El que fuese guardaespaldas del expresidente Hugo Chávez, Adrián Velásquez, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta este próximo jueves a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional española, tribunal que hace dos años rechazó entregarle a Venezuela.
Detenido en diciembre pasado junto a su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Chávez, Velásquez se sentará ante el tribunal que debe decidir sobre la petición de las autoridades estadounidenses, apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Según explica el ministerio fiscal en su escrito, apoya la entrega porque se cumplen los requisitos, como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito, además de que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no son investigados en España.
Este proceso de extradición es independiente al de su mujer, que también fue enfermera de Chávez y cuya vista se celebrará más adelante, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Después de que la Audiencia rechazara entregar a ambos a Venezuela al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad, ahora están reclamados por Estados Unidos por su presunta vinculación con una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano» desde 2008 hasta 2017.
Según la acusación, el dueño y presidente de un canal venezolano «efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (…) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».
Así, sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Velásquez en beneficio de ella.
Para ocultar los pagos utilizó supuestamente cuentas de empresas ficticias, según el relato de acusación, que afirma que entre 2011 y 2013 ordenó pagos «de por lo menos 65 millones de dólares» y «también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de diseñador de modas».
El empresario, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, reside en Venezuela y fue acusado en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».
Por su parte, Andrade Cedeño, también venezolano, fue sentenciado a diez años de prisión y, como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos.
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