Autoridades de Países Bajos respondieron el lunes 13 de diciembre a la denuncia hecha por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de que supuestamente Amsterdam le impedían cumplir los compromisos adquiridos por el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI). Al respecto, la nación europea explicó que el viaje fue pospuesto debido a razones de seguridad.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos explicó que la medida obedeció a que aún hay unos «asuntos pendientes» respecto a la autorización de seguridad del avión que Rodríguez usaría para viajar a La Haya, el cual sería de Conviasa.
Hay que recordar que Conviasa y sus aviones están sancionados por el gobierno de EEUU, al igual que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sobre quien pesan penalizaciones también por la Unión Europea, y Países Bajos es uno de los que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, así como también es uno de los acompañantes en la mesa de negociaciones en México.
Sin embargo, y a pesar de esto, el portavoz de la Cancillería de Países Bajos recuerda que ese país “ha concedido una excepción a las existentes sanciones de la UE con el único propósito de que asista a una reunión en las instalaciones de la CPI”.
El gobierno neerlandés está en contacto directo con las autoridades venezolanas para facilitar el viaje de la vicepresidenta Rodríguez, añadió la fuente, mientras que no se especificó cuál sería la nueva fecha para que se ejecute el viaje de la alta funcionaria venezolana a la sede de la CPI.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseveró el lunes 13 de diciembre que el Reino de Países Bajos negó el permiso de vuelo a un avión de Conviasa que trasladaría a una delegación gubernamental para una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en La Haya.
“Los Países Bajos han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación, lo han impedido, han puesto condiciones de imposible cumplimiento”, aseguró Delcy Rodríguez en una alocución.
Es importante recordar que en 2018, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien también está sancionado, estuvo presente en el 20° aniversario de la CPI y entonces se explicó que el alto tribunal tiene un convenio firmado con el gobierno neerlandés para permitir excepciones siempre y cuando la visita se limite a visitar las instalaciones.
Jorge Arreaza, cuando era canciller, acudió también a La Haya para introducir una demanda en la CPI contra EEUU por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad contra Venezuela debido a las sanciones. El caso actualmente está siendo evaluado y recibe el nombre de Venezuela II.
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