Los DD-HH comprenden todos los aspectos que necesita una persona para llevar una vida plena, sin discriminación y amenazas en su contra de ningún tipo. Pero la crisis social, económica y política en Venezuela no ha sido la más propicia para el disfrute de los derechos humanos.
Fallas de servicios públicos, violación a normativas jurídicas y un Gobierno de corte autocrático son el caldo de cultivo perfecto para violentar a la población no en uno, sino en múltiples aspectos.
En los últimos años, las violaciones al derecho a la vida y la integridad se han intensificado, bajo la excusa de “protección” por supuestos hechos terroristas, confrontación política y aumento de la criminalidad. Las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales a través de operativos de seguridad y el encarcelamiento a opositores han aumentado desde las protestas antigubernamentales de 2014.
Fue a partir de 2017, a través de decenas de informes de organismos como Naciones Unidas, la OEA y ahora por medio de una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que se presume de la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Ante esta situación, las organizaciones Defiende Venezuela, Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad decidieron hace poco más de un año constituir la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red CLH), con el objetivo de recabar la mayor cantidad de denuncias para sustanciar la investigación en la CPI.
Maximiliano Ponce, abogado y parte del equipo jurídico de la Red CLH, explica que el proceso de identificación y documentación de víctimas se hace desde hace meses. “Tenemos ya identificadas de forma viable unas 116 víctimas, sobre las cuales se está haciendo la elaboración de sus expedientes”.
– ¿Esa identificación de víctimas es un proceso propio o con apoyo de ONG como Foro Penal?
—La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad es una iniciativa de tres organizaciones: Defiende Venezuela, Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad. Entre ellos, los investigadores voluntarios han buscado, identificado diferentes víctimas que han salido con la diáspora para conocer sus casos y ver si se configuran como violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Luego, el equipo de abogados se ha unificado para hacer el análisis correspondiente a cada una de estas historias, realizar las entrevistas, hacer el conteo, llevar la información a las actas y profundizar los expedientes.
Trabajamos con estas organizaciones porque tratamos de evitar la doble documentación. Procuramos que estos casos sean inéditos para apoyar la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
– ¿Dónde está su mayor campo de acción para documentar casos? ¿Dentro o fuera del país?
—Se trabaja por igual. Trabajamos con distintos nodos a nivel internacional, tenemos uno en Colombia, otro en España, en Argentina, pero también tenemos el nodo de Venezuela. Dentro del país es complicado pues la seguridad para discutir este tipo de casos en el país se ha vuelto más complicado.
Al principio estaba planteada para recoger los crímenes que habían vivido personas parte de la diáspora, pero vimos que también había necesidad de documentar los que están dentro del país, los investigadores lo han logrado para poder llevar este nuevo conteo a la CPI.
– ¿Cómo es ese plan para identificar y documentar las víctimas de violaciones dentro del país? Tomando en cuenta las amenazas desde el Estado
—La metodología per se es simplemente recibir a través de nuestro correo documentacionclh@sinmordaza.org o a través de nuestros nodos en estos países, que se conforman por diferentes activistas que por medio de entrevistas y contacto directo consiguen a estas víctimas. Luego de esto se hacen entrevistas virtuales, con seguridad digital verificada, y escuchamos los alegatos de las víctimas, nos declaran lo que han vivido. Posterior a eso se hace el llenado del acta para poder realizar los expedientes.
Lo que buscamos es que las víctimas, dentro o fuera del país, no deban ‘trabajar’ más allá de contarnos lo que sucedió. Nosotros hacemos el trabajo para evitarlos, por ejemplo a los que están dentro de Venezuela algún peligro, y aquellos que están fuera el revivir ese proceso traumático que significa ser víctima de un crimen de lesa humanidad
– ¿Qué hacen luego con estas denuncias? ¿Las plantean a escala nacional? ¿Van a engrosar la investigación de la CPI?
—Estamos trabajando con diferentes instancias internacionales. El foco principal es llevar todos estos casos a la Fiscalía de la Corte Penal y, específicamente, a la Oficina de Atención de Víctimas de la CPI pero eso no ha excluido que estemos trabajando con el sistema interamericano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Panel de Expertos de la OEA, quienes también están trabajando un estudio sobre crímenes de lesa humanidad, con mayor atención en el tema de la complementariedad. Esto último es lo que está en boga en el caso venezolano y podría evitar que altos funcionarios sean acusados por la Corte por la firma del memorando de entendimiento.
– Para algunas víctimas y familiares que sus procesos de obtener justicia se tarden es doloroso y desmotivador, ¿cómo manejan las expectativas en esos casos?
—Lo principal que hacemos al tener contacto con una víctima es aclararle que la justicia internacional tarda, pero es segura, en algún momento da resultado. El manejo de las expectativas entre los defensores de DDHH y para quienes trabajamos en documentación de violaciones y crímenes de lesa humanidad es bastante importante.
