El próximo 21 de noviembre se realizarán en Venezuela las controversiales elecciones regionales y municipales de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y para las cuales la oposición mayoritaria irá en un bloque de unidad.
Luego de grandes vaivenes de opinión, enfrentadas principalmente por considerar que no existen condiciones “políticas, electorales o institucionales” para un proceso confiable, una mayoría agrupada de la oposición del país decidió participar en la contienda.
De acuerdo a los anuncios del CNE, de las 42 organizaciones con fines políticos habilitadas, 37 postularon candidatos a elección popular, e indicaron que las otras cinco organizaciones que no participaron directamente, lo están haciendo bajo alianzas u otras tarjetas.
Se presentaron un total de 190.128 postulaciones conformadas por 70.244 candidatos que disputarán los 3.082 cargos de elección popular. Mientras que 4.462 candidatas disputarán las 335 alcaldías y 65.000 candidatos disputarán los cargos a las asambleas legislativas y los concejos municipales. De este total, el 49,44% son mujeres y 50,56% son hombres.
En los próximos días se iniciará la actividad para que las organizaciones con fines políticos elijan su posición en la boleta electoral.
La oposición mayoritaria sí participa
El 31 de agosto de 2021 la oposición venezolana dio un paso en la carrera por las elecciones del próximo 21 de noviembre, y la coalición que lidera el presidente interino Juan Guaidó, luego de los reiterados reclamos de sus aliados en las distintas regiones de Venezuela, se prepara para cambiar su estrategia y participar.
La Plataforma Unitaria, que reúne a toda la dirigencia, ha asegurado que, tras una decisión mayoritaria, irán a las «megaelecciones» con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la extinta coalición que concentró por años el liderazgo opositor. De esta manera, la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en el denominado G4, anunció que participaría en las elecciones regionales y municipales.
La declaración de cinco puntos señalaba: “Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de (elecciones) regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021”, y se efectuó a pocas horas de vencerse la extensión del plazo para la inscripción de candidatos para el proceso.
El dirigente de Acción Democrática Henry Ramos Allup, quien fungió como vocero de la Plataforma Unitaria, señaló: “No es que les estamos dando legitimidad (al régimen), porque es ante quien tenemos que reclamar respeto a nuestros derechos y participación en el proceso. Lo mismo aplica a la presencia de la oposición en el proceso de México”.
En el comunicado la Plataforma Unitaria aseguró que la decisión fue tomada “mayoritariamente” después de un “extenso y difícil proceso de deliberación interna”, además de consultar con la sociedad civil.
“Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano. Sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres”, argumentó la oposición, destacando también que la decisión complementa los esfuerzos que se adelantan en México y apuntan a una solución “pacífica y negociada”.
Ramos Allup salió al paso de las distintas críticas que se habían hecho con antelación a la oposición venezolana en relación con una eventual participación. Por ejemplo, dijo a aquellos que condenan que lo hagan, considerando los problemas que atraviesan los venezolanos, que “la agenda política es necesidad impostergable para poder ejecutar la agenda social”; a quienes cuestionan por qué antes no y ahora sí, que “la política no tiene dogmas, reglas inquebrantables”, y que “se ejecuta en base a la interpretación de realidades concretas en un momento específico.
Además, dijo que no podían condicionar la participación a la liberación de todos los presos políticos o a que estén garantizadas todas las condiciones electorales que han pedido, porque le estarían “entregando” al gobierno su posibilidad de participación.
«Si no ejecutamos la agenda política es imposible llevar adelante la agenda social que es la que más agobia al pueblo», ha insistido Allup, en compañía de otros dirigentes opositores, pero con la ausencia de Guaidó. El vocero recalcó que aún se encuentran «maquetando» las candidaturas que se presentarán en noviembre. Sobre las garantías, el representante de Acción Democrática explicó que la oposición sigue sin tener garantías ni condiciones para participar, pero no medirse en las elecciones sería entregarle «al régimen nuestras posibilidades». En un comunicado posterior, la oposición también asegura que está consciente de que estos comicios «no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano».
