En 2016 la empresa petrolera Repsol, que opera en Venezuela, concedió un préstamo de 1200 millones de dólares a la estatal venezolana PDVSA. La firma del país caribeño tenía un plazo de cinco años para pagar la deuda, es decir, hasta este año. No obstante, a fines de 2019 aún tenía pendientes 340 millones de dólares por abonar. Hoy las cifras tampoco son muy prometedoras.
Según el último informe de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), hace nueve meses que Venezuela no exporta ningún barril de crudo a la compañía española.
El escenario se ha complicado para Repsol durante el último tiempo. Con la salida de Argelia del negocio en 2020, Venezuela se transformó en el país con mayor riesgo para la empresa presidida por Antoni Brufau. La tendencia sin embargo viene desde hace largo tiempo. En 2016 Repsol acumulaba un riesgo de 2200 millones de euros (un equivalente a 2600 millones de dólares), cifra que logró recortar a 219 millones (alrededor de 260 millones de dólares) a fines de 2019.
Ese mismo año, ambas partes acordaron el pago de la deuda a través de barriles de petróleo. Para junio de 2021, la petrolera española ha elevado su exposición en Venezuela hasta alcanzar los 363 millones de euros.
Una promesa que se tambalea
La crisis económica que se agudizó en el país caribeño ha puesto en jaque de manera progresiva el cumplimiento de la deuda entre Repsol y PDVSA. Con una marcada recesión, una de las tasas de inflación más altas del mundo y la devaluación del bolívar, el régimen de Maduro ha reducido drásticamente su producción de crudo en comparación con los últimos años, solo pocas cifras le acompañan en los meses anteriores que, de igual forma, no son suficientes como para hablar de un repunte importante en la empresa.
En 2019, de los 709.000 barriles diarios de petróleo que extrajo la compañía española, alrededor de un 10 % provenían de Venezuela. De esta forma, el rendimiento del país sudamericano representa una parte ínfima de lo extraído globalmente por Repsol. Los números no alcanzan. La producción de petróleo en Venezuela no es suficiente para cubrir la exorbitante deuda contraída en 2016.
Fuga de empresas
Repsol no es la única multinacional petrolera instalada en Venezuela. Hace años que compañías como la Ente Nazionale Indrocarburi (ENI) de Italia y Reliance Industries de India operan en este territorio. Sin embargo, muchas otras han clausurado o reducido sus actividades en dicha nación, entre ellas las estadounidenses Chevron y Hulliburton. Esto debido a las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos. El año pasado, Mauricio Claver-Carone,quien entonces se desempañaba como director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., avizoró «sanciones devastadoras» a las empresas que no abandonaran Venezuela.
Haciendo caso omiso a las amenazas de Claver-Carone, Repsol ha insistido en continuar sus funciones en el país. La directiva de la compañía argumenta que no tiene intenciones de irse hasta que la deuda con PDVSA esté saldada completamente. Además, afirman que cumplen con todo el régimen de sanciones impuestas por la administración estadounidense y la legislación vigente. Pese a ello, la petrolera española señala que ante un cambio en las políticas de EE.UU. con el país caribeño, «podrían verse afectadas nuestras actividades en Venezuela».
Recientemente, el gobierno de Joe Biden suavizó ciertas sanciones contra el régimen chavista, permitiendo a empresas no norteamericanas exportar gas licuado de petróleo a Venezuela sin recibir amonestaciones. Esta medida se anunció el 12 de julio de 2021 y tendrá validez durante un año.
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