La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Rosa Orozco, así como un grupo de víctimas solicitaron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) “tomar las medidas necesarias” para que se investiguen debidamente crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y puedan obtener justicia.
En el quinto foro “Las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan”, Orozco exigió el cese de las ejecuciones extrajudiciales en el país, “y que tampoco haya impunidad. Justicia para todos los casos, por eso ruego justicia ante la Corte Penal Internacional y que el fiscal Karim Khan tome las decisiones necesarias”.
La directora de la ONG recordó el caso de su hija, Geraldin Moreno, quien fue asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional el 18 de febrero de 2014, en el marco de protestas anti gobierno. La joven se encontraba en la entrada de su conjunto residencial cuando llegó un grupo motorizado del Destacamento 24 de la Guardia Nacional, comandado por el ahora general de división Frank Osuna Díaz.
Moreno estuvo en terapia intensiva durante tres días por el ataque, hasta su muerte. “Le hablé, le di un beso y le dije ‘Dios te bendiga, todo va a salir bien’. Esa fue la última vez que pude hablar con mi hija”, expresó Rosa Orozco.
Los autores materiales contra el ataque a la joven deportista fueron los militares Francisco Caridad Barroso y Alvin Bonilla, pero Orozco ha exigido que sean investigados el resto de los guardias nacionales presentes en el ataque, incluyendo al general Osuna Díaz.
“Su cuerpo era un coladero a consecuencia de las detonaciones. Ya son siete años de la ejecución extrajudicial de mi hija en la que participaron 24 guardias nacionales (…) Esta es mi tragedia, no es solo soportar la ausencia de mi hija, sino la falta de justicia. He denunciado que hubo y hay complicidad de todos los guardias en la línea de mando en el caso de mi hija, porque sin duda hubo complicidad de mandos superiores”, dijo Orozco.
Además, explicó que pese a que en las actas de juicio quedó señalada la participación de todos los funcionarios, el Ministerio Público se ha negado a acusar al resto de los funcionarios “y mucho menos a los altos mandos”.
Atención y justicia de la CPI
“Allí pude ver el horror al que nos somete la dictadura cruel y sangrienta. Miguel solo había salido a protestar el horror que se vive en el país. Lo asesinaron los mismos que dicen que Venezuela es una democracia, que hoy tienen un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, dijo Bracho.
El caso de su hijo también intentó ser desestimado por altos funcionarios, como el diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que “los hechos no existían”, pues había sido asesinado por un compañero en la marcha. Además, denigró a la víctima al calificarlo de “guarimbero” y “drogadicto”.
Bracho señaló que Diosdado Cabello quedó desacreditado, debido a la existencia de un vídeo del servicio 911 y que fue entregado en Fiscalía como parte de las pruebas. En dicho material, se identificó al Guardia Nacional.
“Pero con la llegada del nuevo fiscal Tarek William Saab, empezó el viacrucis en el caso de mi hijo por los reiterados cambios de fiscales. Ni la Guardia Nacional o el servicio 911 reciben las correspondencias de tribunales para obtener la información necesaria”, aseguró.
Además, destacó que a 52 meses del asesinato de su hijo no tiene siquiera una copia simple del expediente, cuestión que ha denunciado a Fiscalía y la Defensoría del Pueblo pero no ha recibido respuesta a sus solicitudes
“Todo lo que hemos padecido es un horror, pero no se compara a lo que hemos sufrido estos años. Ser víctima de violaciones a los derechos humanos es como quedar mudo, nadie nos escucha. Quiero que se abra una investigación en la CPI porque en Venezuela no hay independencia ni búsqueda de la justicia”, sentenció.
Presos por “conspirar”
Otra de las víctimas que participó en el foro fue Nancy Rodríguez, hermana del controlador aéreo Derbys Rodríguez, quien fue detenido el 4 de junio de 2020 por una delegación de la Dgcim para una supuesta “investigación”.
Derbys Rodríguez tenía 15 años trabajando en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en la torre de control, cuando fue detenido junto a su pareja Oriana Rojas, quien grababa su detención.
48 horas después de la detención fueron presentados en un tribunal con competencia en terrorismo. Se difirió la audiencia y a los abogados se les impidió la entrada a tribunales. Un día más tarde, se concretó la presentación, donde Rojas fue liberada con una medida bajo presentación, mientras que a Derbys Rodríguez le imputaron cargos de presunta divulgación de información confidencial y asociación para delinquir.
La hermana del controlador aéreo relató que en todo este tiempo los abogados no han tenido acceso al expediente, y tan solo en noviembre de 2020 fue que se pudo juramentar Joel García como su defensa privada. Aún están a la espera del inicio del juicio.
Hace seis meses, Rodríguez fue trasladado a la cárcel de El Rodeo II. Su hermana aseguró que fue trasladado “porque la misma CPI tiene los ojos sobre Venezuela y están tratando de vaciar estos sitios de presos políticos y los trasladan a cárceles comunes”.
Además, los familiares y abogados de Rodríguez han solicitado a tribunales el traslado a un centro médico, desde agosto de 2020, para que sea evaluado por especialistas y se le realicen exámenes médicos debido a problemas cardíacos, pero tampoco han recibido respuesta.
“Esperemos que el nuevo juez o jueza esté del lado de la justicia. Ese es nuestro llamado. No pueden juzgar sin pruebas, el único delito que ha cometido mi hermano es cumplir con sus funciones de controlador aéreo, proteger a los venezolanos desde su puesto de trabajo”, dijo Rodríguez.
Loredana Hernández, hija del general Héctor Hernández da Costa, también relató la situación del militar apresado el 13 de agosto de 2018 por funcionarios de la Dgcim y la PNB, tras ser vinculado en el atentado con drones contra Nicolás Maduro.
“No había orden de detención ni había cometido un delito en flagrancia (…) El 18 de agosto le mostraron una orden de detención, que tenía fecha de un día antes. Es decir, mi papá estuvo varios días secuestrado y desaparecido por la Dgcim. Se le ha negado antejuicio de mérito pese a su investidura, está siendo juzgado en un tribunal civil”, relató Hernández.
La hija del general señaló que ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas, al igual que denegación de justicia pese a la solicitud del Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU, que solicitó su liberación inmediata.
“La Fiscalía y las jueces han fallado y no tenemos garantías judiciales que nos devuelvan todas las injusticias que hemos vivido. Siempre vemos liberaciones pero los militares no son tomados en cuenta. Al fiscal Karim Khan le pido que haga que cesen las injusticias y nos dé respuesta a las víctimas”.
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