En los últimos 8 años en Venezuela asesinaron mediante torturas a 76 personas, informó la ONG Provea en un informe reciente. Los años en los que se registró el mayor número de muertes fueron 2013 (10), 2016 (14), 2018 (13) y 2019 (23).
En 2020 se denunciaron 19 casos de torturas que incluyeron a 97 víctimas individualizadas.
Señaló que durante el año pasado 858 ciudadanos sufrieron tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Se trataría, de acuerdo con la organización, del segundo registro más alto de víctimas en los 8 años que ha estado Nicolás Maduro en el poder, solo superado por las 970 personas afectadas en 2018.
Provea aseguró asimismo que en 2020 hubo 59 denuncias por el delito contra el derecho a la integridad personal: involucran a 14 corporaciones de seguridad, a 4 entes de la administración pública central y descentralizada y a presuntas agrupaciones paramilitares.
“Terrorismo de Estado”
Desde que asumió el poder en 2013, Maduro acumula 36.842 víctimas de violaciones a la integridad personal, 85,8% más que el total de víctimas registradas por Provea entre los años 1990 y 2012.
Provea indicó, además, que en 2020 las violaciones al derecho a la integridad personal tuvieron dos focos principales: el aumento de las amenazas y los tratos crueles contra personas privadas de libertad.
La directiva de la estatal Siderúrgica del Orinoco encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, con 1.000 casos de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de la empresa. Esto representa 36,6% del total registrado en 2020. Los jefes mostraron su consonancia con la política oficial: amenazar y hostigar para evitar los reclamos laborales.
El Ministerio de Asuntos Penitenciarios ocupó el segundo lugar con 308 víctimas. A esas personas las sometieron al hambre y a sufrimientos, derivados de enfermedades sin contar con atención médica, y a condiciones de insalubridad que constituyen tratos crueles.
308 víctimas en las cárceles
Agregó que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, bajo la jefatura de Iris Varela, encabezó el listado de casos con 308 víctimas (35,8%). Todos los afectados, afirmó la ONG, fueron personas privadas de libertad que estaban recluidas en centros dependientes de ese órgano.
Los detenidos también habrían sufrido recurrentes episodios de negación de alimentos, falta de atención médica, y precarias condiciones de detención que violaron sus derechos a la vida y a la integridad personal.
“La situación de abandono a la que está sometida la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante que está ocasionando muertes en los recintos carcelarios”, señaló Provea.
“A la cotidiana exposición a la violencia física a la que están sometidos miles de jóvenes pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la revictimización generada por el sometimiento al hambre y la ausencia de servicios y tratamientos de salud”, agregó.
Recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica. Incluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, como los casos de hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, entre otras.
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