El ex tesorero de Venezuela Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, podría quedar libre a inicios del próximo año tras recibir un recorte de 65% de su sentencia por colaborar con las autoridades estadounidenses en sus investigaciones de cleptócratas venezolanos.
La sentencia de Andrade, quien se había declarado culpable de participar en el lavado de $1,000 millones defraudado al Estado venezolano, quedó reducida a tres años y medio de prisión, con lo que su liberación podría concretarse a mediados del 2022, o incluso tan temprano como febrero o marzo, tomando en cuenta que los reos generalmente pagan solo un 85% de sus penas.
Andrade comenzó a cumplir su sentencia en febrero del 2019. La decisión constituye un recorte inusualmente grande de una sentencia aplicada en Estados Unidos. Por lo general, los prisioneros reciben reducciones equivalentes a un tercio de sus penas por buena conducta y por asistir a las autoridades en sus investigaciones.
Pero Andrade –quien fue guardaespaldas y secretario privado de Chávez antes de ser nombrado tesorero– colaboró activamente en varios de los casos federales de alto perfil abiertos contra la corrupción venezolana, incluyendo el del magnate de televisión Raúl Gorrín.
El ex funcionario venezolano, conocido en el país sudamericano como ‘El Tuerto Andrade’, amasó una gigantesca fortuna recibiendo sobornos a cambió de brindar acceso a la altamente favorable tasa de cambio oficial, que durante años equivalía a solo una pequeña fracción del tipo de cambio de libre mercado.
Según datos de la fiscalía estadounidense, Andrade entró en sociedad con tres empresarios para conformar una red de lavado de dinero en un esquema que generó ganancias por hasta $2,400 millones.
La mitad de ese monto fue abonado a Andrade y parte del total fue colocado en bancos estadounidenses y europeos. No obstante, los abogados de Andrade –Curtis Miner y Bob Martínez– alegaron que los socios en la red de lavado eran quienes controlaban las cuentas bancarias y que el ex tesorero venezolano solo recibió $70 millones.
Las autoridades de la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional confiscaron cerca de $250 millones en efectivo y cerca de otros $33 millones en propiedades pertenecientes a Andrade y los fondos permanecen bajo el control de Estados Unidos.
Andrade perdió también seis propiedades de bienes raíces —incluyendo una finca donde criaba caballos en Wellington, una propiedad a orillas de la playa en Palm Beach y una vivienda en Pinecrest. De la misma manera, las autoridades se llevaron 14 caballos de exhibición (valorados en $2 millones), 35 relojes de marca ($1.5 millones) y una flota de 10 autos de lujo ($1 millón).
Las autoridades estadounidenses han confiscado o congelado más de $450 millones derivados de los casos de corrupción o lavado de dinero presentados en la corte federal de Miami contra magnates venezolanos o contra socios del régimen de Nicolás Maduro, según datos aportados el año pasado por la propia fiscalía.
Datos suministrados por el Departamento del Tesoro al sancionar a Gorrín en el 2019 apuntan a que el empresario venezolano era uno de los socios en la red de $2,400 millones Gorrín habría pagado cientos de millones de dólares a Andrade y a la también ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz, para poder tener acceso a los altamente lucrativos dólares preferenciales.
“Los individuos y compañías venezolanas sancionadas estaban involucradas en un esquema de corrupción significativo diseñado para sacarle provecho a las prácticas del sistema cambiario del Gobierno de Venezuela para generar más de $2,400 millones en ingresos provenientes de la corrupción”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
En esa oportunidad, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también sancionó a varios integrantes del círculo más íntimo del empresario venezolano, incluyendo a su socio Gustavo Perdomo y las esposas de ambos. Díaz, quien también es solicitada por la justicia estadounidense, podría ser extraditada próximamente desde España, luego de que la también ex enfermera de Chávez perdiera en el país europeo sus esfuerzos por evitarlo.
Gorrín también fue señalado como un co-conspirador en otro esquema de corrupción y lavado de dinero que pretendía extraer hasta $1,200 millones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que involucra directamente a la familia del gobernante venezolano Nicolás Maduro. Según las investigaciones de ese caso, Gorrín ayudó a orquestar una red de lavado que terminó pagando millones de dólares a los hijastros de Maduro provenientes de fondos extraídos ilícitamente a PDVSA.
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