Expertos coincidieron en que el origen de la crisis humanitaria que atraviesa el país es anterior a la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos.
Durante el foro Venezuela: Gran Corrupción e Impacto en los derechos económicos y sociales y la crisis humanitaria, los especialistas Fernando Fernández, Mercedes De Freitas, Omar Zambrano y Santiago Cantón indicaron que las expropiaciones, controles de cambio y la corrupción son las principales causas de la situación actual.
Fernando Fernández, director del Monitor Derechos Humanos, señaló que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, así como las conclusiones de la relatora Alena Douhan, incurren en una falta de metodología que catalogó de grave, ya que no contemplaron las medidas económicas aplicadas en 2003 como las expropiaciones.
“¿Qué pasaría si hoy se suspenden las sanciones? (…) continúa la misma crisis porque todos los problemas estructurales de fondo siguen pendientes”, dijo durante la actividad desarrollada por las ONG Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio Venezolano de Crímenes de Lesa Humanidad, a través de la iniciativa Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad
Por su parte, Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, atribuyó la crisis a lo que llamó “gran corrupción”, por la cifra que representa y la cantidad de personas que participan en ella.
De Freitas explicó que esta corrupción tiene cuatro características fundamentales: participación del alto gobierno, lo que implica que las redes de corrupción se protegen desde el Estado; alcance internacional, con presencia en 71 países a través de empresas, aliados y facilitadores; impunidad y un “impacto brutal” sobre la población.
“Todas las áreas que están en poder del Estado están invadidos por la gran corrupción y la crisis ha tomado alcance en todos los sectores”, aseveró. Igualmente indicó que tribunales de 21 países investigan casos de corrupción de Venezuela con 293 personas naturales involucradas y 115 jurídicas.
Otro de los ponentes fue Omar Zambrano, economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), quien recordó que el año 2017 coincidió con la pérdida del acceso a financiamiento internacional, 14 trimestres de contracción económica, y comenzaron a hacerse visibles las consecuencias de las políticas erradas. Indicó que hubo un “arrase absoluto del tejido productivo privado”, que no hizo falta mientras el contexto internacional fue favorable al gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez.
Finalmente Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y director del programa Peter D. Bell del Diálogo Interamericano, señaló que el gran vacío que existe en materia de derechos humanos es la inexistencia de decisiones de organismos intergubernamentales internacionales en casos específicos vinculados a corrupción y derechos humanos.
“Hay declaraciones, informes, análisis teórico detrás de la vinculación a corrupción y derechos humanos pero cuando se trata de impulsar a través de decisiones hay un vacío absoluto”, dijo. No obstante, resaltó los avances y las puertas que se han abierto ante organismos internacionales.
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