El coordinador de investigación, monitoreo y difusión de la ONG Provea, Marino Alvarado, aseveró este miércoles 27 de octubre que manejan información que las autoridades venezolanas estarían «maquillando» las sedes del Sebin y la Dgcim de cara a la visita que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, realizará a Venezuela tras su paso por Colombia.
Sin embargo, Alvarado afirmó que los arreglos a último minuto no van a borrar «el horror» que se ha vivido dentro de las paredes de los edificios que albergan a los organismos de seguridad y expresó que si Khan tiene la posibilidad de hablar con los presos en esas instancias, o con los que fueron recientemente trasladados, podrá escuchar los testimonios de tortura y dolor que vivieron esas personas dentro de las instituciones.
Considera que la administración de Nicolás Maduro, usando a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, intentará convencer a Karim Khan de que en Venezuela hay «genuina justicia».
Resaltó que por el momento se desconoce cuál será la agenda que el fiscal de la CPI tenga en Venezuela, aunque supone que se entrevistará con diferentes autoridades del Estado; una acción considerada como normal porque nuestro país suscribió el Estatuto de Roma, que dio vida a la instancia internacional, al tiempo que manifestó que la fiscalía de la Corte Penal Internacional debe exhortar a las autoridades a que se garantice la justicia en un país, en este caso, Venezuela.
Marino Alvarado dijo que si tuviera la oportunidad de hablar unos minutos con el fiscal Khan le recomendaría que analizara «de manera minuciosa» que en el país «no hay genuina justicia, genuina voluntad de hacer justicia», mientras que subrayó que las investigaciones para los efectos de la CPI se deben enfocar principalmente en los más altos responsables de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo ministros, directores de los cuerpos de seguridad y de algunos gobernadores, que han sido mencionados en el informe elaborado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Además, ratificó que en el informe que Fatou Bensouda, fiscal antecesora de Khan, se dice que hay suficientes razones para considerar que en nuestro país se cometieron crímenes de lesa humanidad, tanto por autores materiales, como aquellos que planificaron, supervisaron y orientaron la ejecución de las órdenes. «A esos es donde debe enfocar la fiscalía de la CPI su trabajo», agregó en entrevista concedida a Vladimir a la Carta.
El integrante de Provea exhortó al fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, a que por ejemplo se abra una investigación contra la cadena de mando de la Dgcim por el caso de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, así como le preguntó al funcionario por qué no se ha abierto un expediente contra el director del Sebin, Gustavo González López, por la muerte del concejal Fernando Albán, dejando claro que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU establece que existen elementos para considerar que fue asesinado en la sede de ese organismo.
«No hay voluntad para investigar a los responsables, ni siquiera a los jefes policiales. Mucho menos para investigar al ministro Vladimir Padrino López por la masacre de El Ripial, en Apure. No hay voluntad de investigar a Néstor Reverol por los crímenes que se cometieron bajo su gestión al frente del Ministerio de Interior y Justicia. Estas son las respuestas que debe dar el fiscal y las que deben darle al fiscal de la CPI», apuntó Alvarado.
Destacó que la justicia «no debe pintarse de colores» sino que es una sola y ningún caso debe quedar impune. En ese sentido, lamentó que en Venezuela haya una «impunidad estructural» que ha favorecido en el crecimiento del delito y la violación de DDHH. «Lo peor que puede ocurrir, y es lo que ocurre, es que se politice la justicia. Tenemos el deber de exigir que hayan instituciones independientes», dijo.
Marino Alvarado también criticó el papel de la Defensoría del Pueblo al decir que se pronunciaron por la muerte del diputado y fundador de la Liga Socialista, David Nueves, pero no dieron un pésame a los familiares de los fallecidos en la masacre de El Ripial ni a los allegados de Acosta Arévalo o Fernando Albán.
A su juicio, se debe apostar por el éxito de las negociaciones en México con el fin de reinstitucionalizar al país y así dar cumplimiento a la justicia para la postre cumplir con las víctimas de violaciones de DDHH.
Destacó que además de que existen elementos que indican que no existe voluntad política de juzgar a los altos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país, se ha dado un proceso de maquillaje de la justicia y puso el caso del joven David Vallenilla, quien fue asesinado en los predios de la Base Aérea La Carlota durante las protestas de 2017 por un oficial de la FAN.
En ese sentido, recordó que aunque se estableció una sentencia contra el uniformado, en un primer momento se decidió que el hombre no era culpable de la muerte del joven «pero la firmeza del padre de David Vallenilla, la protesta de las ONG de DDHH y la buena representación judicial que tuvo el padre (…) logró que se haya podido establecer una pena».
Además mencionó que se aprobaron apresuradamente «y casi en secreto» una serie de reformas a un conjunto de leyes que tienen que ver con el proceso penal y justicia, reconociendo que algunos de esos artículos son «positivos» como por ejemplo el restablecimiento en el COPP que las organizaciones de DDHH pueden acompañar a las víctimas y la facultad para la Defensoría en acompañar en los juicios.
Parlamentarios de la AN 2015 sugieren al fiscal de la CPI que escuche a las víctimas
La abogada y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 Delsa Solórzano, quien preside la Comisión Especial de Justicia y Paz, sugirió que el fiscal de la CPi, Karim Khan, debe escuchar a las víctimas de violaciones a los DDHH.
Solórzano, quien participó en el foro denominado «Corte Penal Internacional y Derechos Humanos en Venezuela», aseguró desde la instancia que preside y del Parlamento opositor se está pidiendo que Khan venga al país y aclaró que el fiscal de la CPI no solo debe escuchar a la parte investigada, sino también a los agraviados.
«No hay ningún mecanismo que soslaye la necesidad de hacer justicia, mucho menos que le pidan desde el régimen a la Corte Penal Internacional que no investigue porque están negociando», indicó Solórzano.
Recordó que el informe de la Misión Independiente de Verificación de los Hechos de la ONU, determinó que el fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, ha ocultado pruebas, «ha mentido ante la CPI y ha sido cómplice de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, de esta forma, nosotros hemos demostrado que en Venezuela no es posible hacer justicia porque se encuentra absolutamente secuestrada» .
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