Pero aún así consideran que este nuevo paso es una «lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis del país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres». De esa manera, han dicho que se organizarán y se movilizarán «en unidad» al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
El anuncio de la oposición llega en el marco de las negociaciones que oficialismo y oposición están llevando a cabo en una mesa de diálogo en México desde principios de agosto, con la mediación de Noruega.
Estos hechos estuvieron a su vez acompañados por visitas de delegaciones internacionales, como las del Reino de Noruega, actor central en los diálogos, o de la Unión Europea que, en el mes de junio, estuvo en Caracas para evaluar un posible despliegue de una misión electoral en el mes de noviembre. Estados Unidos, por su parte, trabajó durante esos meses en un discurso público de respaldo al diálogo desde su posición de fuerza determinante, al ser quien mantiene el bloqueo económico sobre el país y puede, en consecuencia, levantar o mantener sanciones.
La participación de la oposición venezolana significa un cambio de rumbo en su estrategia, que pone fin a tres años de boicot que implicó la no participación en las elecciones presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020.
En los comicios de 2017, la MUD, una coalición que agrupaba a partidos como Voluntad Popular (Leopoldo López, Juan Guaidó, Lilián Tintori), Acción Democrática (Henry Ramos Allup), Un Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) y Primero Justicia (Julio Borges), obtuvo cuatro de las 23 gobernaciones, en medio de denuncias de fraude electoral contra el chavismo liderado por Nicolás Maduro. En ese momento, el presidente venezolano anunció que destinaría a cuatro “protectores” a los estados de Anzóategui, Zulia, Nueva Esparta y Mérida, justamente los cuatro distritos donde hubo triunfo opositor, quedando estos por encima de la figura del gobernador. Los protectores designados por Maduro, a su vez, fueron los cuatro candidatos del oficialismo en esas regiones. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular que lidera Leopoldo López, probablemente de los críticos más duros de Maduro, afirmó que el partido y la MUD están dispuestos a «ceder en lo que haya que ceder para recuperar la normalidad democrática» en el país.
En sus primeras declaraciones tras estar detenido 37 días, admitió que “muchas de las premisas” que tenía VP “con las que buscaba un desplazamiento total e inmediato del sistema, el quiebre militar, no son viables”. “Hoy buscamos presionar, pero también negociar», explicó.
Para el dirigente, «llegó el momento de asumir que esta dinámica del círculo vicioso tiene que parar», sin que esto signifique «ceder en nuestros principios», ni que «todos vamos a ser amiguitos».
Sectores radicales no van
Mientras la oposición mayoritaria, organizada alrededor de la figura de Juan Guaidó, se prepara para iniciar una nueva negociación con el gobierno venezolano, un grupo de dirigentes políticos, que conforman el ala más radical de los adversarios a Nicolás Maduro, no ha dudado en expresar su descontento, así como su desconfianza hacia el proceso.
La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, indicó sentirse “indignada” al referirse al memorando de entendimiento que suscribieron las partes en México. “Con esa firma, al reconocer a Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020) como representante del Gobierno de Venezuela, ellos, los firmantes, le han puesto la lápida al gobierno interino”, acotó.
“El régimen, en su obsesión por permanecer en el poder como sea, necesita arrancarse esa calificación de criminal y usurpador, y precisamente es lo que busca con la firma de este oprobioso memorando”, aseguró Machado, quien recordó que el documento fue suscrito en la tarde del viernes 13, poco después de que se conociera el informe de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre Venezuela.
Para la dirigente opositora, el memorando esconde el que califica de “propósito ruín”, que es, en sus propias palabras, “una farsa electoral en noviembre, que continúe con una convocatoria a una elección presidencial en 2024″. “Es decir, 3 años de impunidad y estabilización a la tiranía y de destrucción para nuestra nación y a toda la región”, agregó.
