Este lunes 18 de octubre, Alex Saab compareció por primera vez ante el juez del Distrito Sur de Florida, John O’Sullivan, luego de ser extraditado de Cabo Verde hasta Estados Unidos el fin de semana.
Durante la audiciencia se conoció que el juez O’Sullivan le negó libertad bajo fianza a Alex Saab y fijó nueva fecha de audiencia para el 1 de noviembre.
De igual forma, se informó que la audiencia de Saab ante la justicia norteamericana fue aplazada dos semanas por solicitud de la defensa.
Se espera entonces que la audiencia sobre su libertad condicional se realice el primero de noviembre.
Al empresario colombiano, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, le leyeron cargos que ostenta en su contra, ocho en total: uno por conspirar para lavar dinero y siete por lavado de dinero
Saab se vio con una frondosa cabellera color negro, llevaba una mascarilla y vestía un uniforme naranja de la prisión. La corte federal no permitió la transmisión de esta audiencia, tampoco la difusión de imágenes y audios.
Cabe destacar que el colombiano aceptó ser representado por el abogado Henry Bell.
La investigación en su contra:
En 2019, los fiscales federales en Miami lo acusaron como principal protagonista de un plan de soborno que se embolsó más de 350 millones de dólares de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el gobierno venezolano.
Saab había sido sancionado por la administración de Donald Trump por presuntamente utilizar una red de empresas fantasma que se extienden por todo el mundo – en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México – para ocultar enormes ganancias de contratos ilícitos de alimentos obtenidos mediante sobornos y comisiones ilegales.
Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó la administración Trump. Comúnmente conocidos en Venezuela como “Los Chamos”, jerga para “los niños”, los tres hombres también están siendo investigados por los fiscales en Miami por presuntamente formar parte de un plan para desviar USD 1.2 mil millones de la compañía petrolera estatal de Venezuela, informó The Associated Press.
Además, las autoridades de EEUU lo acusan de incumplir un contrato para entregar materiales de construcción de viviendas o de incurrir en sobrecostos en el programa social Gran Misión Vivienda, del gobierno de Hugo Chávez.
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