«La apertura de una investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad y la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional obliga al Estado a procesar a funcionarios de alto rango del sector militar como de los cuerpos policiales».
Así lo expresó el coordinador de Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, quien destacó que el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma no desplaza a la justicia nacional sino que la complementa en la investigación.
El ex parlamentario y abogado defensor de DDHH expresó que la decisión del fiscal de la CPI, Karim Kahn, es histórico y significativo y resaltó la voluntad por parte del fiscal de llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación, que quedó de manifiesto al informar que se avanzaba hacia la siguiente fase del procedimiento, la investigación en sí, en el propio Palacio de Miraflores, sede del gobierno y junto al mandatario venezolano.
Rafael Narváez manifestó sus dudas sobre la actuación del Estado venezolano en lo sucesivo. Argumentó que no será fácil que unas autoridades que siempre aplaudieron y celebraron cada jornada de represión sin límites ejecutados por el Plan Zamora contra los manifestantes en 2017 puedan cumplir con el memorando de cooperación suscrito por Nicolás Maduro y el fiscal Karim Kahn.
En este sentido aseguró que el convenio obliga al Estado a procesar y juzgar a militares de alto rango, a los jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Conas, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como directores de centros penitenciarios, como Ramo Verde.
Rafael Narváez hace llamado a Bachelet y Comisión de la ONU
«Es la primera vez que un país Latinoamericano es sometido formalmente a una investigación por Crímenes internacionales imprescriptibles y se reafirma el informe de gestión de la saliente fiscal Fatouh Bensounda, en el cual destacó que existen razones suficientes para creer que en Venezuela se cometieron Crímenes de lesa humanidad cumpliendo», indicó el abogado.
De igual manera, Rafael Narváez, hizo un llamado a la Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, así como a y a la Comisión Independiente de Determinación de los hechos creada por el consejo general para los derechos humanos de la ONU, a defender los informes en los que califican y establecen responsabilidades contra quienes cometieron estos crímenes horrendos.
«La CPI seguirá investigando y estará monitoreando las actuaciones del sistema de justicia en Venezuela. La única esperanza ante las violaciones sistemáticas a los DDHH en Venezuela es la CPI», advirtió Narváez, quien sostuvo que la decisión del fiscal Karim Kahn es una reivindicación histórica para las víctimas y familiares en ese camino complejo que significa logar justicia internacional para intentar reparar el daño a tanto dolor y sufrimiento.
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