El ex embajador Raúl Morodo, que fue nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para representar a España en Venezuela entre 2004 y 2007, ataca a la Policía que investiga sus corruptelas.
Este hombre de confianza de Zapatero, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por blanquear 4,5 millones de euros saqueados a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), arremete contra los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) porque, expone, se «violó» su intimidad en esta causa que, tras años de investigación judicial, se ha recopilado la información suficiente que acreditaría la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
En un escrito, Raúl Morodo expone que «las pruebas que incriminan» a su cliente «vulneran el derecho a la intimidad» y solicita al juez Alejandro Abascal que se exceda de sus funciones e investigue las fuentes que confesaron a la Policía las corruptelas del embajador de Zapatero.
«La indeterminación y las indiscutibles incertidumbres que existen en torno a la procedencia de tales elementos probatorios apuntan a que se obtuvieron con vulneración del derecho fundamental a la intimidad de los investigados, y los efectos previstos en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen, a nuestro respetuoso entender, la incoación de una pieza separada para el esclarecimiento y la determinación del origen de las citadas fuentes de prueba», subraya.
Saqueo a PDVSA
El abogado, que reconoce la veracidad de las pruebas que demuestran los delitos cometidos presuntamente por el ex embajador, culpa a los policías de una supuesta «intrusión de primera magnitud en la esfera privada de los investigados, en la medida en que los movimientos bancarios analizados proyectaban una imagen completa del desenvolvimiento de su vida».
Los agentes, con un acertado criterio, comprobaron la veracidad de las informaciones que estaban investigando para, posteriormente y siguiendo el curso de los procedimientos, dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción que presentó una querella contra los investigados.
Los principales investigados en esta causa son Raúl Morodo y su hijo Alejo, así como las sociedades Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L. y Furnival Barrister Corp, S.A por la recepción de fondos procedentes de PDVSA entre febrero de 2012 y febrero de 2015. El dinero que recibían lo justificaron con facturas falsas de supuestas asesorías realizadas a la petrolera estatal y también ocultaban los fondos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales o sociedad offshore.
Alejo Morodo, hijo del ex embajador, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de PDVSA asegurando que eran fruto de una «herencia familiar» de sus abuelos terratenientes.
Así consta en el formulario que Alejo Morodo firmó en Ginebra el 17 de abril de 2008 para abrir la cuenta del Credit Suisse 0251-1435769-6, que gestionaba a través de la sociedad offshore panameña Furnival Barristers Corp. En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron nueve transferencias recibidas por Aequitas en su cuenta en el Banco de Sabadell, ocho de ellas provenientes de PDVSA y una procedente de Furnival Barristers Corp, S.A.
Estas transferencias de PDVSA se explicaban que se habían materializado a través de dos cuentas de la compañía venezolana en el Banco Espíritu Santo (Portugal).
Fuentes judiciales consultadas explican que «los delincuentes pretenden revertir la situación y culpar a los investigadores por haberles cazado y averiguar sus corruptelas». Además, aseguran, «pretenden iniciar una cruzada contra aquellos que confesaron y colaboraron en la investigación» al solicitar que los agentes informen «cómo, cuándo, a iniciativa de quién y a través de quién» han obtenido la información.
Además, hay que destacar que el artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a las autoridades policiales, genéricamente, facultades de «averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos».
En la misma línea se expresa el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice así: «La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente».
«Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al juez o tribunal», añade.
Sin duda, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también ampara las facultades de investigación de la Policía.
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