
Advierte, además, que el Estado debe desarrollar una campaña nacional de prevención de la violencia, asegurar oportunidades de educación y condiciones de vida adecuadas para niños y adolescentes, y una restricción y control del uso de armas por parte de la población civil. «No solo debe limitarse a responder cuando estos eventos han sucedido».
En cuanto a la responsabilidad de la familia, indica que esta también debe asegurar la debida orientación y la protección de los niños y adolescentes, entendiendo que hay la necesidad de erradicar los métodos violentos en la crianza. «Muchas veces nos preguntamos por qué actúan con violencia sin detenernos a evaluar de qué forma los hemos criado».
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