Los venezolanos que emigraron, y siguen haciéndolo, a Curazao, lejos de encontrar el cobijo y protección que buscan con desesperación, sufren graves violaciones de Derechos Humanos, por parte de las autoridades de la isla.
La denuncia la hizo Amnistía Internacional (AI), a través de un informe reseñado por el portal Crónicas del Caribe. En el escrito no solo acusó al gobierno de Willemstad de incurrir en abusos. También destaca que el Reino de los Países Bajos es «cómplice» de estos abusos.
Se trata del informe “Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”, publicado por AI este lunes 11 de octubre.
Los funcionarios de la isla caribeña continúan con su práctica de detener automáticamente a los venezolanos que arriban a sus costas, señala el escrito.
Luego, envían a los detenidos a centros de detención que no reúnen las condiciones para albergarlos y los mantienen allí por largos períodos.
En esos lugares, los migrantes son maltratados parte de sus custodios y los separan de sus familias, «al tiempo que se les niega cualquier posibilidad de solicitar asilo».
Este es el segundo informe que Amnistía le dedica a la crisis migratoria venezolana y a su impacto en el Caribe Neerlandés en los últimos tres años.
La ONG ha logrado documentar 22 casos de inmigrantes a quienes las autoridades curazoleñas les denegaron derechos fundamentales. Algunas de las víctimas son incluso menores de edad.
“Las autoridades de Curazao han violado los derechos de las personas venezolanas que necesitan protección en diferentes eslabones de la cadena de inmigración”. Así se lee en el reporte, en el cual se describe cómo comienza el calvario para los venezolanos.
Las vejaciones
“En la mayoría de los casos, esta cadena comienza cuando la Guardia Costera Caribeña Neerlandesa intercepta las embarcaciones cuando tratan de llegar a Curazao. En un número menor de casos detienen a los migrantes en tierra. Una vez que la Guardia Costera las entrega a la policía de inmigración de Curazao, los trasladan a la comisaría de policía de Río Canario», señala AI.
Allí enfrentan numerosos obstáculos para pedir protección internacional. Durante la detención en la comisaría, los agentes de inmigración las presionan para que firmen una orden de deportación en neerlandés. Esto, con independencia de si necesitan o no protección internacional.
No les explican sus derechos ni les ofrecen un servicio de traducción. Después quedan automáticamente detenidos en condiciones inhumanas en el cuartel de los extranjeros de la prisión del SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou). Se quedan en ese lugar independientemente de su necesidad de protección.
En el cuartel, los guardias penitenciarios recurren a la intimidación verbal y física para disuadirlas de pedir asistencia jurídica y solicitar protección”, se relata en el informe, de 60 páginas de extensión.
Letra muerta
Amnistía también evaluó el impacto que ha tenido el procedimiento de protección que Curazao aprobó en 2019 para lidiar con los desplazados venezolanos. Considera que el mismo es nulo. “El procedimiento no es compatible con las normas internacionales”, se lee en el documento.
Debido a que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos, su legislación tiene como origen La Haya. En materia de Derechos Humanos se aplican los tratados emanados de la Unión Europea (UE) y no de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así el procedimiento de protección para refugiados de la isla se sustenta en el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esa norma establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
La ley también contiene una serie de pasos que pueden desembocar en el otorgamiento de un permiso que permite a su beneficiario residir por dos años en la isla.
Sin embargo, en su revisión Amnistía consideró que el mismo es inaplicable. ¿La razón? La solicitud de protección se debe hacer de manera inmediata ante la policía. Pero, este es el mismo organismo que detiene o mantiene privados de libertad a los potenciales aspirantes.
En la mayoría de los casos documentados por la organización, los entrevistados afirmaron que los presionaron para no pedir ningún tipo de amparo.
La agrupación puso como ejemplo el caso de Ángel (nombre ficticio), un joven que llegó a Curazao en lancha. Tras su detención, se negó a firmar su orden de deportación e intentó pedir protección a la luz del texto.
No obstante, la policía de la isla lo presionó para que no lo hiciera. “Me gritaban: ‘¡firma!, ¡firma!’, pero me negué. Me encerraron en la cárcel para castigarme por eso. Estuve detenido durante 33 días con violadores y asesinos”, se describe en el informe.
Ni un solo permiso
Desde el propio Ministerio de Justicia de Curazao han dejado en claro que el texto no sirve. Incuso, le admitieron a Amnistía que no han otorgado un solo permiso desde que entró en vigor.
“Las autoridades de Curazao indicaron que no han concedido ninguna protección internacional en virtud del procedimiento de protección del artículo 3. A pesar de las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional, las autoridades de Curazao no han divulgado ningún dato sobre los procedimientos de protección en trámite, su resultado o los recursos pendientes. Las respuestas a las preguntas en el Parlamento revelaron que, en la segunda mitad de 2019, se estaban tramitando 26 solicitudes, aunque se desconoce su situación”, expuso la organización.
Cómplice necesario
Pero Amnistía no solo fustigó el comportamiento del gobierno de la isla, sino también al neerlandés, el cual en los últimos tres años ha destinado millones de euros a reforzar la vigilancia marítima con Venezuela y ha ignorado las denuncias de abusos.
“Los Países Bajos no asumen las responsabilidades de Aruba y de Curazao. La política de inmigración es y sigue siendo un asunto de Aruba y de Curazao”, declaró en mayo de 2019 el ministro de Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops, en un intento por evadir cualquier responsabilidad del gobierno de La Haya con los incidentes violentos ocurridos en un centro de detención de inmigrantes ilegales.
Tras dejar entrever que el éxodo venezolano continuará, Amnistía instó al Ejecutivo neerlandés a establecer una investigación independiente sobre los abusos y velar porque su par de Willemstad establezca los correctivos necesarios para evitar que estos hechos se repitan.
En la actualidad, se estima que hay unos 17.000 venezolanos residiendo ilegalmente en Curazao, isla que tiene una población de 155.000 habitantes.
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