La Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que en los últimos años ha sido quizás la institución venezolana más cuestionada en lo que a violación de derechos humanos se refiere, atraviesa una gran crisis.
No es precisamente por las violentas acciones de tortura y negación al debido proceso contra militares y civiles considerados enemigos por el Gobierno de Nicolás Maduro. Es una crrupción a todos los niveles del régimen de Maduro.
En la Dgcim hay una marcada presencia de la Inteligencia Cubana, que cuenta con oficiales incondicionales como el general Rafael Blanco Marrero, subdirector de la Dgcim.
Por lo menos dos coroneles del Ejército venezolano, Hannover Esteban Guerrero Mijares y Rafael Antonio Franco Quintero, quienes ocuparon la Dirección de Investigaciones, han sido responsables de implementar torturas. Ese cargo lo ocupa ahora el general Carlos Enrique Terán Hurtado.
El caso es que a finales del año 2019 habrían descubierto que el mayor Miguel Eduardo Díaz De Andrade, Comandante del Cuartel General de la DGCIM, estaba desviando los alimentos, que debían estar destinados a los detenidos en su sede.
Además detectaron que el Mayor Díaz De Andrade, habría estado sacando semanalmente lotes de municiones del parque de armas. Fue detenido y se encuentra privado de libertad en el Centro de Procesados Militares en Ramo Verde en el estado Miranda.
Este oficial, que fue el número 10 de la Promoción 2006 “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, había sido nombrado, según Resolución N° 0010 del 16 de septiembre de 2019, como Director General encargado de Gestión Productiva de la Pequeña Minería del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, según Gaceta Oficial N° 41.719 de fecha 18 de septiembre de 2019.
Negocio con electrodomésticos
Por otra parte, fue detectado que el teniente coronel Robert Krick Guerra García, quien ocupaba el cargo de Jefe del Cuartel General de la DGCIM, en complicidad con el comandante Antonio José Pérez Suárez, viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, habrían estado cometiendo actos de corrupción.
Ambos oficiales, Guerra García y Pérez Suárez, habrían estado utilizando la nómina del personal de empleados y tropa de la DGCIM para solicitar productos electrodomésticos Haier. La excusa es que sería para jornadas de ventas al personal de la institución, mediante el programa “Mi casa bien equipada”.
En realidad los electrodomésticos eran almacenados en un galpón, ubicado en las inmediaciones de la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia en Boleíta, Caracas. La llamada línea blanca que llegaba a manos de los dos oficiales era comercializada en el mercado negro.
Como consecuencia de eso, al teniente coronel Robert Krick Guerra García lo transfirieron a la 5ta Región de Contrainteligencia, que es la Dgcim Oriente. En el momento en que le estaban instruyendo el expediente, él aseguró que no estaba operando solo en ese negocio, sino que en él participaba su compañero el viceministro.
Hay que destacar que el Tcnel Robert Krick Guerra García fue el número 55 de la promoción 1999 “Cnel. Miguel Antonio Vásquez” del Ejército venezolano.
Para evitar el escándalo, por el nivel de los personajes involucrados, una fuente de Inteligencia reveló que fue llamado el MG Iván Rafael Hernández Dala, director general de la DGCIM, para que el caso no fuera del conocimiento público, porque el Tcnel Pérez Suárez está protegido por superiores, a la vez que Guerra García amenazó con no estar dispuesto a irse solo para la cárcel de Ramo Verde.
Detenciones extrajudiciales
Y para acentuar la crisis interna en el centro de tortura por excelencia, fue detectado que en la DGCIM se están practicando privaciones de libertad no autorizadas.
Es decir, sin que haya ninguna orden de fiscalías o tribunales, detienen a personas con cierto poder económico con el único fin de extorsionarlas. Les solicitan oro, dólares, pagos con vehículos o apartamentos donde se simulan ventas.
Por ese caso la DGCIM tiene detenido a su propio Jefe de la Dirección de Operaciones, coronel Óliver Dax Gutiérrez Castellano y a la mayor Nohelkis Custodio, a quienes señalan por permitir esas detenciones extrajudiciales.
Desde hace tiempo en la Dirección de Contrainteligencia vienen sucediendo muchas irregularidades, siendo las más visibles las denuncias de torturas contra militares y civiles, una de las cuales llevó a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Romper huesos, levantar uñas, aplicar electricidad, golpear brutalmente son parte de las torturas, acompañadas de la vejación física y verbal, que los funcionarios de la Dgcim aplican a los detenidos y por extensión a sus familiares.
No es un secreto que quienes tienen cómo pagar gran cantidad de dólares reciben privilegios en esos inmundos sótanos, incluyendo el de recibir alimentos de un chef determinado. Pero eso solo pueden pagarlos muy poquitos.
La otra modalidad, que desde hace tiempo se hizo común es el robo en los allanamientos. Llegan las comisiones rompiendo puertas, casi nunca presentan orden de cateo y jamás hacen acta de las cosas que se llevan y mucho menos existe la cadena de custodia; lo primero de lo que se apropian es de dólares y euros, si hay. Tienen debilidad por las prendas de oro y cualquier tipo de joyas, también se roban alimentos, ropa y zapatos. Se llevan los vehículos, las computadoras, los equipos electrónicos, cuadros y adornos de casa.
Está pendiente por considerar lo que ocurre con el robo de inmuebles, que hacen funcionarios de la Dgcim, del Sebin y Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) conjuntamente con fiscales y jueces.
La Dirección de Contrainteligencia Militar enfrenta una crisis, que amenaza con traer consecuencias.
NotiVeraz