73 asesinatos en manos de policías o militares se realizaron en Venezuela solo en el mes de noviembre en todo el país, donde la mayoría de los casos podrían haber sido ejecuciones extrajudiciales.
Activistas por los derechos humanos han notado un aumento de este tipo de casos, razón por la cual han decidido visibilizar un registro mensual de las muertes potencialmente ilícitas a manos de funcionarioes de seguridad.
“La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado… La regla de empeñamiento de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FANB, en procedimientos de seguridad, parece ser disparen a matar, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad”, señala Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano.
Sostuvo que el principio de legítima defensa ha sido «desvirtuado». Sucre, Zulia, Monagas, Miranda y Distrio Capital son las entidades con mayores incidencias de personas «neutralizadas»
El Estado Sucre es el de mayor incidencia, por el asesinato de 22 presuntos integrantes de la banda “Tren del Llano”, en el marco de un operativo efectuado a partir del 7 de noviembre pasado, en el sector San Juan de las Galdonas, en el municipio Arismendi de dicha entidad federal, en una operación conjunta entre efectivos de la FANB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección Contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE), así como la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), del cual aún no se tienen cifras exactas, pues las autoridades no rindieron declaraciones sobre los resultados de la operación.
En el registro seguido por Control Ciudadano en el mes de noviembre de este año, aparecen involucrados la GNB/CONAS en el 40 % de los casos, Policía Nacional Bolivariana (PNB)/Policías Regionales, en el 33 % de los casos y el CICPC en el 27 % de los casos, siendo menor la participación de otros órganos del Estado como el Sebin.
Los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos de “abatidos” tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales, estimulándose un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país.
La ONG hizo un llamado a los órganos competentes para investigar estos casos para determinar responsabilidades y frenar este flagelo.
NotiVeraz