La Comisión para la Revolución del Sistema Judicial liberó a más de 500 peronas detenidas en comisarías de varios estados del país. La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), informó que gran parte de los liberados tiene medidas cautelares.
Se trata de liberaciones otorgadas en Guárico, Vargas, Caracas, Mérida y Portuguesa, entre otras entidades, desde el 11 de julio a la fecha.
En la región los Llanos la comisión otorgó al menos 300 libertades a privados de libertad de los centros de detención preventiva (CDP) de Poliguárico. A estas personas las atendieron en Valle de La Pascua y Calabozo.
Según un reporte de la ONG, la comisión atendió en Valle de la Pascua a privados de libertad de los municipios Infante, Zaraza, Ribas, Rondón (Las Mercedes del Llano), Chaguaramas, Santa María de Ipire y Guaribe. Otorgaron las libertades con medidas de arresto domiciliario y régimen de presentación periódica.
En el caso de Anzoátegui, la comisión trabajó por tres días consecutivos y revisó 515 expedientes de privados de libertad en los calabozos de Polianzoátegui.
Durante la jornada otorgaron 120 libertades a 108 hombres y 12 mujeres, todos procesados por hurto y robo.
En Guanare, estado Portuguesa, la ONG informó que los tribunales excarcelan a 150 presos. Estaban procesados por los delitos de robo y hurto.
Una situación parecido ocurrió en el estado Lara. En la comunidad penitenciaria Fénix, liberaron a unas 60 personas. La organización indicó que familiares de al menos, otros 50 presos esperan medidas similares.
En la comisaría de la PNB en En Valle, en Caracas, también liberaron a 18 personas. Tras dos días de trabajo otorgaron libertades a mujeres que estaban detenidas .
En Vargas, un total de 21 detenidos, 20 hombres y una mujer, están en libertad. La ON G indicó que la comisión revisó sus casos y tomó las medidas.
Fuentes cercanas a la comisión explicaron a UVL que la evaluación de las causas penales busca descongestionar los Centros de Detención Preventiva que presentan un estado de hacinamiento en los últimos años como consecuencia del retardo procesal.
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