La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) indica que Venezuela debe adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia por las protestas de 2017.
Al cumplirse cinco años de las protestas de 2017 en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al gobierno de Nicolás Maduro a reconstruir la independencia judicial del país.
En una nota publicada este martes 5 de abril en el sitio web de la CIDH, se indica que Venezuela debe adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia por los hechos sucedidos.
En el texto se recuerda que «el 28 y 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó las decisiones 155 y 156, que suspendieron las facultades de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes discrecionales al Poder Ejecutivo – calificadas por la CIDH como una usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular».
El resultado: las protestas
Para los especialistas, esta situación fue calificada como una ruptura del orden constitucional, lo que originó las protestes a nivel nacional que se extendieron por cuatro meses (entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017).
«El uso excesivo, ilegítimo e indiscriminado de la fuerza resultó en 133 personas fallecidas; 4 mil heridas; más de 5 mil detenidas arbitrariamente y 600 civiles presentadas ante la jurisdicción penal militar; así como casos de tortura y violencia sexual contra mujeres detenidas».
Al pasar cinco años de estos acontecimientos, el organismo internacional no ve avances sustanciales en las investigaciones por la falta de independencia judicial, lo que obstaculiza los procesos de reparación y memoria.
Esta valoración la hace citando a la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que «documentó presiones contra jueces penales sobre cómo decidir casos relacionados con las protestas, así como injerencias contra los fiscales que se rehusaban a cerrar los expedientes de las protestas o que querían procesar a los rangos superiores en la cadena de mando».
Todo ello además ha impulsado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que abra una investigación al respecto en Venezuela.
NotiVeraz