En Venezuela el sistema de justicia no funciona, y a nivel internacional es muy difícil que se de justicia porque se le da al Estado la buena fe de que cumple con los tratados internacionales. Entonces el proceso de investigación lleva muchísimo tiempo. El examen preliminar en el caso Venezuela I duró tres años, y a pesar de que duró tres años, es uno de los exámenes preliminares que menos ha durado en la historia de la CPI. Se tiene pensado que quizás el proceso de investigación formal y juicio puede durar otros años más.
Por eso le dejamos claro a las víctimas que el apoyo que nos dan es importantísimo para lograr justicia para Venezuela pero la vida debe continuar, porque al final tarda.
– En una nota de prensa mencionan que continúa ese gran desconocimiento de la población de cuáles son sus derechos humanos. De qué es lo que puede o no hacer, por ejemplo, un policía durante un operativo. ¿Sigue igual?
—Sí, claro. Algo que sucede es que se ha normalizado mucho la violación de derechos humanos en Venezuela. En el país la violación es tan sistemática, continuada y generalizada que el que haya una violación de libertad de expresión o que, por ejemplo, metan preso a alguien que escribió algo en redes sociales ya lo vemos tan normal o cotidiano que ha dañado ese concepto al venezolano de que puede hacer algo, protestar, denunciarlo ante el sistema de justicia.
Por ese desconocimiento y esa normalización de qué son mis derechos, cómo los puedo ejercer, de cómo los puedo hacer valer y en dónde, ha hecho que haya una poca afluencia de denuncias en algunos casos.
También priva el miedo. Es complicado que una persona pueda contar a viva voz lo que ha sucedido y cómo lo ha vivido por temor a represalias. Es normal. Hemos visto que el Estado ha tomado represalias. Al final es un conjunto de cosas que ha llevado al venezolano, incluyendo el desconocimiento de sus derechos, el miedo, a denunciar poco.
– Dentro de esos 116 casos que ya tienen identificados. ¿Han evidenciado que hay algún crimen que se repite más que otro o hay una violación multifactorial en esos casos?
—Algo que hemos podido observar a lo largo de la investigación y entrevistas es que la tortura se mantiene muy presente, al menos en los casos de detención arbitraria y persecución. Es desgarrador escuchar a estas personas, contar lo que han vivido y cómo lo han superado.
Con cada caso y nuevo entrevistado tenemos un nuevo parámetro para evaluar el comportamiento y la actitud del Estado frente a la dignidad y el respeto a las personas como criterio internacional.
– ¿Qué expectativas manejan sobre el memorando de entendimiento firmado con la Fiscalía de la CPI?
—Hemos visto desde hace muchísimos años que hay una falta completa de actitud por parte del Estado para hacer o llevar justicia directa a las personas. Ahora tampoco hay capacidades.
Hoy en día el sistema de justicia está tan corrupto que no hay manera que pueda generar una verdadera justicia para los afectados, además por el número de casos y lo reiterativo que ha sido en el tiempo.
Con respecto al memorando de entendimiento, debemos entender que el Estado venezolano se comprometió a llevar justicia y enjuiciar a todos aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad para que así la Corte Penal Internacional no tenga que conocer de estos casos. 
Foto: Twitter Nicolás Maduro
Algo que el fiscal Karim Khan ha dicho mucho es que esta Corte es un ‘anexo’ del sistema de justicia de cada país, es un acompañamiento. Si los tribunales del Estado tienen la capacidad y la voluntad para poder juzgar, entonces el Estado puede hacerlo de forma independiente porque se cree en la buena fe.
Lo que Venezuela prometió hacer es llevar justicia. Lo que nosotros hemos visto, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, y para lo cual estamos trabajando es hacerles ver esos informes, esos reportes que establece el Estado de cuántas personas han juzgado, y que lo han hecho simplemente como parte de una cadena de complicidad para no juzgar a los verdaderos máximos responsables de estos crímenes, y que por tanto no hay una verdadera justicia.
– A finales de noviembre el fiscal Tarek William Saab aseguraba que 41% de los funcionarios acusados por violación a DDHH este año han sido condenados, ¿estas acciones son suficientes para sancionar efectivamente este tipo de delitos y que la CPI crea que se está cumpliendo las obligaciones del caso?
—No. Sucede que cuando se hace esta mención que hay 41% de victimarios que han sido juzgados, no se terminan de dar los detalles de cómo han sido estos procesos y qué va a ser de estos juzgados, si se les da un trato especial o situaciones de ese estilo.
Por eso el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es demostrar. Demostrar que a pesar de que hay un supuesto proceso que está revirtiendo este comportamiento anterior del Estado, que no juzgaba entre otras cosas, pues se debe demostrar que en estos supuestos juicios en realidad no están llevando justicia verdadera a las víctimas porque hay tratos preferenciales o no se cumple las condenas.
Recordemos que en informes internacionales, tanto de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela, el Panel de Expertos de la OEA o de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, se ha hablado de nombres específicos de altos mandos que también son responsables.
Es decir, se ha generado un indicio para conocer quiénes son los máximos responsables, y esa investigación debe generarse desde la Fiscalía de la CPI, que es un organismo confiable, de sí en efecto se están juzgando a las personas que se deben juzgar.
NotiVeraz