Por su parte, Antonio Ledezma, de Un Nuevo Tiempo y desde el exilio, hizo lo propio, con un vídeo que publicó en YouTube: “Ni Chávez en su momento, ni ahora Maduro, nunca han honrado los compromisos asumidos. Eso lo sabemos. Me temo que México no va a ser la excepción”.
Para Ledezma, Maduro busca “ganar tiempo”, con la que tilda de “trampa dialoguista”. Y, además, estaría persiguiendo que la dirigencia opositora representada en México reconozca a sus tribunales de justicia: “Él tiene el ardid de sabotear, escamotear el escenario o el recurso de la complementariedad que pudiera ejercer la CPI”.
Y por supuesto, se refieren al objetivo manifiesto de conseguir el levantamiento de las sanciones estadounidenses, lo que a juicio de Machado permitiría que la que cataloga de “economía de mafias” se expanda “a todos aquellos decididos a cohabitar, a vivir calladitos en uan jaula más grande”.
Para Machado, la única ruta es la presión interna y la aplicación “implacable” de la justicia internacional contra los que asegura son “criminares que usurpan el poder” en Venezuela, para obligarlos a la que a su juicio sería una “verdadera negociación”: la de su salida.
“Nosotros solos no podemos, porque estamos luchando con criminales de lesa humanidad. Lo que corresponde es acompañar la lucha que están dando los venezolanos dentro y fuera del país con la intervención humanitaria internacional”, dijo Ledezma.
Contra Guaidó y sin elecciones
Algunos sectores políticos radicales persisten en salidas forzadas y no electorales para “botar” a Nicolás Maduro y su régimen de gobierno. Insisten en que al votar se legitima un proceso viciado.
La postura acompaña el enfrentamiento político hacia el liderazgo de Juan Guaidó, a quién han fustigado en cada uno de sus alcances en la lucha por rescatar la democracia venezolana.
María Corina Machado ha mantenido públicamente su rechazo a las próximas elecciones regionales, advirtiendo a los trujillanos sobre el riesgo de legitimar al gobierno si participan en lo que calificó de «farsa electoral».
“La batalla del interinato se perdió por las razones que sabemos. Hubo bajas, perdimos mucho, pero también hemos ganado posiciones importantes que nos han costado 22 años de lucha, y esas dos posiciones son el hecho de que la comunidad internacional dice lo que hay en Venezuela: es un Estado criminal”, dijo Machado, quien recordó la denuncia que hay ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación de derechos humanos y los informes de las Naciones Unidas.
Machado pide a la población mantenerse unida, organizada y no ceder ante los chantajes del régimen o de diálogos. Detalló que su plan es construir incentivos para obligar al régimen a salir. Estas son acciones internacionales para desmontar los grupos criminales que controlan el país, a partir de una alianza entre Estados democráticos frente a los ilegales.
Intervención extranjera inviable
Quienes insisten en marcar hoy abstenciones y distanciamiento al voto, han fracasado en posicionarse como líderes para conducir el proceso de cambio, mediante posturas radicales y violentas, apoyadas en la búsqueda de refuerzos internacionales, que, paradójicamente, Guaidó sí ha logrado capitalizar bajo otra óptica.
La situación política que ha vivido Venezuela durante más de dos décadas requiere de aperturas que permitan opciones válidas a los cambios que pide una población sometida a graves daños sociales y económicos en medio de una crisis sin precedentes.
Si algo se ha demostrado es que la unidad es el camino hacia la consolidación de esos cambios. No es momento de radicalizaciones ni de rupturas por ambiciones políticas y personalistas.
La postura idealista y radical de esperar una intervención extranjera es inviable, pues la comunidad internacional ha dejado claro que no apoyarán alguna acción de ese tipo, mientras que sí se muestran presente en todo proceso de diálogo y negociaciones.
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