Una comisión de parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) legítima de Venezuela denunció dos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, y adelantó que levantarán un informe que será presentado ante la Comisión Delegada del Parlamento e instancias internacionales de derechos humanos.
Los hechos ocurrieron en el municipio Morán, estado Lara (occidente), específicamente en el sector La Coqueta, luego que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron un supuesto operativo de allanamiento. Las FAES es un cuerpo de élite de la Policía Nacional Boliviariana (PNB), que ha sido denunciado por sus prácticas violatorias a los derechos humanos en reiteradas oportunidades. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha recomendado su disolución.
El Bloque Parlamentario de la Asamblea Nacional legítima, por el estado Lara, se trasladó hasta el lugar para constatar los hechos, donde estuvieron presentes los diputados Edgar Zambrano, Guillermo Palacios y Macario Gonzáles, en representación.
Las víctimas son Edwin Alexander Pérez Parra, de 24 años, quien fue asesinado el 8 de julio pasado; y Keimert José Flores Gutiérrez, también de 24 años, quien fue asesinado el 13 de julio. Los familiares indicaron que los funcionarios policiales realizaron los allanamientos sin orden judicial, bajo amenazas y «acabaron con la vida de los dos jóvenes».
“El jueves 8 de julio a eso de las cuatro de la mañana, llegó una comisión del FAES aproximadamente 40 funcionarios golpeando la puerta. Irrumpieron en mi casa, sector La Coqueta entre calles 10 y 9, nos sacan a mi esposa, nuera y nietos, nos llevan a la población de Palo Verde y nos dejan allá abandonados. Se queda dentro de la casa mi hijo Edwin y a las 6 de la mañana, cuando pudimos llegar de nuevo aquí ya habían asesinado a Edwin, lo matan a tiros en el patio de la casa”, relató Edgar Pérez, padre de Edwin Alexander.
El caso de Keimert Flores, responde básicamente al mismo patrón. Su esposa, Scarlin Castillo, indicó que una comisión del CICPC llegó a su casa “tumbando la puerta de una vez”.
“Ellos entran buscando a Keimert, cuando él escucha los gritos se logra esconder. Me encuentran en el cuarto con el bebé y mi cuñada de 13 años y empiezan a preguntarme que dónde estaba, yo les decía que él no está. Me insultaban, me daban en la cara, me agarraban, me golpeaban en la boca. Mientras nos tienen en el cuarto, entra el comisario y llama a tres funcionarios de los que andaban, da la orden que tumben todo y al levantar el mueble lo encuentran, empiezan a golpearlo con un bate de madera, le daban duro”.
«Lo mataron a batazos”
Scarlin aseguró que su esposo Keimert Flores, quien además cumplía funciones dentro del servicio militar venezolano, fue víctima de un brutal enseñamiento. “Lo golpeaban con un bate de madera en la cabeza, eran golpes y golpes”, contó. Agregó que cuando empezó a sangrar, hubo un momento donde no se movió más, no hablaba, mientras que a ella, los funcionarios la sacaron de la casa con su bebé y cuñada. “A él lo mataron a punta de batazos, le destrozaron la cabeza, porque nunca se oyó un disparo, fue horrible”, dijo.
Ambas familias coincidieron que el abuso y el atropello por parte de los organismos de seguridad no sólo quedó en evidencia con las ejecuciones extrajudiciales cometidas, sino también con el robo de sus enseres, comida, bombonas de gas, ropa, zapatos y otros artículos que se llevaron en el allanamiento dentro de sus hogares. “Se llevaron todo, comida, ropa, zapatos, herramientas”, denunciaron.
La denuncia fue recibida por la comisión de parlamentarios que acudieron al lugar para sustanciar los hechos y elevar el respectivo informe a la plenaria de la Comisión Delegada del Poder Legislativo, así como a instancias internacionales de DDHH.
“Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el municipio Morán de Lara, constituyen una violación flagrante de los DDHH, por ello haremos todas las actuaciones correspondientes a fin de que haya justicia en el país”, sustentó el Bloque larense.
Justicia y la posibilidad de que estos sucesos no queden impunes son las peticiones de los familiares de las víctimas ante la comisión del Parlamento Nacional, pues a su juicio los uniformados operan en estos caseríos de El Tocuyo, con total autodeterminación y beligerancia.
NotiVeraz