Durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por una parte de la comunidad internacional, informó sobre el nombramiento de la Comisión de Seguimiento al caso de Monómeros Colombo Venezolanos.
La instancia estará integrada por Bibiana Lucas (Primero Justicia), José Luis Pirela (fracción 16 de julio), Marcos Aurelio Quiñones (Voluntad Popular) y Ángel Caridad (Un Nuevo Tiempo). Falta por designar al representante de Acción Democrática.
Esto se da, una semana después de que la Delegada rechazó su propuesta de decreto para la reestucturación de la empresa y optara por aprobar el informe de la Comisión Especial que viajó a Colombia.
Investigación de la CPI
Durante el debate, este martes 9 de noviembre, la AN reconoció como un buen paso, que los diputados calificaron como determinante, el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de abrir una investigación por el caso Venezuela I. En ese sentido, para los parlamentarios de la Comisión Delegada, el proceso debe apuntar a quienes emitieron las órdenes para la comisión de los crímenes de lesa humanidad en el país.
Guaidó dijo que se abre el camino para que se encuentre la justicia que ha sido denegada. «El principal objetivo de cualquier dictadura, lo veíamos el domingo es Nicaragua, es acallar a la disidencia», refirió.
El dirigente agregó que la justicia es palpable con «las extradicciones de quienes comerciaron con el hambre de los venezolanos» y quienes cometieron la corrupción. Sostuvo también que debe hacerse justicia para todos y puso como ejemplo varios casos entre ellos los de los fallecidos en las protestas de 2017 y las muertes del concejal Fernando Albán, del capitán Rafael Acosta Arévalo y del general Raúl Isaías Baduel, mientras se encontraban en poder del Estado.
La diputada Yajaira Castro de Forero expresó que, en el país, se han cometido crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados en la jurisdicción nacional. «El primero que debe rendir cuentas es Nicolás Maduro y su entorno. Se han comenzado a abrir expedientes a grados medios, pero no a los superiores», puntualizó.
Castro destacó que no habrá justicia genuina si no alcanza a quienes giraron las órdenes.“Serán aquellos que han sido leales, los que salieron a perseguir y a disparar a la población desarmada que marchaba pacíficamente, contra los estudiantes a quienes torturaron, los que han cometido desapariciones forzosas y crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.
La diputada llamó a la AN de 2015, y al país, a permanecer unidos «para evitar que el poderío del régimen torpedee la investigación».
Durante el debate, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, señaló que, ante la ausencia de Estado de derecho de Venezuela, quedó demostrada la competencia y la capacidad de la Corte Penal para investigar crímenes de lesa humanidad. Añadió que la oficina de la Corte Penal que se instalará en el país, cuenta con el apoyo de la AN.
Solórzano, además, puntualizó que el Memorándum de Entendimiento firmado entre Maduro y el fiscal Khan está basado en los parámetros del Estatuto de Roma.
«La CPI puede emitir órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad», subrayó la parlamentaria. Asimismo, Delsa Solórzano indicó que, en la fase de investigación, se va a requerir un mayor esfuerzo de las víctimas, sus familiares y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La parlamentaria señaló que la investigación ante la CPI representa una luz al final del túnel, un homenaje a las víctimas y una esperanza para quienes continúan presos por razones políticas. Para el diputado Richard Blanco, quien está exiliado en Argentina, recordó que el fiscal de la CPI pidió a los políticos venezolanos que no se entrometan en sus decisiones: «debemos hacerle caso».
Blanco pidió también no olvidar «que los que se prestan para lavarle la cara a Nicolás Maduro en las próximas elecciones del 21 de noviembre, serán también culpables de la desgracia que vive nuestro pueblo».
Mientras que para el diputado Rafael Veloz, es claro que, en Venezuela, «hay un círculo de impunidad constituido por el poder judicial, la Fiscalía y la Defensoría. En la fase de investigación aparecerán los culpables». Agregó que de la justicia internacional no se burla nada.
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