La Asamblea Nacional de Maduro, de 2020 de mayoría oficialista llevará a cabo este jueves 30 de diciembre una sesión extraordinaria para iniciar la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de disminuir el número de magistrados que integran las diferentes salas del organismo.
Aunque no se informaron los detalles de la modificación a la normativa legal, para varios analistas consultados, esta reforma no implica un cambio significativo sobre el organismo para que retome su independencia y autonomía. No obstante, consideran que muy posiblemente se trate de algún punto de negociación con representantes de los partidos de oposición con miras a un nuevo ciclo de reuniones en México.
Sostienen, además, que el inicio de su discusión ya implica una violación a los procedimientos, puesto que no se llevó a cabo la consulta pública sobre los lineamientos de esa reforma legal.
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que la Constitución venezolana se limita a señalar cuáles son las salas que constituyen el TSJ, pero no establece el número de magistrados que la conforman. Esto ha quedado al criterio del legislador y por ello es que han ocurrido los cambios en el número de integrantes. En consecuencia, dijo, no habría que modificar la carta magna para ello y basta solo con reformar la ley del máximo tribunal.
Recalcó, sin embargo, que con este instrumento jurídico ocurre lo mismo que con las anteriores leyes que han sido modificadas por esta AN, es decir, no ha sido consultada por los diferentes actores de la sociedad civil.
«Ya, a partir de este punto, observamos un vicio de procedimiento. La AN está convocando a sesiones para la reforma de la ley, pero sin la consulta debida a universidades, colegio de abogados y sociedad civil, ya es una violación a los procedimientos, pues la Constitución exige que las leyes se aprueben luego de una discusión pública sobre su contenido», afirmó.
Daniels espera que en la sesión convocada para este 30 de diciembre, no implique su aprobación inmediata. «Habrá que esperar cuál será el cronograma de discusión de la ley, para ver si se cumplen con los procedimientos respectivos».
El TSJ cuenta actualmente con 32 magistrados entre principales y suplentes, de los cuales la Sala Constitucional está conformada por siete jueces y las salas Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Penal y Casación Social por cinco cada una.
El número de magistrados del TSJ ha sido sujeto de manipulaciones por los factores de poder en el país, basado más en una razón política que en un motivo de mejora de la administración de justicia. Vale recordar cuando, en 2004, el entonces presidente Hugo Chávez impulsó la ampliación de la composición del organismo de 20 a 32 miembros. Mientras que en 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora planteó aumentar la cantidad de magistrados para equilibrar fuerzas del máximo tribunal, pero al final se desechó la propuesta.
El exparlamentario Nelson Chitty La Roche —abogado conocedor del derecho constitucional y docente en la Escuela de Estudios Políticos de la UCV— coincide en que la reducción del número de magistrados puede hacerse perfectamente con la modificación de la Ley Orgánica del TSJ y «de acuerdo al título 5 de la Constitución y en particular el capítulo primero, así como el 203 de la carta magna, donde se establecen los términos en los cuales puede legislar la Asamblea Nacional con el carácter de orgánico, vale decir, una ley orgánica y su reforma».
A su juicio, modificar el número de magistrados «no cambia al mundo y probablemente vaya en la dirección correcta de disminuir el tamaño del Estado y específicamente del Poder Judicial, pero no observamos un elemento trascendental o significativo y mucho menos positivo».
Afirmó Chitty La Roche que el incremento en el número de magistrados del TSJ resultó ser una maniobra política-institucional, que emprendió Hugo Chávez con el objetivo de mantener bajo su control la administración de justicia en el TSJ, al colocar a personas que le eran consecuentes y leales.
«Esta nueva reforma lo que nos dice es que estamos en presencia de otro giro institucional que, sin embargo, no cambia nada. Lo que se viene haciendo con la designación de los magistrados es donde radica la vulneración de la Constitución y donde radica el sesgo pernicioso del control sobre la justicia«, apuntó el jurista.
Alí Daniels sostiene que no tiene trascendencia si son más o menos magistrados, ya que el problema radica en que no se cuenta con un Tribunal Supremo independiente e imparcial y que no se prevé tenerlo mientras sea electo por una Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
«No observamos una verdadera intención de un cambio sustancial. El elefante de la cristalería del Poder Judicial es que los jueces se nombran a dedo y han sido elegidos en procedimientos que no siguen la Constitución. El número de magistrados no es un tema sustancial de reforma del Poder Judicial», dijo.
Para el director de Acceso a la Justicia, la medida corresponde a un «cambio cosmético» que al final no redunda en cambios sustanciales.
«Una hipótesis sobre esta decisión podría ser que, al reducir el número de magistrados, se está reduciendo también la cuota que podría negociarse con la oposición en las conversaciones en México. El gobierno estaría jugando adelantado para un posible acuerdo con los partidos de oposición representados en la mesa de negociación», acotó.
El activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, afirmó que para elegir magistrados debe cumplirse con el procedimiento establecido en la Constitución, por lo que la ley que se reforme debe someterse a consulta y ser el resultado de un amplio debate y consenso.
Apuntó, además, que una reforma del TSJ basada en designar magistrados «por simpatías políticas y no credenciales profesionales, no garantiza justicia adecuada e independiente».
Un estudio realizado por Acceso a la Justicia demostró que los tribunales colegiados con más de tres miembros son más ineficientes. Daniels recordó que cuando se aumentó el número de magistrados a 32, el entonces presidente de máximo tribunal, Iván Rincón, justificó la ampliación al señalar que el organismo sería más eficiente, pero sucedió todo lo contrario.
«El tema es que no se está haciendo ese cambio por esta razón sino por motivos políticos. Al Tribunal Supremo a pesar de ingresarle menos causas, no se ha puesto al día en las salas donde hay más congestión, como la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa que son justamente las que conocen casos contra el Estado. La demora judicial es parte de una política de Estado cuando se trata de demandas contra justamente el que controla el Poder Judicial, es decir, el Poder Ejecutivo», insistió Daniels.
Aunque vario analistas han señalado en sus cuentas de Twitter otras motivaciones políticas sobre esta medida, entre ellas una posible negociación de «entregar» a cambio la gobernación de Barinas al oficialismo, otros resaltan que obedece a una decisión obligada dada la investigación por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
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