La PNB lleva 12 años en funcionamiento, y casi desde el principio se convirtió en un referente de terror más que de confianza para los venezolanos; al agregarle las FAES como cuerpo élite, la situación de este cuerpo ha empeorado.
Desde su creación, en el 2009, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se convirtió en un cuerpo alejado del deber ser de este tipo de institución. Con unos 20 mil hombres en sus filas y con las FAES como brazo ejecutor, se usa para sembrar terror, sin cumplir con el objetivo de combatir la delincuencia.
El periodista de sucesos, Javier Ignacio Mayorca, publica en su blog un análisis mediante el cual destaca que las «reformas» policiales implementadas, tanto por Higo Chávez, como por Nicolás Maduro, no han servido para mejorar esa situación.
Tanto, que el 11 de octubre, «Delcy Rodríguez emitió una resolución mediante la cual se otorga un lapso de seis meses para finalizar la reestructuración de la PNB. El mes pasado, el Ejecutivo ya debía haber entregado el nuevo organigrama del principal cuerpo de policía preventiva del país». Pero, esto no ocurrió, refiere Mayorca.
«Una de las razones para explicar este retraso es el cambio del titular en Relaciones Interiores y Justicia, en agosto. Es claro que el nuevo ministro, Remigio Ceballos, no estaba empapado sobre los detalles de un proceso que él debía conducir».
Pero ese no es el problema de fondo. El comunicador señala que «lo que más preocupa es el control del principal cuerpo civil armado del país. Aunque su pie de fuerza ha disminuido considerablemente, es probable que actualmente supere los 20 mil hombres».
Los inicios y su deformación política
Desde su fundación, en 2009 este cuerpo era «el ejemplo de lo que debía ser el nuevo modelo policial”. Con uniformados que privilegiaran las tácticas de prevención, prestando más atención a la resolución de problemas. Además de «un trabajo de proximidad con las comunidades. Mientras tanto, la represión a los delincuentes quedaría bajo la responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas», refiere.
Pero, el especialista señala que «la primera deformación con clara intención política la introdujo Hugo Chávez, cuando promovió un cambio a la Ley del Servicio de Policía. El único propósito era conferir un apellido a ese cuerpo: Bolivariana».
Este cambio, que algunos podrían ver como cosmético, generó suspicacias entre los expertos de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Por ejemplo, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón se preguntaba cuál sería el trato que los agentes de la PNB darían a esa mayoría de la población que no comulga con lo “bolivariano”.
Desde entonces, la PNB, y por efecto de imitación el resto de las policías preventivas, han sido sometidas a continuas reformas.
Por ejemplo, un servicio que se supone de carácter civil ha sido comandado desde sus albores por generales activos de la Guardia Nacional. La Inspectoría interna también es conducida por un oficial de ese mismo componente militar, aunque en “reserva activa”.
Simbolismos y poca neutralidad
Según el proyecto inicial, la condición civil y hasta cierto punto “neutral” de esta policía debía ser acompañada por ciertos simbolismos. Estos iban desde el atuendo hasta los lemas utilizados.
Pero, de la noche a la mañana, el uniforme azul (inspirado por cierto en el de la Policía Nacional de Nicaragua) cambió por uno semejante al de los grupos tácticos urbanos. Mientras, tanto las minutas finalizaban con la frase: “Leales siempre, traidores nunca”, a la que también acuden en la Fuerza Armada.
Las FAES
Otra deformidad importante se introdujo en 2017, con la creación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). En sus cuatro años de existencia acumula más de doce mil muertes. Se constituyó en lo que el criminólogo y abogado Fermín Mármol García describió como “una policía dentro de la policía”. Esto, con funcionarios que no están sujetos a la cadena de mando institucional.
Maduro se convenció de que los FAES podrían afrontar el desafío planteado por las megabandas. Pensó que en teatros de conflicto también podrían complementar a las unidades similares de la FANB.
En este último aspecto, lo sucedido en marzo en La Victoria (Apure) fue debut y despedida al mismo tiempo. A estos agentes los señalaron por una masacre que suscitó profundo rechazo popular.
«Las FAES se convirtieron en un lastre tan pesado que no pudieron esperar a que la comisión de reestructuración entregara sus recomendaciones finales», destacó Mayorca.
En esto, la exigencia de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michele Bachelet, jugó un rol fundamental.
«De un plumazo, ordenaron el desmantelamiento de las células que tenían dispersas en casi todo el país. Los funcionarios fueron reasignados a otras unidades. Ahora, se llama como era hace cuatro años: Uote».
Otras deformaciones
También se ha desdibujado la especificidad de los servicios policiales, a través de las llamadas “habilitaciones”. Según estas los cuerpos preventivos tienen permiso del MRI para incorporar direcciones de investigaciones penales en sus estructuras.
Cabría preguntarse entonces por qué el Ejecutivo ordena una nueva estructura para la Policía Nacional, cuando lo que existe ya es el resultado de sus propias decisiones.
En un conversatorio sobre reformas policiales efectuado en octubre, el ex viceministro de Seguridad de Costa Rica Max Loria observó que los procesos de reforma policial carecen de sentido si no son el producto de discusiones abiertas con todos los sectores de la sociedad, lo cual solo es posible en una verdadera democracia.
En el caso de la PNB hay algunas pistas sobre lo que realmente se intenta lograr. El decreto publicado el 13 de abril establece que este proceso tiene como objetivo fundamental “la irrupción definitiva del nuevo estado popular y revolucionario”.
Al enmarcar la iniciativa en este propósito, el resultado podrá ser de todo menos una policía que ajuste sus actuaciones al debido principio de imparcialidad.
De continuar así, los cambios implantados a la PNB no serían muy notables con respecto a lo que ya existe.
Las quejas de las comunidades hacia la actuación de los uniformados de este cuerpo son permanentes. Apuntan básicamente a la implicación en distintas formas de delito.
La extorsión o matraqueo es lo más frecuente, pero también son conocidos casos de robos, secuestros y tráfico de drogas. A tal punto que la PNB ha perdido uno de sus activos más valiosos, como es la confianza de las comunidades.
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