La exfiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, ofreció una entrevista al diario español El Mundo en la que recordó su huida del país y las acciones que tomó luego de que Nicolás Maduro la destituyera de su cargo, para que la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara la investigación contra su administración.
Ortega dijo que el 16 de noviembre 2017 interpuso una denuncia ante la CPI, la cual estaba acompañada de más de 1.900 elementos probatorios sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 venezolanos «por parte de organismos de seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017, en su mayoría gente humilde».
«Fue una limpieza social, como la denominó Maduro en una ocasión, una política pública para el exterminio de personas que habitaban en las zonas más deprimidas de las principales ciudades», refiere El Mundo, en palabras de Ortega Díaz.
La exfiscal también ha denunciado «los asesinatos de 131 personas cometidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado bajo las ordenes de Nicolás Maduro» durante las manifestaciones de abril a junio de 2017. «El ciudadano que participaba en una protesta pasaba a ser un enemigo, un objetivo militar», afirmó.
«En posteriores ampliaciones presentamos pruebas relacionadas con la tortura y homicidio del concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros, así como de otras torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades», expresó la exfiscal venezolana.
Ortega destacó que recientemente se puso a disposición del fiscal de la CPI Karim Khan para colaborar en la investigación.
Califica además las actuaciones del régimen de Maduro como «terrorismo de Estado (…) En mi país se militarizó la seguridad ciudadana y se autorizó el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones, lo que trajo como consecuencia el asesinato de cientos de personas. Sembraron miedo en la población con ejecuciones, torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y violaciones, entre otros actos inhumanos”.
Ahora España
Luisa Ortega Díaz decidió trasladarse a España porque en Colombia no se consideraba a salvo de las represalias. Tenía a su disposición «un fuerte dispositivo de seguridad», pero la frontera entre ambos países es «amplia y porosa», lo que suponía «un riesgo activo» para su vida. Optó inicialmente por Colombia porque mantenía viva «la esperanza de retornar pronto», pero desde España se encuentra «más cerca» de La Haya, lo que facilita el impulso de la denuncia ante la Corte Penal Internacional.
Ortega responde, en referencia a la resistencia del Gobierno de Pedro Sánchez a considerar Venezuela una dictadura, que en su país «se ha consolidado una autocracia desde que se decidió romper el orden constitucional (…) Es un país donde constantemente se violan los derechos fundamentales de la gente ¿Cómo puede calificarse a un régimen que hace esas cosas? De algo estoy segura: una democracia no es. Un régimen de libertades, tampoco. Es un estado criminal, término que acuñó tan acertadamente Hannah Arendt».
Ortega elude calificar la actitud del ex presidente José Luis Rodriguez Zapatero, que mantiene una estrecha relación con Maduro, pero le traslada públicamente su deseo de «tener una conversación con él para intercambiar impresiones sobre Venezuela» porque «el restablecimiento del orden democrático requiere el concurso de todos».
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